Libertad de creencias y de culto

La promulgación de la Constitución de 1857 ocasionó la inconformidad y ojeriza del clero católico y de los miembros del partido conservador, llevando al país a la Guerra de Reforma, conocida también como la Guerra de los Tres Años. Este conflicto llevó a los mexicanos al choque sangriento y ocasionó serios problemas a la economía y desarrollo de México, así como un sinnúmero de pérdidas humanas en ambos bandos: el  liberal y el conservador.
Esta Constitución se juró el 5 de febrero de 1857 y fue promulgada el 11 de marzo de ese año. A diferencia de las anteriores constituciones, no declaraba a la religión católica como única en México, ni prohibía el establecimiento de las demás. Consagraba, eso sí, “las libertades de enseñanza, trabajo, pensamiento, petición, asociación, comercio e imprenta”.
Para José Ortiz Monasterio, autor de “Patria, tu voz ronca me repetía”, dicho ordenamiento jurídico “fue realmente una ley fundamental moderada, a tal punto que ni siquiera halló cabida en ella la libertad de cultos. El asunto fue debatido pero, en la votación, 65 diputados se declararon en contra y sólo 44 a favor”. A pesar de ello, a la hora de ser jurada, muchos se resistieron, “amedrentados seguramente por los anatemas y los
castigos temporales y eternos que los obispos prometían a quienes hicieran el juramento”.
Hubo diversas reacciones, entre ellas la de Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, quien protestó ante el Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública por la tolerancia religiosa que, según sus palabras, “reposa tranquila […] en esta nueva carta constitutiva”.
El prelado michoacano acusaba al gobierno de haber legitimado la herejía “en los artículos 3, 6 y 7 para difundir sus errores y combatir sin trabas la verdad católica”. Las protestas de los conservadores eran en el mismo sentido.
Luego de unos meses de estar en vigencia, el general conservador, Félix María Zuloaga, junto con Manuel Silíceo, José María Revilla, Mariano Navarro y Juan José Báez, a la sazón gobernador del Distrito Federal, promulgaron el Plan de Tacubaya, cuyo artículo primero sentenciaba: “Desde esta fecha cesará de regir en la República la Constitución de 1857”.
Este pronunciamiento político fue redactado el 17 de diciembre de 1857, en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, edificio construido por mandato del arzobispo y virrey Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, entre 1734 y 1738.
La Iglesia católica amenazó con la excomunión a quienes se mantuvieran fieles a la Constitución de 1857, pero aquéllos que en el pasado lo hubieran hecho, y ahora apoyaran el Plan de Tacubaya, serían perdonados.
El 11 de enero de 1858, Félix María Zuloaga se pronunció contra el presidente Ignacio Comonfort, y, con el apoyo del partido conservador, tomó posesión como presidente de la Nación. De esta manera, afirma Gloria M. Delgado de Cantú, “la República tenía dos gobiernos: Uno conservador en la capital, con Zuloaga como presidente, y el otro liberal en provincia, con Juárez al frente del ejecutivo. La guerra civil era inevitable para decidir cuál de los dos gobiernos habría de regir a la nación”.
En el libro “Historia de México: el proceso de gestación de un pueblo”, la historiadora antes citada nos dice: “Para costear los gastos de la guerra, el clero puso a disposición del Ejército parte de su riqueza y amenazó con excomulgar a quienes siguieran a los liberales, amenaza que para un pueblo católico como el mexicano constituía una fuerte presión en contra del liberalismo”.
En el marco de esa guerra sangrienta, que asoló al país y agotó sus recursos: agricultura, minería, industria y comercio, se promulgan las Leyes de Reforma, entre las que sobresale la Ley de Libertad de Cultos, que permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto de su preferencia. Gracias a los esfuerzos de Benito Juárez y de todos los próceres liberales del siglo XIX, los mexicanos tenemos hoy por hoy leyes
que nos garantizan, entre otras muchas libertades, la libertad de creencias y de culto a todos los mexicanos