Nadie con un dedo de frente pondrá en tela duda que la calidad de vida de los individuos y de los pueblos, se manifiesta en relación directa a la calidad de educación que los individuos y los pueblos reciben del sus gobiernos. Para que la educación sea de alta calidad y capaz de sustentar el desarrollo del hombre tal como en el caso de México lo indica el precepto constitucional, debe ser laica y de absoluta responsabilidad del Estado.
Hace unos días en un programa de televisión el rector de la UNAM José Narro Robles improvisó una brillante exposición sobre los múltiples factores que constituyen la educación de calidad. Sin embargo, en su exposición el señor rector apenas muy de pasadita mencionó el factor laico, que a mi modo de ver las cosas es el componentes más importantes del sistema educativo público; democrático y capaz de formar hombres libres.
Lamentablemente, el rector José Narro Robles, no profundizó sobre el lado flaco del sistema educativo en México, que es precisamente la falta práctica de un laicismo humanista, libertario, democrático, científico, a la altura del tercer milenio donde el conocimiento universal y el desarrollo tecnológico en todas las ramas de la ciencia, obliga a la inteligencia humana a descubrir verdades que para bien de la sociedad, están muy por encima de los dogmas religiosos que todo corroen y pervierten.
No hace mucho tiempo en México, un obispo del Vaticano dijo sin el menor respeto para nadie, que el laicismo es una jalada. La gravedad de lo dicho por ese “ilustre” religioso confirma lo que en este espacio desde siempre hemos dicho. Insistimos que hace 200 años México en alguna forma se independizó del gobierno español, pero no se ha independizado del Gobierno del Vaticano. Ni con las leyes de Reforma el laicismo pudo concretarse como se debe, para dar paso a una educación más completa y edificante.
Los mexicanos y las autoridades educativas gubernamentales no han podido quitarse las cadenas de los dogmas religiosos. Encadenados con tal fatalidad, en más de quinientos años de que el vaticano impuso su sistema educativo, México sigue sufriendo un altísimo analfabetismo, contrariamente a lo que sucede por ejemplo en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia que según la Organización de Naciones Unidas, ya se liberaron de ese inhumano rezago educativo.
No está a discusión en este caso la libertad, de que cada quien eduque a sus hijos como mejor cuadre a sus ideas relacionadas con la religión. Lo que no se vale es que la iglesia meta su cuchara en el sistema educativo nacional delineado en la Constitución. No se vale por ejemplo que el estado se deslinde de la responsabilidad de educar con alta calidad cívica a los mexicanos. Por eso resulta muy inapropiada también la postura de Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, que insiste en su corta visión, en que la educación de calidad es responsabilidad de los padres de familia.
Debemos reconocerlo y denunciarlo; la iglesia católica ha fracasado durante más de 500 años en su ilusoria propuesta educativa. Es tiempo de que los dogmas se hagan a un lado para que no contaminen el método educativo laico y científico. Qué puede esperar la sociedad de universidades confesionales que viven del escándalo como el caso de Marcial Maciel y sus Legionarios de Cristo que hicieron de la educación un emporio que produce miles de millones de pesos.
Asimismo, que puede esperar la sociedad de Norberto Carrera Rivera, principal obispo de México, que está liado con un juez en Estados Unidos, donde se le acusa de proteger a un pederasta que abusó de muchos niños. Podrán esos sacerdotes degenerados enseñar valores que desarrollen en plenitud a ser humano. El sentido común más elemental dice que no. Así las cosas, ya podemos ver dónde está el origen y la causa principal de nuestro deficiente sistema educativo nacional.
Es necesario aquí, dejar bien claro que no se trata por supuesto de comer curas ni descalificar a todas las instituciones educativas. La propuesta es luchar para fortalecer la educación laica, en un marco de libertad y de estricto respeto a lo que la Constitución estable en materia de educción. Son los rectores y directores de las instituciones de educación superior, así como las autoridades educativas en los tres órdenes de gobierno, los primeros obligados a defender la educción laica con valentía y sin apegos dogmáticos religiosos.
