La primera ponencia, dedicada al “Poder y separación de poderes en la Iglesia; Participación común y reparto de la misión”, está lista para la asamblea de octubre.
La situación de la pandemia ha trastocado muchos planes, en el caso de la Iglesia Católica de Alemania ya afectó significativamente a la asamblea de otoño del Camino Sinodal y al comienzo de este febrero se han retomado los trabajos asamblearios. Cuando se han superado algunos escollos de procedimiento y de disputas con el Vaticano, ahora el coronavirus ha hecho que no se hayan podido completar los trabajos al no alcanzarse el quorum previsto en los estatutos de este gran proceso asambleario de dos años que han impulsado tanto la Conferencia Episcopal como el Comité Central de Laicos.
Mientras algunos borradores ya están muy avanzados, a la espera de ser discutidos en otoño. La primera ponencia, dedicada al “Poder y separación de poderes en la Iglesia; Participación común y reparto de la misión”, ha trascendido más allá de los límites de la asamblea. El texto se ha completado el 22 de enero y al frente están el obispo castrense Franz-Josef Overbeck y la laica Claudia Luecking-Michel. Un documento de más de 30 páginas en las que se planta cara al clericalismo –y abuso de poder– en todas sus formas.
Tras una parte teórica en la que se presenta que “tradición y reforma se abren y desafían mutuamente”, la segunda parte establece unas propuestas “con el fin de crear la claridad necesaria para permitir un debate abierto y una toma de decisiones intencionada de la asamblea sinodal en un ambiente espiritual” en sintonía con el camino que la Iglesia ha hecho tras el Vaticano II.
Un poder delegado
Entre los “pasos necesarios en el camino para reformar las estructuras de poder de la Iglesia” están cambios personales, estructurales, organizativos, litúrgicos… comenzando con el establecimiento de “términos claros y distinciones precisas” respecto al poder en la Iglesia. “El ordenamiento jurídico eclesiástico está abierto a la reforma estructural, pero también debe estar abierto al debate estructural”, se afirma a la vez que se marcan algunas tareas de revisión canónica y organizativa. “Es necesario reforzar, también a través del derecho particular, los derechos de todos los fieles no sólo a experimentar una buena atención pastoral, sino también a ser activos en ella para contribuir a la edificación y misión de la Iglesia”, proponen.
Con el trasfondo de los abusos, en el documento se recuerda que “la tarea de nuestro tiempo es desarrollar estructuras para el ejercicio del poder en la Iglesia que impidan los abusos sexuales y espirituales, así como las decisiones erróneas de ministros sobrecargados, que permitan decisiones transparentes en la responsabilidad compartida de los fieles y que, en definitiva, promuevan el servicio del Evangelio”.
La sinodalidad como principio
Otra de las apuestas es la definición, juntos, de “las normas y criterios”, apostando por una “inculturación en la democracia” ya que “la democracia no es sólo una forma de gobierno del Estado, sino también un modo de vida: las personas se reúnen como libres e iguales, aprenden unas de otras, escuchan las experiencias y los argumentos de los demás y luchan juntas para encontrar buenas soluciones”. “Nos comprometemos a garantizar que las decisiones en la Iglesia estén vinculadas al sentido de la fe del pueblo de Dios, en procedimientos innovadores que promuevan el diálogo entre quienes ejercen funciones de liderazgo y los demás miembros de la Iglesia”, señalan apuntando directamente a “reformar el Derecho Canónico para que los principios generalmente aplicables de equidad, transparencia y control” sean la máxima.
“Es indiscutiblemente posible y necesario que los creyentes cualificados y llamados asuman tareas de dirección en la Iglesia, que habitualmente, pero no necesariamente, son asumidas por los clérigos”, destacan. Algo que es “especialmente importante el establecimiento de la plena igualdad y participación de las mujeres”.
Además, piden un referéndum en Alemania, dirigido al Vaticano sobre la cuestión del celibato y los denominados ‘viri probati’. También proponen que se “emita un voto razonado sobre la cuestión de la admisión de las mujeres a la ordenación, que incluya una invitación a la Iglesia universal y a la Sede Apostólica para estudiar de nuevo las cuestiones planteadas y encontrar soluciones”.
Tarea compartida
El documento también hace propuestas de control en los diferentes niveles, desde el parroquial al nacional, las finanzas, el acompañamiento del personal, la toma de decisiones, el proceso de selección de obispos… “Abogamos por que, mediante cambios organizativos y estructurales basados en el derecho canónico vigente, se refuercen las oportunidades de participación y los derechos de todos los bautizados y confirmados en la liturgia, en el anuncio de la fe y en la diaconía”, señalan.
“Nos comprometemos a garantizar que los criterios de participación y formalidad jurídica, transparencia y control, profesionalidad y protección de la confianza se apliquen en todos los ámbitos de la actividad de la Iglesia, desde la normativa financiera hasta el desarrollo del personal y los procesos de planificación”, concluyen.
