El Defensor del Pueblo reclama “colaboración” entre la jerarquía católica y los políticos, mientras Sánchez promete resarcir el sufrimiento y los obispos se reunirán el lunes para abordar el informe
En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo realizar una investigación independiente sobre los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. Casi veinte meses después, ese encargo ha cristalizado en un contundente informe que constata que el fenómeno de la pederastia clerical tiene una “dimensión estructural o sistémica”, con decenas de miles de víctimas. Y que, tras dimensionar el problema, devuelve la pelota a los poderes públicos –la propia Cámara Baja y el Ejecutivo– y a la Iglesia católica.
