CONFER, que reúne a las congregaciones españolas, abre su propia oficina de atención a víctimas y defiende que han informado de todas sus denuncias con “compromiso y rigor”: “Estamos cansadas”
La Conferencia Española de Religiosos (Confer), organismo que aglutina a la mayoría de las órdenes y congregaciones religiosas españolas, un total de 408, se desmarca de la gestión de los abusos liderada hasta ahora por la otra parte más visible de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española (CEE), que reúne a los obispos y sus diócesis. Lo hace un día después de que saliera a la luz, a través de este diario, que los obispos españoles ocultaron más de 325 casos en su informePara dar luz sobre pederastia en el seno de la Iglesia, todos ellos ya admitidos por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo. La noticia ha causado una gran indignación en las víctimas y salpica a las órdenes, pues la mayor parte de esos casos pertenece a 39 congregaciones que los obispos excluyeron de su contabilidad. Un ejemplo son las 130 denuncias de los maristas ―la segunda orden con más casos admitidos― que recoge el Defensor y, sin embargo, no aparecen en el documento de los obispos. Para dar luz solo contabilizó 806 casos, frente a los 1.460 acusados que se conocen, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS.
Y es que la gestión del escándalo de los abusos que ha liderado la CEE, en la que siempre han delegado las órdenes, ha causado malestar entre ellas y la elaboración del polémico informe Para dar luz ha sido la gota que ha colmado el vaso, confirman fuentes eclesiásticas. De hecho, señalan, Confer fue dejada al margen de la elaboración del documento, del que no supo nada y al que no tuvo accesoantes de que los obispos lo hicieron público, por sorpresa, el pasado mes de diciembre. “Las congregaciones estamos cansadas de cómo los obispos toman las decisiones sobre este tema unilateralmente. Nos gustaría participar de igual a igual en las iniciativas y remar conjuntamente para que la verdad salga a la luz”, dice una fuente de una gran orden española.
Al descontento, también se han sumado varios obispados, que aseguran que la creación de este informe fue una “manipulación” para eclipsar la auditoría de Cremades, más crítica con la Iglesia y que contabilizaba más casos: 1.382 acusados y 2.056 víctimas. “Muchas diócesis están hartas de los fontaneros de la Conferencia Episcopal”, señala un alto cargo diocesano.
Confer no ha querido hacer una valoración sobre la ocultación de los casos que les afecta. En todo caso, la organización ha subrayado a EL PAÍS que “las congregaciones religiosas han facilitado en tiempo y forma los datos requeridos por las diferentes instituciones [el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que los obispos encargaron una auditoría, y el Defensor del Pueblo]” y que conoce “bien el proceso realizado por todas ellas, con compromiso y rigor”.
También ha destacado que Para dar luz “es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española para aglutinar los demás informes y en ella ofrecen una clasificación de todos los datos”, y que los obispos son los que se han comprometido “a facilitar nuevos datos periódicamente”. “A día de hoy, en la Confer no tenemos datos; nuestra organización lo que ha hecho es colaborar en este proceso como interlocutor para poner en contacto a: Defensor del Pueblo, Cremades, CEE y Congregaciones Religiosas”, explica la entidad.
Por todo ello, Confer ha decidido empezar a moverse por su cuenta. En un comunicado, ha anunciado este martes la creación de una oficina propia de entornos seguros, alternativa a la de la CEE y a su correo electrónico, para atender a sus víctimas y apoyar a las órdenes y congregaciones religiosas en los “procesos de atención, prevención, intervención y reparación”. Para ello, ha creado también su propio correo de contacto para víctimas (escucha@confer.es) y ha nombrado a una directora para coordinar esta iniciativa,la psicólogaGloria Rodríguez, “con amplia experiencia de organización, dirección y gestión de crisis”. Rodríguez fue la primera directora general de las Consagradas del Regnum Christi, sección femenina de los Legionarios de Cristo. De este modo se desdobla la atención a las víctimas por la Iglesia, con dos vías paralelas. Confer insiste en que está pensando en las víctimas: “En este esfuerzo para estar a su lado, pedimos de nuevo perdón y reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de esta lacra”, afirma la institución religiosa. “Así, la Confer da un paso más en la reflexión, orientación y asesoría a las congregaciones ante todo tipo de abuso”, detalla.
De esta manera, las órdenes religiosas se desligan del camino que hasta ahora ha ido marcando la CEE y que les condicionaba a ir, en gran medida, al ritmo marcado por los obispos. Fueron estos, siempre con un discurso negacionista y opaco, los que encargaron una auditoría al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, crearon una oficina general para canalizar las denuncias (en la que tuvieron que integrarse las órdenes), y también los que criticaron los resultados del informe del Defensor del Pueblo (la Confer, por el contrario, lo valoró). La CEE también está tejiendo un plan integral de reparación de víctimas y ha redactado en exclusiva el informe propio Para dar luz que ha desinflado la realidad de las cifras del escándalo.
Las órdenes han accedido estos años a delegar la gestión del escándalo en los obispos, como cabeza visible de la Iglesia, cuando en realidad la mayor parte de los casos afectan a congregaciones religiosas, por su protagonismo en la educación en las últimas décadas. Además, algunas de ellas son las que han dado más pasos para dar información, reconocer el daño y tomar medidas, en contraste con la reticencia de la mayoría de las diócesis. Algunas congregaciones se han movido más rápido, en parte, porque siguen teniendo colegios y el escándalo les afectaba de lleno, mucho más que a las parroquias. Sin embargo, sus esfuerzos y los intentos de salvar su imagen se han visto neutralizados en numerosas ocasiones al chocar con la actitud opaca y de negación del escándalo de la Conferencia Episcopal. Un ejemplo: en enero de 2021 los jesuitas, la orden del Papa, presentaron una investigación interna que admitía abusos de 96 miembros desde 1927, pero en esas fechas el entonces secretario general de la CEE, Luis Argüello, seguía diciendo que los casos en España eran “cero o muy pocos” y rechazaba la idea de encargar una investigación interna (que finalmente pidieron en febrero de 2022, al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo).
Tras la entrega del documento de Cremades, la CEE lo minusvaloró públicamente y presentó los dos informes (Para dar luz y la auditoría) el mismo día, en la víspera del sorteo de lotería de Navidad, sin previo aviso y dando protagonismo al suyo. Tampoco hubo rueda de prensa y la única declaración ante un medio fue la de su director de comunicación, José Gabriel Vera, a TV3, para arremeter contra los periodistas que preguntaban por los datos: “Ya basta de reducir las víctimas a cifras. Basta, porque si no les hacemos daño. Nos enredamos en la cosa divertida de ver quien la tiene más larga… la cifra, claro”.
El número de casos que los obispos han ignorado en su informe, además de los 325 que han desaparecido respecto a los declarados por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo, es mucho mayor. Al menos 654 si se compara la cifra oficial que maneja la CEE con los acusados que realmente se conocen: hasta el momento, 1.460, con al menos 2.608 víctimas, según la base de datos pública de EL PAÍS, la única que detalla todos los casos conocidos ―con iniciales del acusado, lugar y fecha de los hechos y fuente de la información― y recopila las que han salido a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión por parte de la propia Iglesia.
Algunas congregaciones y diócesis opinan que esta ocultación “lo único que ha conseguido es boicotear a las oficinas de atención a las víctimas de las diócesis que están trabajando bien”. La CEE ha reaccionado a las quejas rectificando silenciosamente el documento PDF colgado en la página web de la institución. Hasta el momento han sido cuatro versiones, la última este lunes, tras la información de EL PAÍS que señalaba el escándalo. Los casos contabilizados ya han ascendido de 806 a 888.
