EL día 9 de diciembre se celebra el día internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Un día como este hace 117 años se aprobó en Francia la ley de la separación de las Iglesias y el Estado. Ese mismo día pero de 1931 se aprobó la constitución de la II República que establecía un Estado Laico en España. El artículo primero de la citada ley francesa dice textualmente: “ La República asegura la libertad de conciencia. Ella garantiza el libre ejercicio de los diferentes cultos”; y el artículo dos: “La República no reconoce, ni paga, ni subvenciona ningún culto”.
Oficialmente, la Constitución española actual habla de estado aconfesional, que no laico… Y como consecuencia, seguimos subvencionando con el dinero de todos los españoles una serie de privilegios que mantienen las distintas religiones. Cada año a través de la casilla de la declaración de la renta que algunos firman pagamos todos, cientos de millones a la Iglesia Católica. Así entre todos pagamos los servicios que les ofrecen a sólo unos poco de los ciudadanos. En Alemania, por ejemplo, aquel que quiere dar su donativo a las iglesias lo paga aparte de su declaración de la renta. Mientras que en Gipuzkoa la inmensa mayoría de los ciudadanos no se casa por la Iglesia –más del 90% lo hace por civil–, la Iglesia sigue cobrando año tras año cantidades similares del erario público. El número de bautizos y comuniones está cayendo en picado según los datos de la misma Iglesia católica.
La Iglesia tiene miles y miles de edificios que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles, que pagamos religiosamente el resto de los ciudadanos. Sin embargo a la hora de reparar esos bienes que no pagan impuestos y que en muchos casos cobran entrada para que el pueblo llano pueda visitarlos (la mezquita de Córdoba, la catedral de Burgos… ), de los cuales sacan varios millones de euros al año de cada uno, a la hora de arreglar esos monumentos sí se acuerdan de los entes públicos a los que no pagan. La torre de la catedral de Donostia y ahora las vidrieras son financiadas en más de un 90% por los entes públicos, sean ministerios españoles, Eusko Jaurlaritza, diputaciones forales o ayuntamientos.
Otro problema relacionado de gran actualidad es el tema de las inmatriculaciones. A partir del Concordato de España con el Estado Vaticano y una ley franquista, remozada posteriormente en democracia, los obispos han puesto a nombre de la iglesia católica más de 100.000 bienes inmuebles como si se tratara de un ente público y común. Otro privilegio de la Iglesia católica que les permite obtener bastantes millones de entradas para visitar esos edificios que se han apropiado de una manera un poco extraña.
Otro de los problemas que plantea esta falta de laicidad del estado son las clases de religión. Por el Concordato franquista remozado en 1979 la asignatura de religión es de obligada oferta en todos los centros para los alumnos que deseen asistir. Pero el salario de los profesores de las distintas religiones le pagamos el común del pueblo, es decir todos los contribuyentes. Eso sí el nombramiento no es público como para cualquier otro profesor del sistema público. es el obispo quien nombra y despide si quiere a los profesores que pagamos entre todos.
Va siendo hora de que aprendamos de los países que de una manera u otra han establecido que el estado de su país debe ser neutral, o sea, laico. Como dijo hace mucho tiempo el gran escritor –católico, por cierto–, “la Iglesia tiene que estar en su casa y el estado en la suya”. Casi lo mismo que dijo Jesucristo al señalar que “hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios”.
No es casualidad que el significado de la palabra Laikos en griego sea algo que pertenece al pueblo, al conjunto de la ciudadanía. Va siendo hora de que el Estado denuncie el concordato como anunció el presidente Sánchez en su discurso de investidura y que las diferentes iglesias renuncien a toda la serie de privilegios que tienen y sufragamos el pueblo llano.
* Laikotasuna Kolektiboa
