El suministro del argumento intelectual para que surgieran las mal llamadas organizaciones pro-vida, estaba listo desde que el jefe religioso y político de la Iglesia católica (Ic, en adelante), Juan Pablo II, por no remontarme más atrás, definiera el derecho a nacer como el primer derecho del ser humano, asimilara el aborto con un crimen y lo comparara con el genocidio nazi y con la guerra nuclear.
A pesar de que en muchos ámbitos progresistas se les sigue llamando de esta guisa (incluso entre comillas), en realidad se trata de organizaciones pura y simplemente anti-derechos. Y así deberíamos denominarlas siempre. Si la vida humana fuera su principal preocupación promoverían gigantescas manifestaciones para denunciar los 35 millones de personas que mueren de hambre al año (ONU). O expresarían su “santa ira” públicamente ante los 2 millones de niños muertos en conflictos armados en los últimos 10 años. O sacarían a las masas católicas a la calle ente el hambre extrema que sufren diariamente 854 millones de personas. O presionarían a los gobiernos para detener la masacre de más de 150.000 muertos civiles en Irak, por la guerra. Eso sería razonable. Pero nada de esto han hecho, ni harán. Por eso carecen de credibilidad como defensores de la vida humana.
En realidad, la institución católica pervierte el lenguaje, no llamando a las cosas por su nombre: estas organizaciones niegan su autonomía y sus derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, al igual que se oponen al reconocimiento de derechos civiles a los homosexuales y lesbianas. Por supuesto, tampoco les mueven los derechos de miles de niños vejados y violentados por el clero católico en todo el mundo.
Es una inmoralidad, además de un sarcasmo, que una organización que no suscribe los Derechos Humanos, ni los respeta, ni los aplica en su seno, pretenda dar lecciones morales a los ciudadanos que creen en ellos, los aplican y los respetan cotidianamente. No merece ninguna credibilidad una institución que no reconoce en su seno la libertad de conciencia, de pensamiento, la igualdad efectiva hombre-mujer, o cuyos miembros carecen de cualquier garantía jurisdiccional. En todo ello son consecuentes, porque tampoco reconocen ninguno de estos derechos a la sociedad en que se insertan. En este sentido, la autoridad moral del laicismo es incontestable.
Esta negación de las libertades, (y derechos) unido al desprecio por la igualdad de todas las creencias y convicciones y, con ello al pluralismo ideológico presente en la sociedad, convierte a la jerarquía católica en un peligro para la convivencia pública, por su misma esencia anticonstitucional.
Una sociedad plural y democrática no es compatible con el estatuto privilegiado que se ha arrogado la Ic en el Estado y en la sociedad española, como tampoco con una doctrina que intenta imponerse, por cualquier medio, como verdad absoluta, con menoscabo de las creencias, religiosas o no, de los demás ciudadanos.
Los laicistas seguiremos trabajando por la ampliación de derechos y por su efectivo disfrute, mal que les pese a las organizaciones anti-derechos de cualquier signo. Nuestra libertad de conciencia depende de ello.
M. Enrique Ruiz del Rosal (Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid)
