En un comunicado, la plataforma ha señalado que «la recuperación del nombre de la Mezquita es un éxito ciudadano y simbólico indiscutible, pero claramente insuficiente si la difusión e interpretación de un monumento tan relevante del patrimonio histórico andaluz no está amparado en un marco normativo que establezca garantías bajo control público».
Para ‘Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s’, «el falseamiento intencionado por parte del Cabildo (Catedral de Córdoba) ha producido un gravísimo daño a la imagen e identidad de uno de los monumentos más importantes del mundo, lo que demuestra una evidente falta de supervisión y vigilancia por la administración competente».
Es por ello que «la gestión de la dimensión cultural, histórica y turística debe ser compartida con las instituciones públicas, bajo parámetros profesionales», pues, a su juicio, «en un país moderno la política patrimonial de un monumento excepcional como la Mezquita no puede estar dictada por un obispo».
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA
La Plataforma ‘Mezquita-Catedral’ se reafirma, por tanto, en la necesidad de «articular un modelo de gestión profesional y pública que armonice la dimensión confesional y litúrgica con el uso cultural y turístico» y, en este sentido, «la Junta de Andalucía, como institución competente en la vigilancia y tutela del patrimonio histórico, tiene una responsabilidad ineludible que no puede seguir soslayando».
Para la plataforma, la Mezquita-Catedral de Córdoba «es un bien de dominio público, en cuya construcción, conservación, rehabilitación y preservación han participado durante más de 1.250 años innumerables generaciones de cordobeses y, particularmente, las distintas administraciones del Estado a lo largo de su historia».
En consecuencia, «la inmatriculación unilateral (del monumento) por parte de una entidad privada, como la Iglesia Católica, sin menoscabo de sus derechos históricos, es un acto grave de deslealtad y de apropiación de un bien común de todos».
Por ello, la plataforma pide a la Junta de Andalucía «que cumpla con su obligación en la defensa del interés general y ponga en marcha los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para preservar el carácter de dominio público de la Mezquita».
