La futura ley hipotecaria eliminael privilegio católicode atribuirse bienes. Los laicistas celebran la decisión pero lamentan queno sea retroactiva
La investigación de los laicistas aragoneses sobre los bienes que ha podido inmatricular la Iglesia Católica a su nombre, aprovechando la modificación de la ley hipotecaria de 1998, ha quedado en vía muerta. La falta de legitimidad del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) a la hora de indagar sobre las propiedades eclesiásticas ha dado al traste con las intenciones del movimiento de saber cómo había afectado la polémica de las inmatriculaciones en la comunidad autónoma.
El problema salió a la luz en Navarra, al comprobarse cómo un artículo de la ley impulsada por el Gobierno de Aznar ampliaba las atribuciones de los obispados para inscribir a su nombre –lo que se conoce como inmatricular– edificios religiosos que no tuvieran hasta ese momento dueño conocido. En la comunidad foral lo hicieron con miles de iglesias, y los ayuntamientos litigan, con resultados desiguales, para tratar de recuperar la propiedad de los templos para los municipios. En algunos casos, los consistorios habían invertido grandes cantidades de dinero en el arreglo de las instalaciones.
En la época del Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Justicia ofreció listados sobre los bienes que se había adjudicado la Iglesia en Navarra. Por ello, MHUEL habló con el diputado de CHA por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste –al no cuajar los intentos en las Cortes– para que preguntase en el Congreso. Pero el ministerio eludió contestar, amparándose en que los registros de la propiedad no estaban bajo su control, aunque existiera cierta dependencia orgánica.
Por ello, los laicistas decidieron emprender su propia investigación, que ha quedado en vía muerta por la propia concepción de los registros públicos. Con el fin de proteger los datos personales, estos están abiertos a consulta únicamente para quien demuestre un interés "legítimo" en ellos. Por ejemplo, se puede averiguar de quién es un inmueble si se acredita una voluntad y unos medios disponibles para comprarlo. Pero no se ofrecen listados de propiedades de una institución.
CAMBIO LEGISLATIVO Ante esta interrupción, la buena noticia para los laicistas llegó recientemente, cuando el Gobierno anunció una modificación en la ley hipotecaria que eliminará la referencia a la Iglesia Católica como única confesión religiosa con este privilegio. Una ventaja únicamente dada a los católicos, según los críticos como desagravio por la desamortización, y que varios colectivos han pedido repetidamente que se derogase por inconstitucional.
No han sido sus protestas, sino la polvareda mediática y social desatada por los casos de Navarra y la Mezquita de Córdoba –inmatriculada por la Iglesia a precio irrisorio y con aprovechamiento turístico incluido– los que han hecho recular al Gobierno. Pero la victoria, si se puede llamar así, no ha sido completa.
Como explica Jorge García, presidente de MHUEL, "la anulación del privilegio no es retroactiva, así que lo que han inmatriculado hasta ahora lo seguirán teniendo. Es más, la ley dará un plazo de un año desde su publicación en el BOE hasta su entrada en vigor, en el que podrán seguir inscribiendo", explica.
García confía en que, al menos, una vez pasado este año se hagan públicos los registros y al menos se conozca el listado de bienes. Pero el anteproyecto de ley –aún está en fase embrionaria en su tramitación parlamentaria– no contempla esta publicidad. Sí apuesta por cierta primacía del Catastro sobre el Registro de la Propiedad, pero no afecta a la legitimidad.
Incluso si estos registros se hiciesen públicos, en muchos casos ya habría pasado el periodo para reclamar ante el juzgado, con lo que los edificios serían ya de propiedad católica, per secula seculorum.
Al parecer será imposible saber si arzobispados como el de Zaragoza se han atribuido bienes sin dueño. – Foto: EL PERIÓDICO
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