Las sentencias favorables a los profesores de Religión costarán al Estado más de 300 millones

La Administración, que ya ha pagado 110 millones desde 1998, tiene a su cargo 3.100 docentes de la red pública

   El Estado tendrá que pagar unos 306 millones de euros en ejecución de sentencias favorables a los profesores de Religión católica por su situación de indefinición jurídica y económica, según datos de un informe del Ministerio de Educación y Ciencia. En concreto, el documento del departamento que dirige María Jesús San Segundo revela que por resoluciones judiciales relacionadas con este colectivo que condenan a la Administración ya se han pagado más de 110 millones desde 1998, cifra que se triplicará en breve.

   A estos más de 110 millones de euros, el Estado tendrá que añadir otros 51 en concepto de pago por sentencias firmes y 144 por resoluciones judiciales pendientes de valoración definitiva o en fase de recurso relativas a la no renovación de contratos por parte de la Conferencia Episcopal al entender que el comportamiento personal de algunos docentes no es acorde con los principios católicos.

   Ante las peculiaridades jurídicas de este colectivo que dan lugar a recursos y reclamaciones, el informe del ministerio propone una revisión del régimen económico y laboral de los docentes de Religión, no sólo católica, sino también islámica y evangélica.

   Los costes por sentencias se suman a los 63,1 millones de euros de retribuciones para el profesorado de la asignatura confesional gestionados por el Gobierno, según explica el Gabinete en una respuesta al diputado socialista Gerardo Torres.

   Durante el pasado curso, el Ministerio de Educación tuvo a su cargo un total de 3.168 maestros de todas las religiones, que se distribuyen por centros públicos de Andalucía (2.005 docentes), Canarias (546), Aragón (254), País Vasco (189), Cantabria (100), Ceuta (30), Melilla (29), en el exterior (13) y a distancia (2).

   La plantilla de estos profesores en las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia y, por tanto, abonan sus salarios, asciende a 7.774 profesionales, lo que eleva a 10.942 el número de enseñantes de esta materia en todo el país, según detalla la respuesta parlamentaria.

   Valencia encabeza la lista de profesores de Religión pagados por los gobiernos autonómicos en centros públicos, con un total de 1.303, seguida por Madrid (1.244); Galicia (986); Cataluña (887); Castilla La Mancha (804); Castilla y León (775); Murcia (534); Extremadura (502); Asturias (289); Navarra (194); Baleares (183) y La Rioja (73).

   Principalmente se trata de docentes de confesión católica, con un total de 10.847 en todo el país. De ellos, 7.737 son gestionados por las Administraciones regionales (5.332 en Primaria y 2.405 en Secundaria) y 3.110 por el Gobierno central (3.081 en Primaria y 29 en Secundaria). Andalucía es la autonomía con más profesores de Religión católica (1.975).

«Mínima incidencia»

   En cuanto a la confesión evangélica, España cuenta con 75 enseñantes (37 gestionados por las comunidades y 38 por el Ejecutivo), siendo de nuevo Andalucía la autonomía con más enseñantes de esta confesión (30). La enseñanza del Islam la imparten un total de veinte docentes, que se dividen entre Ceuta y Melilla, con diez cada una.

   El pasado mes de junio, al término de la primera reunión de la comisión mixta Iglesia-Estado sobre asuntos educativos, María Jesús San Segundo adelantó a los obispos que tiene intención de que el régimen jurídico de los profesores de la asignatura de moralidad católica se adapte a la legislación vigente y a los principios constitucionales.

   La ministra se mostró partidaria de introducir «mejoras» en este campo para reducir los conflictos judiciales «a la mínima incidencia». Y es que la situación laboral de los docentes de Religión, pagados y contratados por el Estado, pero elegidos por el Episcopado, está generando muchos pleitos.

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