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La pezuña del diablo

Una sentencia judicial ordena retirar los símbolos religiosos de un colegio público de Valladolid

Se diría que los máximos representantes de la jerarquía eclesiástica -con sus lealtades divididas entre la condición terrenal de ciudadanos españoles y la obediencia celestial al Estado vaticano- parecen dispuestos a no desaprovechar la más mínima oportunidad de echar vinagre en la herida, sal en el café y petróleo en el agua tan pronto como surge una ocasión propicia para deteriorar -siempre en provecho propio- el clima de convivencia difícilmente alcanzado con el Gobierno y con los sectores sociales renuentes a sus desvelos pastorales. La exhortación lanzada por el presidente de la Conferencia Episcopal -durante la inauguración de su Asamblea Plenaria- a favor de "evitar de raíz todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas" sonó a sarcasmo a las víctimas de la radio de los obispos, aplicada aprendiz de la Radio de las Mil Colinas de Ruanda. Y el llamamiento del cardenal Rouco a "una sana purificación de la memoria" sobre el pasado y a la "necesidad de perdón" para superar la divisoria trazada por la Guerra Civil y las cuatro décadas de nacional-catolicismo franquista resulta contradictorio con la conversión por la Iglesia católica de aquel sangriento conflicto en una Santa Cruzada nimbada de mártires.

La jerarquía sigue considerando la educación en términos de una finca eclesiástica sin desamortizar; no sólo pretende que la enseñanza del catecismo vaticano tenga el rango académico de las matemáticas, sino que también se opone a la asignatura de Educación para la Ciudadanía mientras incluya contenidos didácticos de ética sin su nihil obstat previo. Transferidas ya a todas las comunidades autónomas las competencias educativas, los territorios controlados por el PP han servido como conejillos de Indias a la ofensiva eclesiástica en ese nuevo frente. Mientras el Gobierno valenciano se divierte con la gamberrada de impartir la materia en inglés, la Conferencia Episcopal ha logrado la colaboración de otras comunidades dominadas por los populares -con la ultraliberal presidenta madrileña a la cabeza- para incitar a los padres de los alumnos a impugnar la obligatoriedad de la asignatura en nombre de la objeción de conciencia.

La sentencia -hecha pública el pasado fin de semana- de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valladolid que estima el recurso de la Asociación Cultural Escuela Laica contra un acuerdo del consejo escolar del colegio público Macías Picavea ha sido ominosamente recibida por la jerarquía católica. La resolución obliga al centro vallisoletano a "retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes". El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, interpretó el fallo como síntoma de cristofobia de una sociedad muy enferma, al igual que la decisión del Congreso de no seguir adelante con la instalación en su sede de una placa en homenaje a la milagrosa monja sor Maravillas. Tal vez veamos pronto que la resolución judicial lleva la firma de la pezuña del diablo.

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