Lo que está ocurriendo en Madrid de cara al desarrollo y puesta en marcha de la ley de eutanasia es extremadamente grave.
El pasado 24 de marzo el B.O.E. publicaba la ley orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia y establecía su entrada en vigor tres meses después (25 junio) a excepción del artículo 17 que regula la composición y funciones de las Comisiones de Garantía y Evaluación (1 por Comunidad Autónoma) que entraba en vigor al día siguiente de su publicación.
La puesta en funcionamiento de estas comisiones es imprescindible para continuar el proceso de evaluación, una vez que el médico responsable informa favorablemente la petición hecha por un paciente. Dos miembros de la Comisión (1 médico y 1 jurista) examinan el caso y si entienden que se encuentra en el marco de lo dispuesto por la ley, autorizan la realización de la prestación de la ayuda para morir.
Es por esa razón por lo que el legislador estableció que el desarrollo del artículo 17 y en consecuencia el proceso de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en cada Comunidad Autónoma se pudiese abordar al día siguiente de la promulgación de la ley en el B.O.E, debiendo estar constituida y nombrados sus miembros a la entrada en vigor del conjunto de la ley tres meses después.
La ley de eutanasia ha sufrido ataques brutales desde la presentación como proposición de ley por parte del grupo socialista y se han seguido produciendo hasta la actualidad con gran virulencia y escasos argumentos por diversas instituciones y grupos.
Han sido muy llamativos y brutales los ataques realizados por la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que en una nota emitida en diciembre del año pasado afirmaba que al aprobarse la ley se produciría un cambio en los fines del Estado: de defender la vida a ser responsable de la muerte infligida. Una auténtica perla que por su brutalidad y falsedad no tiene desperdicio. Sería bueno que la Conferencia Episcopal hiciese una necesaria autocrítica sobre su papel en defensa de los derechos humanos en diferentes fases de nuestra historia.
También el partido conservador que durante años representó al conjunto de la derecha española, el Partido Popular, no escatimó descalificaciones, y burdas falsedades sobre lo que la ley aprobada significaba. La presentación en el Pleno del Congreso de su enmienda a la totalidad del texto de la entonces proposición de ley, causó bochorno e indignación en el resto de grupos parlamentarios (salvo la ultraderecha) por la escasísima calidad argumental de la enmienda al margen de las afirmaciones alejadas de la verdad que contenía.
La presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley vuelve a situar al PP en el lugar donde siempre ha estado cuando la sociedad ha avanzado en derechos y libertades
La presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley de eutanasia vuelve a situar al Partido Popular en el lugar donde siempre ha estado cuando la sociedad española ha avanzado en derechos y libertades, es decir, en contra de esos avances. Su posición inmovilista y reaccionaria está en su ADN.
Es entendible en democracia que quienes se muestran contrarios a una norma puedan manifestar libremente su posición contraria a la misma, pero al unísono parece razonable exigir que la discrepancia se asiente en argumentos veraces y no en falacias y mentiras que tratan de ocultar el verdadero fondo de su posición.
Desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 25 de junio hemos conocido que se han realizado en nuestro país tres eutanasias: en País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana, en el contexto de lo establecido en la ley, con normalidad y respetando la intimidad de todos los implicados.
Esa buena noticia no permite ocultar otras que hemos conocido recientemente, que en mi opinión son extremadamente graves y que se han producido en el territorio de la Comunidad de Madrid.
El pasado 23 de septiembre el diario El País publicaba la noticia del suicidio de una mujer que habiendo solicitado la prestación de ayuda para morir a su doctora, ésta en un principio le dijo que sí y dos días después le comunicó que se había declarado objetora sin que se le indicase otro facultativo al que acudir para comenzar el proceso que la ley establece. La paciente que padecía un proceso que le producía dolores insoportables acabó yéndose a un hotel a suicidarse mediante la ingestión de una sustancia. Suicidio en soledad perfectamente evitable estando en vigor la ley de eutanasia.
Ayer mismo, la cadena SER informaba del caso de una persona, Javier, diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que ha presentado las solicitudes para recibir la ayuda para morir, tiene equipo asignado para ello y no puede recibirla porque la Comunidad de Madrid no ha promulgado aún la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación.
Esta situación supone un claro incumplimiento de lo marcado en la ley por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, impidiendo el ejercicio de un derecho a un ciudadano que lo tiene reconocido en una ley orgánica.
Llueve sobre mojado respecto al comportamiento de los gobiernos del PP en Madrid en relación al cumplimiento y desarrollo de leyes de ámbito estatal
Si ya es grave que un servidor público no facilite el ejercicio de un derecho, lo es mucho más que sea una Administración pública quien lo haga. Llueve sobre mojado respecto a determinados comportamientos de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en relación al cumplimiento y desarrollo de leyes de ámbito estatal, cuando éstas no se adaptan a su ideario.
Conviene recordar el enorme retraso y escaso desarrollo que en su momento tuvo en la Comunidad de Madrid la ley de dependencia, así como declaraciones reiteradas desde responsables muy cualificados del gobierno regional lanzando larvadas amenazas a no cumplir normas dictadas por el gobierno central en el ámbito de la pandemia.
Sería bueno para todos los ciudadanos, y más aún para quienes ostentan cargos públicos recordar que el Preámbulo de la Constitución Española establece en uno de sus párrafos que España proclama su voluntad de garantizar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Lo que está ocurriendo en Madrid de cara al desarrollo y puesta en marcha de la ley de eutanasia es extremadamente grave. Siendo muy benevolente podría pensarse que esa anómala y grave situación se debe a la ya conocida caótica gestión de la Consejería de Sanidad, responsable en gran medida de la puesta en marcha de lo dispuesto en la ley. Ello ya exigiría asunción de responsabilidades.
En mi opinión junto a esa razón pienso existen otras más relevantes; el gobierno autonómico sabía perfectamente que a partir del 25 de junio podían registrarse solicitudes de prestación de ayuda para morir y por tanto, tal y como la ley contempla, la Comisión debería estar formada y presta a realizar sus funciones. No haberlo hecho supone sin ninguna duda una ralentización en mi opinión intencionada en la facilitación del desarrollo de una ley contraria a su ideario político, esa ralentización provoca una obstrucción al ejercicio de un derecho reconocido por ley a los ciudadanos que deseen hacerlo.
Me gustaría pensar que el gobierno regional no escucha los cantos de sirena de grupos y elementos afines a su política que desearían que la obstrucción a la aplicación de la ley de eutanasia fuese máxima llegando a convertirse en un claro boicot a la misma. Recordar aquí que el Presidente del Colegio de Médicos de Madrid llegó a pedir al gobierno regional que cuando la ley se aprobara no se aplicase en el territorio de la Comunidad madrileña.
Para concluir, España cuenta hoy con una ley de regulación de la eutanasia y las Administraciones Públicas tienen la obligación de hacerla cumplir en todos sus términos. Lo ocurrido en la Comunidad de Madrid debe subsanarse de inmediato.
Carlos Barra Galán | Médico Especialista jubilado | Socio de DMD