Lo que queda del franquismo 42 años después: Catequistas en la escuela,…

El año que viene se cumplirán 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución. 40 años. Media vida humana, pero apenas la primera infancia de una democracia. España se incorporó tarde a la libertad, tras casi cuatro décadas de una dictadura fundada sobre la brutal interrupción de la experiencia republicana. Hoy es una democracia joven integrada en la Unión Europea, plenamente reconocida, cuyo funcionamiento se basa en un sistema equilibrado de poderes formalmente independientes sujetos a escrutinio público y crítica libre. Garantías, derechos, libertades, voto. Está todo. Las disfunciones del sistema son múltiples e inocultables: de la incapacidad constante para atender derechos recogidos en la Constitución –vivienda digna, trabajo– a la corrupción, pasando por las injerencias del poder político –y del económico– en el resto de poderes del Estado. Pero el propio sistema prevé los mecanismos para detectar y corregir estas averías. Una democracia.nf

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Con un punto de mala leche, Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social y Cultural, afirma que España «ha pasado del nacional-catolicismo al municipal-cofradierismo». Se refiere a la afición de cargos públicos de todo pelaje a situarse junto al palio, o bajo la cruz, o tras el obispo, en las más variopintas ceremonias religiosas. Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, está lejos de considerar anecdótica esa forma del poder civil de entreverarse con el religioso. Cuando un ministro jura un cargo sobre una biblia, cuando un concejal sale en procesión tras un cristo, cuando un alcalde le impone una medalla a una virgen, Gómez observa resabios franquistas. «Carmena, que había despertado expectativas en sectores progresistas, al final ha caído en lo mismo de siempre. O Kichi, en Cádiz», señala Gómez, que destaca como «excepción» la resistencia del alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, a las «presiones de todo tipo» para acudir a las ofrendas al apóstol. «No es fácil», valora Gómez. En el PP, Ciudadanos y buena parte del PSOE el tema ni siquiera genera dudas.

Al igual que, en la cuestión de la memoria histórica, la ley de amnistía sustenta la falta de reconocimiento de las víctimas, en el asunto religioso también hay textos legitimadores de las políticas que privilegian a la Iglesia. Está el artículo 16 de la Constitución, que nombra a la Iglesia católica. Pero la Constitución es lo contrario de un texto franquista; es el primer texto democrático. Sí es franquista el Concordato del Estado español con la Santa Sede de 1953, reformado en 1976 y 1979. «Uno de los restos más importantes del franquismo son los privilegios de la Iglesia católica. Que nadie haya querido denunciar el Concordato es todo un ejemplo. Que el Gobierno del PP propusiera en 2014 para eliminar puentes mantener festivo el día de la Inmaculada 8 de diciembre y convertir en laborable el día de la Constitución, 6 de diciembre, pone en evidencia las prioridades políticas del PP y hacia dónde se inclina el fiel de la balanza», señala el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida.

Antonio Gómez, de Europa Laica, insiste en el carácter predemocrático del estatus de la Iglesia católica en España. Y lo explica mirando hacia el pasado. «El Vaticano fue el primer Estado que reconoció al franquismo. La Iglesia católica no sólo apoyó al franquismo. Fue una fuerza beligerante decisiva para su victoria. Esto que no se olvide. Y hoy día tenemos una estructura de relaciones Iglesia-Estado que es una prolongación de la franquista», expone Gómez. Las masivas inmatriculaciones de bienes de la Iglesia se realizaron al amparo de una legislación franquista que fue bendecida por la democracia. Tanto el Congreso como los tribunales han mantenido unos privilegios fiscales de las instituciones eclesiásticas fundados en la época dictatorial.

A juicio de Gómez, el área en la que más claramente se manifiesta la continuidad franquista de las relaciones Iglesia-Estado es la educación. «Hay 18.000 catequistas católicos en las escuelas españolas, que algunos llaman profesores de religión. Esta escuela concertada religiosa, esta red educativa financiada con fondos públicos pero al margen de la red pública, constituye hoy el principal factor de segregación social en España», denuncia Gómez.

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