El grupo municipal del PSOE denuncia ante el Gobierno de Aragón la negativa del equipo de gobierno de los conservadores a retirar la mención otorgada en 1951, una medida que apoya Vox y a la que no se oponen Cs y Par y que entraña para el consistorio el riesgo de perder ayudas oficiales de la comunidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La resistencia del PP de Calatayud a retirar la concesión de la medalla de oro de la ciudad a Franco en diciembre de 1951 y mantener esa decisión en el Libro de Honores y Distinciones de la ciudad, una posición en la que cuenta con el apoyo de Vox y a la que no se oponen Cs y el Par, aboca al ayuntamiento a una sanción millonaria en forma de pérdida de fondos procedentes de la comunidad autónoma: el grupo municipal del PSOE ha solicitado formalmente al Gobierno de Aragón que aplique la ley autonómica de Memoria Democrática tras haber transcurrido más de medio año desde que concluyó el plazo que esa norma daba para eliminar de símbolos franquistas del espacio público e invalidar las distinciones oficiales a sus representantes.
Concretamente, el 22 de noviembre finalizó el plazo inicial de 18 meses y su ampliación en otros seis por el estado de alarma para, entre otras obligaciones relacionadas con las menciones en el callejero y la presencia de vestigios, «revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones (…) y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista», una medida cuyo incumplimiento puede acarrear «la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Aragón».
«Las leyes están para cumplirse y aplicarse, y eso afecta a todos los ayuntamientos, también al de Calatayud», señaló Víctor Ruiz, portavoz municipal del PSOE, grupo que hace unos días formalizó ante el Gobierno de Aragón una «solicitud de cumplimiento de los preceptos» de esa norma, ya que el acuerdo por el que el consistorio bilbilitano le concedió la medalla «se encuentra en vigor».
La petición, que se encuentra sobre la mesa del consejero de Cultura, Felipe Faci, y de la directora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, sería, si prospera, la primera ocasión en la que se pone en marcha un expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aragonesa, algo completamente inusual en España pese a la proliferación de actos de exaltación del franquismo.
El Gobierno de Lambán mantiene la obligación de anular la concesión de la medalla
Patrimonio ya emitió hace casi dos años un informe, remitido al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, en el que concluía que debía «hacer constar en el mismo libro su revocación» de la medalla, ya que «de lo que se trata es de dejar constancia de la pérdida de reconocimiento».
Las leyes de memoria, añadía, «imponen una conducta a las administraciones públicas, en este caso al Ayuntamiento de Calatayud, consistente en adoptar las medidas oportunas para la retirada (…) sin que le corresponda (…) ponderar su cumplimiento sino proceder al mismo si la distinción concedida supone una forma de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura o el régimen franquista».
El Gobierno de Aragón no ha cambiado de criterio. «Ya se trasladó al Ayuntamiento de Calatayud la correspondiente indicación para que retire la concesión de la medalla al dictador», señalaron fuentes de la Consejería de Cultura, que añadieron que «el posible expediente sancionador, que conlleva la retirada de las subvenciones que podría conceder el Gobierno de Aragón, solo se puede aplicar en caso de que no sean subvenciones relacionadas con servicios básicos».
Una sanción de ese tipo tendría un impacto considerable en las cuentas del Ayuntamiento de Calatayud, que recibe alrededor de un millón y medio de euros al cabo del año de las arcas autonómicas: 370 por la participación directa en los tributos, 785.000 para financiar distintos servicios y 320.000 del Feder, según los datos del vigente presupuesto municipal.
Además de esas partidas, en las que se centraría el impacto de la eventual sanción por mantener la concesión de la medalla, las cuentas incluyen también una partida de casi 1,2 millones de euros para financiar las obras del nuevo polideportivo que sitúa la dependencia económica del consistorio bilbilitano en el entorno del 10%, ya que su presupuesto es de 20,8 millones de euros.
La medalla y su concesión son actos autónomos
La polémica por la medalla, con la que el Ayuntamiento de Calatayud se alinea con el de Zaragoza, también gobernado por una coalición PP-Cs, como el único de los principales de la comunidad que pone trabas al desarrollo de la Ley de Memoria, viene de lejos: el de la capital se niega a retirar del callejero a algunos de los principales impulsores de la purga que la dictadura desató en la escuela y en la universidad y a resignificar otras vías, mientras el bilbilitano se enroca en la negativa a anular el acto de concesión de la medalla al dictador y desoye los informes y requerimientos emitidos en ese sentido por los gobiernos estatal y autonómico, el Justicia (defensor del pueblo autonómico) y la propia Secretaría municipal, que ya advirtió a los concejales que esa postura podría acarrearles la obligación de cubrir con su patrimonio el quebranto que pueda sufrir el consistorio.
La concesión de la medalla, a título vitalicio, y su inscripción en el Libro de Honores y Distinciones de la ciudad, fue aprobada «por aclamación» por el Ayuntamiento el 26 de diciembre de 1951. Siete décadas después, el equipo de gobierno mantiene que esa mención dejó de tener vigencia con la muerte de Franco, aunque el acuerdo sigue existiendo. Y el conflicto se centra en este último aspecto.
En este sentido, el pleno aprobó a finales de junio del año pasado una reforma del Reglamento de Protocolo con la que las distinciones vitalicias deben darse de baja en el registro cuando sus titulares fallecen, algo que afectaría de lleno a la medalla a Franco.
Sin embargo, eso no afecta a la vigencia del acuerdo por el que se le concedió, ya que se trata de actos administrativos autónomos, y cuya anulación rechazó ese mismo pleno con los votos de PP y Vox, que rechazaron una propuesta en ese sentido del PSOE ante la que Cs y Par se abstuvieron.
La fosa común de Cortasogas
Por otro lado, el grupo socialista ha logrado la convocatoria de un pleno extraordinario para primeros de septiembre en el que, entre otras iniciativas, se votará una para solicitar a la FEMP una ayuda de su convocatoria de actuaciones para la recuperación de la memoria democrática para financiar los primeros trabajos en la fosa de Cortasogas, cercana al barranco de La Bartolina, en el que reposan los restos de más de 300 represaliados por los sublevados, y que sería uno de los ocho enterramientos clandestinos del término municipal.
Allí, según las investigaciones que el historiador Nacho Moreno recogió en «La ciudad silenciada y la tradición oral que algunos familiares ya mayores mantienen viva, se encuentran los restos de al menos cuatro personas fusiladas por los sublevados en los primeros días de agosto de 1936: el médico Eradio López Táppero, el industrial Eugenio Castillo Ibarra, el abogado Germán Baquedano Barra y Serafín, el cura de San Martín de Grío.
«Hace 85 años que fueron asesinados y su gente sigue sin saber dónde están sus restos», explica la concejal socialista Julia Olivas, que destaca un rasgo común entre los cuatro asesinados: «Los cuatro pensaban que a ellos no podía pasarles lo que estaban viendo, no tenían la sensación de haber hecho nada malo».
López, que trabajaba en La Azucarera, asistía a pacientes humildes sin cobrarles, Baquedano estaba afiliado a UGT y Serafín «reprochaba desde el púlpito las fechorías que se estaban cometiendo, decía que estaban matando a inocentes, que eran venganzas» explica Olivas, que plantea «¿cómo se puede hablar de reabrir heridas si nunca se han cerrado?».