Este martes se inició en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento en plenario de comisiones del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado al Congreso nacional por el presidente Alberto Fernández. La jornada comenzará con presentaciones de funcionarios del Ejecutivo y luego será el turno de 50 expositores –25 a favor y 25 en contra– que tendrán la oportunidad de sentar su posición sobre el proyecto hasta la jornada del miércoles. Entre el jueves y el viernes será el turno de los diputados y diputadas de la Nación, quienes debatirán para buscar dar dictamen de cara al tratamiento en el recinto.
Las 10 de la mañana de este martes dio inicio a la primera jornada de debate en comisiones de la «Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención post-aborto». Al igual que lo sucedido este lunes con el proyecto de los 1.000 días, presentado en plenario de comisiones por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el inicio de las exposiciones estará a cargo de funcionarios del Ejecutivo: además de Gómez Alcorta, estarán presentes el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien coordinó la redacción del proyecto.
Las comisiones a cargo del debate en «Reunión conjunta informativa» son las de Legislación General –comisión cabecera–, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, presididas respectivamente por Cecilia Moreau, Ana Carolina Gaillard, Mónica Macha y Pablo Yedlin, diputados y diputadas que se han expresado a favor de la legalización del aborto.
Está previsto que las presentaciones de los funcionarios del Ejecutivo finalicen a las 13 horas, y que a partir de las 14 comience el debate propiamente dicho que se extenderá hasta las 19. Durante la tarde del martes y toda la jornada del miércoles, expondrán de manera virtual «especialistas en la temática o representantes de organizaciones interesadas en expresar su opinión«, según se lee en el acta del plenario.
A diferencia del debate del año 2018, cuando por comisiones pasaron un total de 724 expositores, este año las presentaciones serán 50, con la posibilidad de que se añadan 10 más, «en tanto ello no implique una dilación en el tratamiento del proyecto». Mitad a favor, mitad en contra, los expositores tendrán siete minutos como máximo para argumentar sus posiciones y podrán utilizar cualquier tipo de medio audiovisual para acompañar la presentación. Los diputados y diputadas que presencien el debate podrán hacer llegar preguntas a los expositores, que tendrán otros cinco minutos para responderlas.
Una vez finalizadas las exposiciones, a partir del jueves llegará el turno de que los diputados y diputadas debatan el proyecto para darle despacho. La intención del oficialismo es poder emitir dictamen con el articulado definitivo en la reunión del viernes, con el objetivo de que la ley sea tratada en el recinto durante la segunda semana de diciembre. Así, la proyección ideal es que, de aprobarse en Cámara Baja, el proyecto pueda llegar a debatirse en el Senado en sesiones extraordinarias antes de que finalice 2020.
Además del enviado al Congreso por el presidente el pasado 17 de noviembre, en plenario de comisiones también estará sobre la mesa el proyecto que en mayo de 2019 presentó por octava vez la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En un comunicado, la Campaña ya destacó el texto del Ejecutivo por sus «coincidencias significativas« en los «objetivos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito«, pero también marcó algunas discrepancias que estarán presentes en el debate.
Los principales ejes que diferencian a los proyectos son tres. Mientras que el articulado de la Campaña no prevé ningún tipo de objeción de conciencia, el del Ejecutivo lo hace a nivel individual, aunque estipula que el profesional que haga uso de esta objeción deberá encargarse de derivar a la persona que requiere el aborto adoptando «todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica«.
En segundo lugar, el proyecto del Ejecutivo establece diez días de plazo para garantizar el acceso a la IVE y el de la Campaña prevé cinco. Este último proyecto tampoco estipula penas para «quien causare el propio aborto» o consintiera «que otro se lo cause» luego de las 14 semanas de gestación y por fuera de las causales de no punibilidad previstas luego de ese período: abuso sexual o riesgo para la vida o salud integral. El del Ejecutivo sí lo hace, aunque reduce la pena actualmente establecida en el Código Penal: de uno a cuatro años de prisión, la pena baja a tres meses a un año.
Este lunes, la Campaña emitió un comunicado en el que sostuvo que «el mundo nos está mirando, serán días decisivos para demostrar que la fuerza organizada nos hace avanzar en derechos y profundiza la democracia». Para la organización la jornada del martes «será un día de lucha, con la alegría de saber que estamos logrando una Ley que es una deuda de la democracia, que no podemos esperar más».
Para el inicio del tratamiento en comisiones, la Campaña realizará acciones este martes a las puertas del Congreso, con distanciamiento social y medidas sanitarias. El viernes, fecha de dictamen, también concentrarán en el Congreso y para la fecha de votación preparan a nivel nacional «plazas verdes» en todas las provincias del país con pantallas gigantes ubicadas para seguir el tratamiento en el Congreso. En redes sociales, la Campaña llamó a acompañar el debate con el hashtag #AbortoLegalEsVida.
El inicio de las exposiciones está a cargo de funcionarios del Ejecutivo: exponen la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien coordinó la redacción del proyecto.
Tras la presentación de Ibarra, fuentes de su secretaria adelantaron que se corregirá por decreto la fecha de finalización de las sesiones ordinarias -pautadas ayer hasta el 11 de diciembre- para que al cierre del debate en comisiones se cumpla con los plazos legales del reglamento de la Cámara baja, que permite dar dictamen hasta 10 días antes de la finalización de sesiones.
Vilma Ibarra: «Nadie quiere promover el aborto, sino disminuirlos»
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia destacó que «nadie quiere promover el aborto, sino disminuirlos» y subrayó que «ha fracasado la política de penalización del aborto».
«En los países donde se ha legalizado, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos», explicó, y brindó como ejemplo los casos de Alemania, España, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.
«Hemos tomado la decisión de hacernos cargo de un problema invisibilizado. Si se aprueba este proyecto cada persona podrá seguir pensando y decidiendo según sus convicciones, a nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones», resaltó.
Por otro lado, la funcionaria se refirió al proyecto y destacó que se realizó sobre «consensos históricos» y que además «cumple con los deberes de los tratados internacionales firmados».
«Este proyecto se enmarca dentro del bloque constitucional que rige nuestro país, ese bloque convencional constitucional que nos obliga a atender la salud y la vida de las mujeres que se ve afectada por verse obligadas a concurrir a abortos clandestinos».
Asimismo, se refirió a la objeción de conciencia individual: «Sé que algunos sectores la han cuestionado. Nosotros creemos que hay que respetar el derecho. No hay que forzar a alguien que siente vulneradas sus creencias íntimas, religiosas y que tiene el derecho a tenerlas. El fallo FAL del año 2012 así lo ha recogido».
Sobre este punto, indicó que «si corre riesgo la vida o la salud de la mujer se debe atender» y que «si uno es objetor en el ámbito público debe serlo también en el ámbito privado» y en tal caso se deberá «derivar a la paciente en plazo oportuno y sin dilaciones para que la práctica se realice en diez días».
Ginés González García: «Es un proyecto que genera justicia social»
Por su parte, el ministro de Salud hizo hincapié en que se trata de «un tema que tiene solución» y de «un problema serio», al destacar que con la legalización del aborto «eliminamos una causa de muerte».
«El aborto como materia de salud pública es un problema serio. Hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver», señaló. Y consideró que «si esto fuera masculino, estaría resuelto hace mucho tiempo».
En otro tramo de su discurso, planteó que la interrupción voluntaria del embarazo «no es un problema igual para todas las argentinas» y describió que «la injusticia se ve claramente. Quiénes enfrentan más barreras son las que viven en condicinones de más vulnerabilidad. Es un proyecto que genera justicia social».
En su exposición, el líder de la cartera sanitaria aportó distintos gráficos con información actualizada sobre el aborto, donde se observa que en 2017 se registraron 38.599 egresos hospitalarios por aborto, siendo la provincia de Buenos Aires (15.198) la que registra el número más alto, seguida por Salta (3.172), Mendoza (2.475) y Tucumán (2.426).
Sobre el mito en torno a los costos, afirmó que «cuesta diez veces más el costo hospitalario de la post instalación que el costo previo de utilizar tecnología moderna».
El funcionario también habló de la importancia de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y la Educación Sexual Integral (ESI) como prevención, y denunció que «el misoprostol hoy cuesta 6400 pesos en una farmacia», lo que describió como «una barrera para todas las argentinas».
Por último, dejó un mensajes hacia las y los legisladores: «Hay demasiada evidencia de que esto tiene solución. Nadie quiere los aprietes, no tiene que haber violencia. Piensen cuando tengan que decidir lo que sufren estas mujeres. Es un tema histórico, que tiene muchos años y que tenemos la posibilidad de resolverlo bien».
Elizabeth Gómez Alcorta: «Tenemos que estar a la altura para que nunca más muera una mujer a causa de un aborto clandestino»
Para la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, «el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública y no podemos seguir mirando para otro lado».
En ese sentido, remarcó que «sabemos que la legalización del aborto disminuye la mortalidad materna y salva vidas de mujeres todos los días» y además «elimina riesgos para la salud de las mujeres que puede traer consecuencias en la capacidad reproductiva».
«La legalización no estresa el sistema de salud, no implica más gastos. Implica un ahorro para el Estado», aclaró.
En cuanto a la parte jurídica, detalló que el texto «incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas», referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.
Hacia el final, pidió un debate respetuoso, tanto dentro del Congreso como en las calles, y concluyó: «Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que nunca más muera una mujer a causa de un aborto clandestino».
Neli Minyersky: «Invito a todos a despojarnos de nuestras subjetividades y pensar que estamos legislando para millones»
La abogada e histórica militante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebró recuperar el debate por la legalización del aborto y dijo hablar en nombre de «las decenas de miles de compañeras que lucharon, durante décadas, por todos los derechos que hemos ido conquistando».
Minyersky recordó «la épica» del debate por la interrupción voluntaria del embarazo que se dio en 2018 y volvió a decirle a les diputades que están frente a «la posibilidad de ingresar en la historia». «Lo que estamos haciendo es una ampliación de derechos. No obligamos a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida ni que nos cersenen derechos y libertades», agregó.
La histórica militante feminista valoró el proceso ocurrido en 2018 al considerar que «no se perdió, se despertó a la juventud» y resaltó que avanzar en el derecho a la interrupción voluntaria significa «autonomía, libertad e igualdad» e insistió: «Todo ello sin creernos con derecho a cambiar la vida de otras personas que piensen diferente».
En ese tono, Minyersky indicó que el debate legislativo y la ampliación de derechos se hace «construyendo derechos y ciencia médica» por lo que invitó «a todos a despojarse de nuestras subjetividades y pensar que estamos legislando para millones». Como abogada, la histórica militante recordó que «no hay ningún tratado de derecho internacional que hable de embrión y el feto. Cuando se habla de personas se refiere a los seres humanos, una vez que han nacido».
Mabel Bianco: «Lo que mata y enferma es la clandestinidad»
La titular de la Fundación para la Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) destacó que las que se están abordando en el Congreso, tanto la legalización del aborto como el proyecto de los «1000 días», «son leyes fundamentales porque afectan a la salud y la vida de las mujeres, pero no se limitan a ellas, es para toda la sociedad. Un problema vinculado a la salud de una mujer afectada a toda la familia y a la sociedad en sí».
La especialista insistió en que mantener la norma actual significa «violentar a las mujeres y niñas que necesitan interrumpir el embarazo, porque, por omisión de la ley, están obligadas a cumplir con algo que no desean». Además, Bianco pidió terminar con la «hipocresía» de negar los cientos de abortos que se practican en el país. «El aborto ocurrió, ocurre y va a seguir ocurriendo porque las mujeres, cuando lo deciden, lo van a realizar».
En ese sentido, la titular de FEIM remarcó que «la discusión no es aborto sí o aborto no, estamos discutiendo clandestinidad sí o aborto seguro. Lo que mata y enferma es la clandestinidad y estamos obligando a las mujeres por no garantizarle un derecho».
