Educación propone un reparto de recursos en función de sus resultados y ´ranking´ de centros
Con distintos matices, Estados Unidos, Inglaterra o Chile han aplicado en sus escuelas la teoría de que la competición entre ellas es la base de la mejora. Esta teoría tiene varios ingredientes imprescindibles: la elección de centro por parte de los padres, acompañada de información sobre los resultados de los centros, incentivos según esos resultados y margen para que las escuelas se puedan diferenciar entre sí para competir en ese mercado.
Todo ello tiene un claro reflejo en algunas de las medidas de la reforma legal que impulsa el Ministerio de Educación español. Por ejemplo, se establecen evaluaciones externas en todas las etapas (que en la ESO y bachillerato serán reválidas), se publicarán los resultados de los centros de tal manera que se harán ranking y se fomentará la diferenciación de colegios a través de planes de calidad que les llevarán a especializarse en algún área del currículo, en “la excelencia”, “la formación docente”, “la mejora del rendimiento” y “la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, entre otros.
Estos centros pondrán en marcha “medidas honoríficas” que les destaquen, y podrán recibir fondos extra. En este sentido, se ha añadido en la última redacción de la futura norma (presentada el pasado martes a las comunidades) que esa asignación de recursos adicionales “quedará condicionada a la rendición de cuentas”.
Cómo se haga esa rendición de cuentas —si es un examen, si es una inspección, si depende de las evaluaciones y reválidas— y sus consecuencias —si los fondos se retiran si no se alcanzan los objetivos— separará o acercará estos planes a los contratos programa que proponía el anterior Gobierno socialista. A través de ellos se acordaba con los centros planes de mejora plurianuales y el presupuesto que necesitaban para hacerlo. De momento, las pistas que hay las dio hace dos semanas en el Senado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio: “Van a ser evaluados año a año y el apoyo que se dé va a depender de los resultados que se obtengan. Luego, a partir de ahora, va a ser un sistema que se va a basar en la evidencia, que va a hacer evaluaciones y que va a tener rendición de cuentas”.
El propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, habló el pasado mes de enero en una de sus primeras comparecencias en el Congreso ya avanzó muchas de sus recetas para combatir el abandono escolar (26,5%, casi el doble de la media europea) y los mediocres resultados de España en exámenes internacionales como PISA. Mencionó esa especialización de centros, dando autonomía a cambio de rendición de cuentas con evaluaciones que ayuden a las familias a “ejercer de forma eficiente la libertad de elección”, y sirvan para premiar a los mejores alumnos y centros.
La autonomía es uno de esos mantras educativos que se repiten constantemente, pero según quien lo pronuncie significa cosas distintas. Es necesaria la “autonomía curricular, organizativa y de recursos”, pero esta “no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos”, decía el manifiesto contra la reforma Por otra política educativa, redactado a finales de octubre y apoyado ya por más de 2.600 docentes. Uno de sus redactores es el catedrático de la Universidad de Valencia José Gimeno Sacristán. “Si pones a competir a una liebre, a una tortuga y a un atleta, la liebre llegará primero. La competición en el mercado requiere asumir las desigualdades —no tiene sentido que compitan dos panaderías exactamente con el mismo pan—, pero lo que tiene que hacer la educación es corregir las desigualdades. En el mercado, el mal producto desaparece, pero en educación se va a depauperar”, dice Gimeno.
Lo cierto es que el texto de la reforma pone alguna salvaguarda. Sobre los proyectos de mejora, dice que “la calidad se definirá no solo en relación con el nivel absoluto que se haya de obtener, sino sobre todo también por la mejora en relación con la situación de partida”. Sin embargo, a renglón seguido señala que las acciones de calidad “deberán ser competitivas”. Así, desde las consejerías de las comunidades gobernadas por el PSOE temen que esta norma siente las bases para que haya institutos de primera y de segunda: los especializados en “excelencia”, como dice la ley, y los que acojan a alumnos difíciles. Los primeros se quedarían con los estudiantes con mejores resultados, sobre todo en el bachillerato, etapa en la que los centros que tengan reconocida una especialización curricular o que participen en una acción de la calidad “podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno hasta un 20% de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas posobligatorias”, dice la ley. Así, también disfrutarían de más recursos.
En todo caso, estos son los temores que despierta el articulado de la ley y cuyas verdaderas consecuencias solo se verán con el tiempo. Sobre todo, si más comunidades se animan a seguir los pasos de Madrid de hacer una zona única de escolarización en la que la proximidad al colegio deja de ser el criterio principal para entrar en el centro. “La política educativa debe diseñarse caso por caso. En el caso de Madrid (y es extrapolable al conjunto de España), considero que actualmente es positiva [la zona única] ya que se evita picaresca, se dan más oportunidades de elección a las familias, se reducen los guetos y aumenta la competencia entre los centros, lo que redunda en una mayor calidad”, asegura por correo electrónico el profesor de la Universidad CEU-San Pablo Gonzalo Sanz-Magallón.
Los datos del informe PISA “sugieren que una combinación de varias políticas de autonomía y rendición de cuentas, no políticas aisladas de una u otra, se relaciona con mejores resultados”, dicen los expertos de la OCDE. Aunque en otro informe asegura que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación […] y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.
Pero muchas veces los cálculos no salen. Podría ser el caso de la política educativa federal de Estados Unidos, según la profesora de la Universidad de Nueva York Diane Ravitch, una de las primeras defensoras del programa estadounidense No child left behind, de la Administración de George W. Bush. Nacido en 2001 con muchas precauciones para dar más apoyo para los más necesitados, y basado en el reparto de fondos extra (y de castigos) entre colegios, se ha retomado con algunas diferencias por el Gobierno de Obama. Pero hace dos años, Ravitch se declaró arrepentida: después de años defendiendo “la libertad de elección y la rendición de cuentas” y el fomento de la versión estadounidense de la concertada (charter schools) se había dado cuenta de que estaba equivocada. “La rendición de cuentas, con una visión estrecha, empobrece la enseñanza. Y la libertad de elección puede debilitar la educación pública, quitándole a los mejores estudiantes”, escribió.
Chile también ha puesto en marcha durante las últimas décadas mecanismos de este tipo, como la publicación de clasificaciones de centros. “Luego de casi dos décadas implementando esta estrategia, los resultados han mejorado poco”, y sin embargo, “puede generar desmotivación en los centros educativos que aparecen sistemáticamente en posiciones inferiores”, decía un informe de 2010 del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert. / KIKO HUESCA (EFE)