Pagan el mantenimiento pese a que los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no obligan a las autoridades educativas a ofrecer, y menos pagar, estos lugares de culto
La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, es juzgada este juevespor la protesta en el oratorio de la Complutense, que el rector trasladó a un local más pequeño
El Estado también se hace cargo de financiar y mantener las capillas y capellanes en el Ejército, que tiene arzobispo castrense con rango de general de división
Este jueves, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, va a juicio acusada de participar en la protesta de la capilla católica de la Universidad Complutense del campus de Somosaguas en 2011, cuando un grupo de estudiantes irrumpió en la sede. Ahora la van a juzgar por un delito de odio religioso, por lo que el fiscal pide un año de prisión e inhabilitación para presentarse a unas elecciones (sufragio pasivo).
Más allá del acto en así –la propia Maestre, como adelantó eldiario.es, pidió disculpas al arzobispo de Madrid en un reciente encuentro privado–, el caso pone de manifiesto la inusual presencia de la Iglesia católica en el ámbito público y, especialmente, la existencia de capellanías –sufragadas con el dinero público de las instituciones educativas, no por la Iglesia– en la universidad. Así que con el presupuesto universitario se sufraga luz, agua, mantenimiento, limpieza, además de la cesión del local. Del capellán, en los campus que tienen, se encarga la Iglesia.
En España existen al menos 33 capillas católicas en centros universitarios públicos. La gran mayoría, una veintena, se encuentra en Madrid. Ocho en la Complutense y la Politécnica, cuatro en la Autónoma y otra en la Rey Juan Carlos. Pero también hay tres en Sevilla y al menos una en Barcelona. La Laguna, Zaragoza, Alcalá, Alicante, Córdoba, Salamanca, Santiago, Oviedo, Huelva o Pamplona completan la lista.
En este caso, y a diferencia de lo que sucede en hospitales, las cárceles o el ejército, los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 no obligan a las autoridades educativas a ofrecer, y menos sufragar, estos lugares de culto. El concordato en materia de enseñanza únicamente establece que la presencia católica en las universidades «se hará de mutuo acuerdo con las diócesis», y recomienda a obispos y rectores llegar a acuerdos sobre la presencia de la religión en la Universidad.
Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera después del polémico «asalto» el anterior rector, José Carrillo, se atrevió a acabar con la capilla de Somosaguas, limitándose a ofrecer otra aula en lugar del local anterior (mucho más grande), aduciendo «necesidades educativas».
Salas multiconfesionales
En los últimos tiempos, como también sucede en los hospitales, las universidades públicas están comenzando a habilitar «salas multiconfesionales». La pionera fue la que se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, mientras que la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá cuentan con espacios «diáfanos y sin simbología religiosa» para que cualquier alumno, sea cual sea su confesión, pueda encontrar un lugar en el que rezar.
En cuanto a los hospitales, la práctica totalidad de los centros públicos cuenta con capillas católicas aunque algunos, especialmente los nuevos, están creando «salas de culto» que pertenecen a la institución hospitalaria y no a un credo determinado. Ejemplo de ello son el Hospital de San Sebastián de los Reyes y el Universitario de Fuenlabrada, que cuentan con espacios diáfanos, suelos y paredes despejadas, sin muebles ni ornamentos, que pueden ser utilizados indistintamente por cualquier confesión para funerales u oraciones colectivas, previa petición. Los espacios son muy similares al que se encuentra en la Terminal 2 del Aeropuerto de Madrid Barajas desde finales de los noventa.
La presencia de lugares de culto también es una constante en tanatorios, centros penitenciarios y, por supuesto, en el ejército, donde existe una capellanía cuyo máximo responsable, el arzobispo castrense, tiene rango de general de división.
Los servicios religiosos en el ejército los sufragan los presupuestos generales del Estado. En las cárceles y los hospitales, depende del acuerdo entre la diócesis y la administración autonómica, aunque la práctica habitual es que si el sacerdote trabaja como tal en alguna parroquia, reciba un complemento por su trabajo. Si no está adscrito a ninguna otra función, el sueldo forma parte del presupuesto de la prisión o el centro hospitalario correspondiente.
Según datos de 2014, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, en España existían 415 capellanes dedicados a tiempo parcial o completo en hospitales. En los centros penitenciarios trabajaban un total de 146 capellanes (la mayoría católicos, aunque también existen evangélicos, judíos y musulmanes). Su coste superaba los 300.000 euros para el Estado. En cuanto al ejército, la información aportada por el gobierno hablaba de 74 capellanes castrenses, 2 vicarios episcopales y un arzobispo castrense. El coste de este servicio fue el año pasado de más de 470.000 euros.