“Vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa”, dice un portavoz- El alcalde de Salt teme que haber sido el primer municipio en adaptar la Ley de Centros de Culto cree en un ‘efecto llamada’ que atraiga a más confesiones
La decisión del Ayuntamiento de Salt (Gironès) de suspender, durante un año, las licencias para lugares de culto en el polígono de Torremirona ha producido indignación en la comunidad evangélica. Una de sus iglesias, la Holy Ghost Fellowship Ministery International, solicitó una licencia y presentó un proyecto de obras el pasado 8 de agosto. El Consejo Evangélico de Cataluña considera que la decisión es anticonstitucional porque, en la práctica, impide que la comunidad pueda rezar en ningún lugar de Salt, lo que considera "una flagrante vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, de culto y a sus manifestaciones". El consejo acudirá a los tribunales si el Consistorio no revoca su decisión.
Salt, una ciudad con el 40% de inmigración y múltiples confesiones religiosas, aprobó en 2006 una ordenanza municipal que obligaba a instalar los nuevos centros de culto en locales de más de 200 metros cuadrados y aislados. Las quejas de los vecinos eran constantes por el trajín de personas y el ruido, ya que algunas confesiones usan los cánticos en sus ritos.
Pero las entidades religiosas comprobaron que no había edificios de esas características en el núcleo urbano. "Intentamos buscar una solución", explica la exalcaldesa del PSC Iolanda Pineda. "Y aprobamos que se pudieran abrir centros de culto en el polígono para darles una alternativa". La Ley de Centros de Culto de la Generalitat obliga a los Consistorios a reservar suelo para uso religioso, una medida que el Gobierno de CiU quiere eliminar.La suspensión aprobada en el pleno del pasado miércoles con los votos de CiU, PP y dos concejales dimitidos de PxC implica que hoy por hoy "no se pueden abrir centros de culto en Salt", opina Pau Simarro, abogado del Consejo Evangélico de Cataluña, algo que, en su opinión, vulnera la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad religiosa y de culto. Lo mismo opinan Pineda y Ferran Burch, edil de Independents per Salt (IPS), que se abstuvo en el pleno.
"La Declaración de Derechos Humanos garantiza a libertad de culto. ¿Por qué es tan difícil hacerlo en Salt?", se preguntaba Burch. "En este país, abogar abiertamente por echar a todos los inmigrantes es deporte nacional", se quejó el edil de IPS. Aunque el asunto que se trataba era en principio religioso, religión e inmigración se confunden en algunos discursos en Salt, como el de la xenófoba Plataforma per Catalunya, que ha presionado en las últimas semanas contra una nueva mezquita.
La formación de Josep Anglada ha convocado para el sábado una concentración contra la mezquita. La Generalitat la ha prohibido para evitar incidentes que ya se registraron en el pasado. "Torramadé quiere convertir Salt en una ciudad mora", espetó la edil de PxC, María Osuna, al alcalde, Jaume Torramadé, en el pleno.
La suspensión de licencias amenaza con generar una tormenta. "Llegaremos hasta donde sea necesario y, si no dan marcha atrás, presentaremos una demanda por vulneración de derechos fundamentales", declara Simarro.
La comunidad evangélica, con 620 centros de culto en Cataluña y 100.000 practicantes, se siente discriminada. "Esta iniciativa no nos permite tener centros de culto en la ciudad, y tampoco fuera de ella", argumenta Guillem Correa, secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña. El polígono está separado del centro urbano por una autopista. "Nosotros ya estábamos aquí antes que la comunidad musulmana, pero nunca ha habido buena voluntad por parte de las Administraciones hacia nosotros", afirma.
En el centro de Salt existen tres oratorios islámicos y una iglesia evangélica, además de varias católicas. También hay, al menos, un local musulmán y otro sij que funcionan como oratorios cuando en realidad solo tienen licencia para "centros culturales", según fuentes del Consistorio.
Si la Generalitat modifica la Ley de Centros de Culto, los Ayuntamientos quedarán exentos de la obligación de reservar suelo para centros de culto. La suspensión de licencias de Salt podría entonces ser definitiva. Los únicos locales que podrían establecerse en Torremirona serían dos entidades musulmanas que solicitaron un certificado de compatibilidad urbanística en marzo de este año para construir una mezquita. Si presentan el proyecto antes del 23 de septiembre, cuando se cumple el plazo de seis meses de vigencia del certificado, la modificación no les afectaría. Ya han declarado que tienen el proyecto avanzado y que creen que cumplirán con los plazos, aunque ayer declinaron ofrecer más datos.
Torramadé se mantiene, mientras, en una posición incómoda entre las presiones de Plataforma per Catalunya y las exigencias de las comunidades musulmanas y evangélicas. "No nos preocupa demasiado el escrito del Consejo Evangélico de Cataluña, hemos actuado de acuerdo con las instrucciones del departamento jurídico", dijo. Desde que se aplica la Ley de Centros de Culto, solo dos confesiones han pedido establecerse en Torremirona. Los evangélicos provienen de Girona. "Salt no puede convertirse en el sitio donde todas las comunidades se quieran establecer por ser el único que ha adaptado la ley de culto. Es el momento de afrontar esta decisión, sin más presiones que las que hay, antes de que haya más demandas y más presión".
Linda Appiah Inkum, pastora de Holy Ghost Fellowship Ministery, afirma que su comunidad tenía "muchos problemas con los vecinos" en Girona. También con la policía, que "venía siempre por las protestas por nuestros cantos". "En marzo", añade, "alquilamos un local de 200 metros en el polígono e hicimos obras, un lugar hermoso. No hacemos nada malo, solo rezar a Dios. Ahora no tenemos adónde ir".
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