La propuesta de cobrar más impuestos a la Iglesia llega a Oviedo y Avilés

Varios municipios promueven imponer el pago del IBI por las propiedades eclesiales

Con los ayuntamientos asfixiados por la crisis y la Iglesia cobrando por servicios como las visitas a la Catedral, muchas miradas se han vuelto hacia el Arzobispado. Y, en concreto, hacia sus edificios y terrenos, exentos de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
En Oviedo, los votos de populares y Foro rechazaron hace escasos días la proposición de urgencia presentada por IU después de que el concejal Roberto Sánchez Ramos llamase a «acabar con el paraíso fiscal en el que vive la Iglesias española» y, como ya ha hecho Italia o estudia Zamora, cobrar el IBI a las propiedades eclesiales. Una idea que también fue respaldada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfredo Carreño: «La legislación debe evitar privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y establecer un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones. Por ello, nos parece acertada la propuesta».
Y mientras que la organización Europa Laica ha pedido que se elimine la exención de pagar el IBI a la Iglesia con más de 33.000 firmas en el Congreso, la Conferencia Episcopal guarda silencio y saca balones fuera. «Es cosa de cada obispado», ha dicho.
El último municipio en sumarse a esta corriente -que también ha sido tumbada por el PP en ciudades como Santiago de Compostela- ha sido Avilés, donde el grupo municipal de IU presentó ayer una moción en la que insta al Gobierno local a elaborar un censo de los edificios registrados en la ciudad a nombre de la Iglesia y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades afines, para que abonen el IBI. Informes que también realizarán Cáceres, Valladolid o León.
Este grupo argumenta que la Constitución establece el principio aconfesional de España, una neutralidad que choca con situaciones de privilegio, al tiempo que asegura que «las duras medidas económicas llevadas a cabo por el Gobierno están afectando negativamente a servicios básicos como la educación, la sanidad y las prestaciones sociales» y que «resulta un agravio comparativo para la ciudadanía que se mantengan las exenciones y los beneficios fiscales de los que disfruta, entre otras, la Iglesia católica».
Así, pide que el pleno municipal exija al Gobierno central y a las Cortes que supriman de la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI a la Iglesia y a otras confesiones, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza. IU calcula que esa recaudación supondría 3.000 millones de euros en toda España.
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