La objeción de conciencia en salud sigue sin ser regulada a pesar de los avances en el aborto. ¿Cómo afecta esto a la interrupción del embarazo en México?
México ha dado pasos importantes hacia la despenalización del aborto en varias entidades, pero uno de los temas más controvertidos y urgentes sigue sin resolverse: la objeción de conciencia. Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó claro que el gobierno federal debe regular este derecho en el ámbito de la salud. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos en otros temas, la objeción de conciencia sigue siendo una “deuda” sin resolver. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los colectivos feministas, quienes consideran que la regulación de la objeción de conciencia es fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
¿Qué es la objeción de conciencia?
La objeción de conciencia es el derecho que tienen algunos profesionales de la salud de negarse a realizar ciertos procedimientos médicos, como el aborto, por motivos éticos, morales o religiosos. En el caso del aborto, la objeción de conciencia puede ser una barrera para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en hospitales públicos o centros de salud. Este derecho, según la ley, solo puede ejercerse cuando la vida de la paciente no está en riesgo, y no debe obstaculizar el acceso al aborto en condiciones legales.
La importancia de la objeción de conciencia radica en que, aunque es un derecho del personal médico, su aplicación debe estar limitada para evitar que impida que las mujeres ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
La Suprema Corte y la objeción de conciencia
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica en la que ordenó al gobierno federal que regulara los alcances y límites de la objeción de conciencia dentro del marco de la Ley General de Salud. La resolución dejó claro que, si bien el personal de salud puede ejercer este derecho, debe existir siempre personal no objetor disponible para garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de salud, incluyendo el aborto, sin interrupciones.
«La objeción de conciencia no puede convertirse en una barrera para que las mujeres ejerzan su derecho a decidir sobre su cuerpo.» Esta es la premisa que subrayan activistas y feministas, quienes han señalado que la falta de regulación crea vacíos legales que permiten que este derecho sea ejercido de forma desproporcionada, afectando la disponibilidad de servicios médicos esenciales.
Avances en la despenalización del aborto en México
En 2024, México dio un paso importante hacia la despenalización del aborto, con 10 entidades federativas modificando sus legislaciones para permitir la interrupción del embarazo de manera legal y segura. Puebla, Michoacán, Chiapas, Jalisco y el Estado de México se unieron a las 13 entidades que ya habían aprobado reformas legales en años anteriores.
Con estos avances, un total de 18 entidades federativas permiten el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, la objeción de conciencia sigue siendo una barrera que impide a muchas mujeres acceder a estos servicios en condiciones de igualdad. En muchos casos, las mujeres se enfrentan a la negativa de algunos médicos para realizar el procedimiento, lo que las obliga a buscar opciones más costosas o menos seguras.
El proyecto de reforma: Un estancamiento legislativo
El gobierno federal ha reconocido que la objeción de conciencia necesita una regulación clara para evitar que se convierta en un obstáculo para la salud reproductiva de las mujeres. En 2023, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para modificar el artículo 10 de la Ley General de Salud. Esta reforma tenía como objetivo delimitar el concepto de objeción de conciencia y establecer medidas para garantizar que en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud haya personal disponible que no se oponga a realizar un aborto.
Sin embargo, el proyecto de reforma no ha avanzado desde su aprobación en la Cámara de Diputados. Esto ha generado frustración entre los defensores de los derechos reproductivos, quienes ven en este estancamiento una falta de voluntad política para garantizar el acceso a servicios de salud seguros para las mujeres.
Las propuestas para regular la objeción de conciencia
Las modificaciones propuestas en la reforma incluyen:
- Delimitar el concepto de objeción de conciencia: Se busca precisar qué constituye un acto de objeción y en qué casos es válido ejercer este derecho.
- Garantizar la presencia de personal no objetor: En todas las unidades de salud debe haber médicos y enfermeras que no se opongan a realizar un aborto, para asegurar que las mujeres puedan acceder al procedimiento en cualquier momento.
- Implementar sanciones a quienes impidan el acceso al aborto: Se propone establecer sanciones para aquellos profesionales de la salud que, bajo el pretexto de la objeción de conciencia, impidan la práctica de un aborto legal.
¿Qué se espera de la reforma?
A pesar de los avances en la despenalización del aborto, la regulación de la objeción de conciencia sigue siendo un desafío. La falta de una legislación clara y específica en este tema pone en riesgo el acceso a la interrupción legal del embarazo y permite que algunas instituciones y médicos sigan ejerciendo una objeción de conciencia de manera arbitraria.
La regulación de la objeción de conciencia es crucial para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva sin que su derecho a decidir se vea limitado por las creencias personales de los profesionales de la salud. La expectativa es que, en los próximos meses, el Congreso retome el debate sobre este tema y apruebe las reformas necesarias para garantizar un acceso pleno y seguro al aborto en México.
Un paso pendiente
Aunque México ha avanzado en la despenalización del aborto y en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres, la falta de regulación de la objeción de conciencia sigue siendo un obstáculo. La objeción de conciencia no debe convertirse en una barrera para que las mujeres ejerzan su derecho a decidir sobre su cuerpo. Es hora de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y regule este derecho de manera que se garantice el acceso a la salud reproductiva para todas las mujeres del país.
