Solo el conocimiento nos proporciona la posibilidad de actuar. Solo saber lo ocurrido nos permitirá hacer justicia, apoyar a las víctimas de abusos en la Iglesia católica y permitirles la tranquilidad y seguridad merecidas.
Evangelio de Juan, 8.32.
Matizo: “La verdad NOS hará libres”, a todas las personas y a toda la sociedad.
Utilizo esta conocida frase para resaltar el potencial liberador de la verdad; para subrayar la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido en nuestras calles, en nuestras escuelas, en las iglesias, en las prisiones, en las comisarías… La verdad libera, ya lo creo que libera. Libera a quien la revela, a quien ve revelados sus errores y sus horrores, libera a quien los ha padecido y libera a todo un grupo humano. Preguntad, si no, por ejemplo, a quienes participaron en el asesinato de Juan Mari Jauregi y se han enfrentado a lo ocurrido, a la verdad, sin paños calientes y sin tapujos. En este día posterior a la entrega de los premios Goya, en esta noche en la que se volvió a recordar esta historia y la gran aportación de Maixabel Lasa y los asesinos de su marido a la verdad liberadora. Seguro que Maixabel experimentó una gran liberación y un inmenso consuelo, pero no mayores que los que han sentido Luis Carrasco e Ibon Etxezarreta. Es lo que tiene la verdad: que libera a quien sufre y a quien ha hecho sufrir.
La ocultación consciente y deliberada de la verdad, la negativa a perseguirla y a conocerla, a reconocerla, el secreto mantenido y la negación de lo ocurrido solo son el sustrato para la mentira y la impunidad. Mentira que coloca a las víctimas de determinados hechos –delitos muy graves en su mayor parte– en una posición muy complicada y dolorosa que les impide enfrentarse reconfortantemente a lo vivido. Impunidad que impide a cualquier persona confiar en el sistema político-policial-judicial y que genera otro enorme sufrimiento.
Es claro que, habiendo escogido una frase de un Evangelio para comenzar esta pequeña reflexión, me estoy refiriendo a los abusos y agresiones sexuales cometidos sobre personas menores de edad en el marco de diversas actividades de la Iglesia católica. No dudo que en otras instituciones, religiosas o no, se hayan producido también hechos similares, pero la actualidad de las revelaciones continuadas de hechos terribles obligan a acotar el terreno.
La situación que se ha vivido –espero que no siga ocurriendo ningún hecho similar en este momento– me recuerda sobremanera a la de las consecuencias de la Ley sobre Secretos Oficiales, que ha impedido también conocer la verdad acerca de hechos extraordinariamente graves cometidos en los aledaños del Estado. También en este caso esos delitos sexuales a menores en instituciones vinculadas a la Iglesia católica se han ocultado bajo siete llaves, pretendiendo y sosteniendo un secreto permanente, una mentira eterna, una impunidad injusta y una cruel desazón para las víctimas de tales hechos.
Pero parece que, afortunadamente, algo está cambiando. Sin duda, gracias sobre todo a los valientes, contundentes y tremendamente duros testimonios de personas que han padecido tales abusos y agresiones. Sin duda, también, porque ni la ciudadanía en su conjunto ni las instituciones llamadas a tomar cartas en la cuestión pueden –podemos– seguir tapándonos los ojos y cerrando los oídos. La injusticia del silencio es demasiado clamorosa y nos interpela directa y constantemente.
Son, por tanto, muy bienvenidas las varias iniciativas y actuaciones que se están impulsando. Tardías, muy tardías, ciertamente, pero positivas, en todo caso. Dejémoslo ahí, en aras a conseguir resultados todavía útiles.
De un lado, la muy necesaria modificación del artículo 132 del Código Penal por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Modificación que permite que, en determinados delitos cometidos contra personas menores de edad, entre ellos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el plazo de prescripción no comience a computarse sino desde el momento en que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad y, si falleciera antes de dicha edad, a partir de la fecha del fallecimiento. Medida que permitirá que muchas víctimas silenciosas –o silenciadas– puedan tener la oportunidad de pelear por la persecución de estos delitos. Recordemos que ha sido en muchos casos la prescripción de estos delitos la que ha impedido su adecuada persecución penal.
De otro lado, la actuación de la Fiscalía General del Estado para una recopilación de datos y casos en la que las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia deben colaborar trasladando tales datos. Actuación especialmente tardía, si tenemos en cuenta la situación, las denuncias públicas habidas y la obligación del Ministerio Fiscal de perseguir las actuaciones delictivas. ¿Dónde estaba la Fiscalía? ¿Qué impedimentos tenía para actuar?
A resaltar también la última iniciativa parlamentaria, de abrir una investigación sobre estos hechos y de encomendarla al Defensor del Pueblo. Aunque se desconoce todavía cómo se materializará, lo cierto es que se trata de una decisión política novedosa y muy relevante, que permitirá al menos acercarse a la verdad de lo ocurrido, siquiera en una parte sustancial. No sé si es la mejor fórmula –no tengo clara opinión al respecto, ni la pongo en cuestión–, pero es una vía que puede resultar muy útil. Sabemos que en países de nuestro entorno se han utilizado cauces distintos, desde comisiones impulsadas por la propia Iglesia católica hasta comisiones estatales. En todo caso, la utilidad y los resultados de estas investigaciones vendrán muy condicionados por el papel que la misma Iglesia juegue, por su aportación para conocer los hechos y por la escucha que se haga de las víctimas.
Y, finalmente, aunque seguramente es la actuación más relevante y que ha permitido que hoy hablemos de esta cuestión en estos términos, la actuación de algunos medios de comunicación que han puesto voz a las víctimas de estos hechos, elaborado en algunos casos informes de una gran seriedad y, en todo caso, puesto de relieve la injusticia del silencio y exigido actuaciones públicas.
Solo el conocimiento nos proporciona la posibilidad de actuar. Solo saber lo ocurrido nos permitirá hacer justicia, apoyar a las víctimas y permitirles la tranquilidad y seguridad merecidas.
El silencio, como casi todos los silencios, ha durado demasiado tiempo. Nada lo justifica. Admitamos los errores, la falta de empatía con las personas que, siendo muy vulnerables por su edad y otras circunstancias, han padecido estas agresiones y también el dolor de la ignorancia. Avancemos en el camino al conocimiento. El miedo a la verdad es tan paralizante y genera tanta injusticia como la mentira en que se manifiesta.
