La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ se ha presentado este miércoles en sociedad con el objetivo de recuperar para la ciudadanía la titularidad de inmuebles inscritos por la jerarquía de la Iglesia Católica en base a leyes que la privilegiaban a la hora de inscribir inmuebles y espacios hasta entonces de uso público.
Bajo el lema ‘Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios’ un nutrido grupo de ciudadanos y activistas se han reunido este mediodía en el centro cívico de Las Sirenas para presentar su proyecto de recuperación de patrimonio y de igualdad ante la hacienda pública. Este colectivo demandará al Ayuntamiento de Sevilla un listado detallado con los inmuebles de la ciudad bajo titularidad de la Iglesia Católica y que están exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En su presentación, la plataforma ha dejado claro que su objeto no va contra la Iglesia Católica. El periodista Ezequiel Martínez, miembro de la plataforma y hoy portavoz, ha apelado al pasaje bíblico que sirve de lema a esta entidad (Mateo 22, 15-21), para explicar que “las propiedades legales de la Iglesia son de ella pero deben pagar sus impuestos, y lo que no es de la Iglesia y es patrimonio de todos hay que recuperarlo, queremos que la Iglesia devuelva lo que no es suyo y pague por lo suyo”.
Durante la presentación se han referido al caso de la inmatriculación de la Iglesia de la Mezquita-Catedral de Córdoba, pagando únicamente el precio de la tasa de inscripción, 30 euros, por su propiedad. Han recordado el trabajo desarrollado por la ‘Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba’, que reclama la titularidad pública de este bien y ha recopilado más de 400.000 firmas de apoyo a través de change.org.
A la espera de la mencionada lista municipal, la plataforma sevillana realizará acciones de información y denuncia e, inspiradas en la experiencia cordobesa, se prevé una campaña de apoyo social para exigir la devolución de patrimonio. Una acción que basarán en la recuperación de la titularidad pública de la Giralda y el Patio de los Naranjos, inscritos por la Archidiócesis de Sevilla, por orden del arzobispo Asenjo, en el Registro de la Propiedad en 2010, como propiedad de la Iglesia Católica. En concreto se inscribió la finca urbana formada “por la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, por la Parroquia del Sagrario de la Catedral y Dependencias anexas”. En esas “dependencias anexas” se incluirían la Giralda, el Patio de los Naranjos y la biblioteca colombina, según una investigación de Guillermo Casellas, miembro de esta plataforma que se define como activista y cofrade.
Casellas ha explicado que en junio de 2015 venció el plazo de cinco años para reclamar afectación pública a la inmatriculación de la Giralda, y señala que el hecho de haberla inscrito como “dependencias anexas” a la Catedral favoreció la confusión en ese sentido.
En esta plataforma también están representadas las Comunidades Cristianas Populares (cristianos de base), cuyo portavoz, Antonio Moreno, ha hecho hincapié en que “no se trata de una plataforma anticatólica, solo vamos contra la injusticia que promueve la jerarquía de la Iglesia al apropiarse de bienes públicos”. Moreno ha criticado la connivencia del Estado, lo cual va “contra su aconfesionalidad constitucional”. Entre sus objetivos está la derogación los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede y que la Iglesia “renuncie retroactivamente a sus inmatriculaciones”.
“Estamos a favor de las prácticas religiosas y de los cultos, no vamos por ahí” recalcaba Martínez. “Solo se trata de devolver lo que es nuestro, lo que se ha quitado a hurtadillas”, aseveraba María Bueno, vecina de Sevilla y miembro de la nueva plataforma. “Hay familias que tienen que recurrir a la caridad o la economía sumergida para subsistir mientras la jerarquía de la Iglesia está dejando de pagar unos impuestos necesarios para la sociedad, y además esta jerarquía se está enriqueciendo con operaciones tras esas inmatriculaciones”, ha añadido Bueno.
Contexto jurídico
La plataforma describe cómo numerosas inscripciones de la Iglesia Católica se realizaron al amparo de dos normas preconstitucionales: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y el artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, “que entran en colisión con los principios de igualdad ante la Ley y aconfesionalidad del Estado que reconoce nuestra Carta Magna de 1978”, según recoge el manifiesto fundacional de esta plataforma.
Igualmente, se refieren la reforma legislativa de 1998, cuando el expresidente José María Aznar (Partido Popular) extendió a los templos de culto la posibilidad de ser inmatriculados. Una circunstancia que se permitió hasta 2015, cuando se modificó la Ley Hipotecaria y se eliminó el privilegio de la Iglesia Católica para inmatricular. Desde la plataforma recuerdan que esta medida no tiene carácter retroactivo, “por lo que todo lo inmatriculado hasta esa fecha mantiene ese privilegio alegal de forma inconstitucional”, defienden. Por último, se refieren a la aprobación en abril de 2017 de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a reclamar la propiedad de aquellos bienes puestos a nombre de la jerarquía de la Iglesia Católica y que no se justifiquen como de uso o de propiedad eclesiástica.
Por todo ello, reclaman a las administraciones públicas y a la Junta de Andalucía en concreto que “velen por el patrimonio cultural y arquitectónico y por el cumplimiento de la Constitución”, en base al artículo 46 de la CE y al artículo 10 del Estatuto Andaluz que se refieren a la conservación del patrimonio español.
La Asociación Sevilla Laica también forma parte de esta plataforma, que por el momento aglutina a unas 30 personas.
