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La red antiaborto en Europa toma nota de la vía judicial de EEUU: “Ya tienen un modelo que replicar”

Los grupos provida han visto que es más fácil restringir el derecho del aborto en los tribunales que a través de los parlamentos, afirman desde el Foro Parlamentario Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos sobre el impacto en Europa de la sentencia del Supremo de EEUU

A esta orilla del Atlántico, la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que ha fulminado el derecho constitucional al aborto puede quedar lejos. Sin embargo, no lo está en absoluto para el creciente entramado de organizaciones antiabortistas ultracristianas y de extrema derecha que operan en Europa y que han tomado el caso americano como un fabuloso tutorial del que tomar nota. El resumen viene a ser el siguiente: las restricciones que no avalan las grandes mayorías siempre se pueden conseguir por el atajo de los tribunales.

Lo cierto es que, más allá de calcar toda esa retórica oscura que habla del derecho a la interrupción del embarazo en términos de “genocidio”, “holocausto” o “matanzas en serie”, el secretario del Foro Europeo Parlamentario de Derechos Sexuales y Reproductivos, Neil Datta, entiende que el caso americano brindará a los grupos antiabortistas, con posiciones marginales en la mayoría de países europeos, un nuevo impulso -“señalarán a EEUU como uno de los pilares de la democracia occidental que ha dado un paso significativo en su dirección”- y, sobre todo, un “modelo a replicar“.

Lo explica así. “Si el Supremo ha revocado la sentencia Roe v Wade, no ha sido porque esté respondiendo a una opinión pública cada vez más conservadora (de hecho, las encuestas apuntan a que los estadounidenses son más favorables al derecho a decidir ahora que en generaciones anteriores), sino porque estos grupos llevan tres décadas desplegando cuidadas estrategias, acompañadas de financiación masiva, para infiltrarse en el alto tribunal y en todo el sistema judicial de EEUU”, afirma Datta a este diario.

Mejor tribunales que parlamentos

Aquí va pues la lección número uno del caso americano: intentar prohibir o restringir el derecho al aborto a través de los Parlamentos es un camino de probables derrotas, como recuerdan las protestas que hicieron saltar del Gobierno del PP a Alberto Ruiz-Gallardón cuando se dispuso a ejecutar su contrarreforma. “Ahora se ha abierto otra opción: lograr los mismos resultados a través de la justicia, como ya ha ocurrido en Polonia y acaba de suceder en EEUU -añade Datta-. Y los mismos grupos antiaborto y de la derecha cristiana que se han infiltrado en los tribunales norteamericanos han establecido oficinas en Europa, en todos los centros de instituciones internacionales, desde la UE al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, y están ocupados tratando de encontrar casos en Europa para erosionar los derechos humanos.

Según el informe la ‘Punta del iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos’, realizado por el foro que lidera Datta, esta red de colectivos ultracatólicos, antifeministas y antilgtbi ha cuadriplicado (hasta los 700 millones de dólares) su financiación en los últimos 10 años. En la última década, este conglomerado de organizaciones, afirmaba días atrás el diario británico ‘The Guardian’, se unieron bajo el nombre de Agenda Europa, con cumbres anuales celebradas en el continente, y ahora pivotan alrededor de la Red Política de Valores, plataforma que el pasado mes de mayo celebró un encuentro trasatlántico en Budapest al que acudieron, de entre la delegación española, políticos de Vox, algunos vinculados al PP y la organización Hazte Oír.

Una agenda que avanza

Es indudable que los avances de la agenda antigénero están ahí. El Tribunal Constitucional de Polonia dictó la casi total prohibición del aborto en 2020. En Hungría sigue siendo legal pero el acceso se ha hecho más difícil. Y según explicaba días atrás el diario británico ‘The Guardian’, en Italia, además de fomentar la objeción de conciencia (lo que hace que el acceso al aborto sea extremadamente difícil en algunas regiones), se está permitiendo que los activistas se infiltren en los hospitales para presionar a mujeres y médicos.

En los últimos años, además, en el parlamento eslovaco ha habido, cada seis meses, un nuevo proyecto de ley para restringir o incluso prohibir el aborto y, en Suecia, la extrema derecha (con buenos resultados en los sondeos cara a las elecciones de septiembre) ha hecho al menos 10 sugerencias para debilitar su propia ley. “La estrategia de las organizaciones antiaborto y sus aliados de extrema derecha es primero prevenir, luego restringir y más tarde prohibir, método que sirve para cualquier país según su clima político y opinión pública sobre esta cuestión”, apunta Datta. Por cierto, que prevenir no significa en este caso fomentar la educación sexual o facilitar el acceso a la anticoncepción, sino “poner obstáculos en el acceso a la interrupción del embarazo”.

Acoso penado

Sobra decir que esos “obstáculos” no son en absoluto ajenos a Catalunya ni España. En Lleida, por ejemplo, entre el 67% y el 91% de los médicos se declaran objetores de conciencia -como publicó Crític-, y un grueso importante de mujeres denuncian haber sido hostigadas al acceder a una clínica -de ahí la reciente reforma penal que castiga este acoso con hasta un año de cárcel- con un surtido de acciones que, importadas de EEUU, van desde obstaculizar el paso entre rezos hasta entregar folletos y muñecos ensangrentados o abrasar los oídos a sus interlocutoras para que se hagan una ecografía.

Con la carrerilla que brinda el caso norteamericano, ¿es de prever que el discurso antiabortista escale posiciones en el orden del día de los partidos y organizaciones de extrema derecha españoles? La jurista Noelia Igareda, que desde la UAB ha coordinado un estudio europeo que ha monitorizado los mensajes de odio antigénero en Twitter y Facebook, entiende que es bastante probable que el discurso provida acabe subiendo el volumen en unas organizaciones que, hasta la fecha, se habían concentrado más en las leyes de igualdad, la violencia de género y por supuesto la ley trans.

Dos son las razones que le invitan a pensar en ello. “Por un lado, por el influjo que supone la sentencia norteamericana, y también porque no es nada desdeñable que acaben convirtiendo el nuevo anteproyecto de ley del aborto que aprobó el Gobierno en mayo, y que aún tiene por delante una larga singladura parlamentaria, en nueva munición para atacar el feminismo y la igualdad”, asegura la especialista. Apunte recordatorio: esta reforma legislativa busca blindar la ley del 2010 ante una eventual sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolver un recurso de inconstitucionalidad desde hace 12 años. “Consigamos lo mismo en España. Hagamos que el Tribunal Constitucional entierre la ley del aborto de 2010″, ha tuiteado estos días Hazte Oír.

Retórica replicada

En este hervidero, Igareda ve bastante posible que esa retórica truculenta escalfada durante décadas en EEUU que habla de “genocidio” y de “holocausto de bebés” empiece a propagarse con más fuerza en España. Primero, porque esta especie de ‘internacional reaccionaria’ acostumbra a “compartir y copiar estrategias y campañas con eslóganes y mensajes que están muy bien pensados”. Y después porque uno de los grandes clásicos de su ‘modus operandi’ es precisamente apropiarse de términos que en su día supusieron una conquista social y política -como ‘genocidio’- para luego reventar su significado.

“Son conceptos potentes y transgresores de calado que llegan con fuerza a la gente joven. Equiparar lo que ocurre en una clínica con un genocidio tiene una carga de significado brutal. Estás hablando de matanzas en serie, presuponiendo que los embriones son vidas humanas y acusando de uno de los grandes delitos que en Occidente se acuñó tras el holocausto nazi”. La experta, además, alerta de que los derechos sexuales y reproductivos pueden estar más en jaque de lo que pensamos porque realmente no están recogidos ni garantizados en nuestro sistema normativo: “Hay una cierta legislación y políticas públicas que protegen y promueven la salud sexual y reproductiva, por lo que, al fin y al cabo, es fácil retroceder sobre lo que no existe”. 

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