Un comité en el que participó Carmen Calvo concluye que fue de titularidad pública hasta hace 12 años y pide al Gobierno que impugne en bloque todas las inmatriculaciones
Una comisión de expertos ha concluido que la Mezquita de Córdoba —declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco— mantuvo durante 12 siglos su titularidad pública hasta que la Iglesia la puso a su nombre en 2006. El clero se apropió del monumento gracias a una reforma que el Gobierno de José María Aznar hizo de una ley franquista de 1946.
Este comité de cuatro expertos —comisionado por el Ayuntamiento de Córdoba para fundamentar la titularidad pública de la Mezquita— pide, además, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anule en bloque todas las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998, cuando Aznar permitió el registro de los templos de culto, hasta 2015. En estas consideraciones participó Carmen Calvo como constitucionalista cuando no era vicepresidenta.
Los expertos razonan que no hay rastro histórico documental de que la Mezquita pertenezca a la Iglesia antes de 2006. Los historiadores han constatado la estrecha relación de la Administración pública con la organización del edificio durante siglos y cómo el archivero de la catedral no menciona ningún documento de propiedad, a pesar de su utilidad como lugar de culto. “El clero ha tenido la posesión, pero no se comprueba la propiedad. Si hubiera estado acreditada antes de 2006, no se habría inmatriculado”, razona Alejandro García Sanjuan, profesor de Historia medieval en la Universidad de Huelva y miembro del comité, que este sábado presenta sus conclusiones en Córdoba. Los historiadores reclaman que la gestión del monumento se haga bajo “criterios profesionales” —como por ejemplo en la Alhambra— y no “confesionales”.
Los expertos apuntan alto y reclaman una solución global para que el Gobierno anule en bloque las miles de inmatriculaciones (bienes registrados por primera vez) que la Iglesia llevó a cabo entre 1998 y 2015. Esos años los obispos inscribieron catedrales e iglesias, hasta entonces consideradas bienes públicos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, elaboró las conclusiones jurídicas de dicho informe antes de entrar en el Gobierno. Calvo fundamentó las vías jurídicas para anular las inmatriculaciones y ningún otro jurista la sustituyó el pasado junio tras integrarse en el Gobierno, aunque se desvinculó del comité. La vicepresidenta rehusó pronunciarse. “No sería ni ético ni estético”, dijo una portavoz.
“Es una solución general a escala legal porque hubo una disposición transitoria con medidas intolerables”, resume sobre la reforma de Aznar el exdirector general de la Unesco y presidente de la comisión, Federico Mayor Zaragoza. Los expertos entregan este sábado su dictamen al Consistorio cordobés y este decidirá si lo eleva al Gobierno.
La Iglesia inmatriculó en 2006 la Mezquita de Córdoba en el registro de la propiedad a cambio de 30 euros. En 2016 visitaron el monumento 1,8 millones de turistas, a los que la Diócesis de Córdoba cobró una entrada de 10 euros, como norma general. Ahora los expertos concluyen que el Ayuntamiento puede emprender acciones legales contra la Iglesia para recuperar su titularidad pública, pero que la fórmula ideal debe ser común y provenir del Gobierno para evitar miles de pleitos por todo el país. “Preferimos una acción conjunta desde el Gobierno central para retrotraernos a la situación previa a la inmatriculación”, aclara García Sanjuan. Junto a la solución global, los expertos hacen hincapié en “casos particulares con argumentos concretos” como la Mezquita cordobesa o la Catedral y la Giralda de Sevilla, inmatriculadas en 2010 por la Iglesia.
Mandato a registradores
Sobre la solución jurídica global, el Gobierno podría optar por un mandato a los registradores para que cancelen todas las inmatriculaciones, dado que las considera nulas al ir contra los derechos humanos, según tres sentencias recientes del Tribunal de Estrasburgo, considera Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. El alto tribunal calificó en sus fallos de arbitrario el procedimiento de inmatriculación de la Iglesia y condenó al Estado español.
Los registradores, sin embargo, advirtieron recientemente, en declaraciones a Abc, que se necesita el concurso de un juez para declarar nulas esas inscripciones.
Las plataformas ciudadanas intentaron sin éxito que el Congreso y el Parlamento andaluz interpusieran recursos de inconstitucionalidad contra las leyes franquistas por “equiparar a la Iglesia con la Administración y a los obispos con funcionarios”, denuncia Rodríguez, pero no lograron el apoyo de los socialistas, que ahora han cambiado de parecer. En 2015, el Gobierno del PP derogó ambas leyes de 1946 y 1947 para evitar que fueran declaradas inconstitucionales al no existir, por lo que dejó en un limbo legal todas las inmatriculaciones que había llevado a cabo la Iglesia durante 70 años.
El Ministerio de Justicia elabora ahora un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia y cuáles de ellos reclamará. A pesar de que es previsible que la Mezquita esté entre estos últimos, Justicia evita confirmarlo de momento ya que entregará el listado al Congreso y este lo difundirá.
“La Mezquita es patrimonio de todos y tiene que haber un respeto a la tradición y a la historia. Las inmatriculaciones que realizó la Iglesia en toda España gracias a una ley que hizo el PP son intolerables”, opinan fuentes de la Junta andaluza. El Arzobispado de Córdoba declinó ayer comentar la polémica. Además de iglesias, los obispos inscribieron fincas, cementerios, casas rectorales, casas de maestros, frontones, ruinas, garajes, plazas y fuentes entre otros bienes.
“La gente no interioriza la importancia de inmatricular la Mezquita o cualquier otro templo. Si es propiedad privada se puede vender. No es un hecho menor, es muy importante. La Mezquita se podría vender”, alerta uno de los expertos.
Mayor Zaragoza: “No hay nada que negociar con la Iglesia”
Cuando trascendió que el Gobierno podría reclamar la titularidad de bienes inmatriculados por la Iglesia, los obispos hablaron de “una desamortización encubierta”. Los laicos, sin embargo, se refieren a las inmatriculaciones como una “desamortización a la inversa”. La batalla parece evidente.
Sobre una hipotética negociación Gobierno-Iglesia, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza fue ayer tajante: “No hay nada que negociar con la Iglesia”, dijo tras la nula disposición de la jerarquía a devolver los bienes registrados sin títulos de propiedad.
Entre los episodios que denotan la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba y la implicación de las Administraciones a lo largo de la historia, los expertos destacan cómo en el siglo XVI el obispo quería hacer unas obras en el crucero de la catedral, pero el concejo de la ciudad andaluza se opuso. Dado que el obispo no daba su brazo a torcer, el concejo decretó la pena de muerte para todo aquel que participara en las obras previstas. La reacción del clero fue decretar la excomunión de los miembros del concejo. “Finalmente, Carlos I decidió dar licencia al obispo para ejecutar las obras del crucero, pero fue el rey [como Administración de la época] el que decidió y eso es lo relevante”, subraya Juan Bautista Carpio, historiador medieval de la Universidad de Córdoba y miembro del comité de expertos.
La Mezquita fue un espacio de culto y representación de la dinastía Omeya y dejó de funcionar como centro de culto islámico en 1236, pero esta circunstancia no supuso que el rey Fernando III otorgara la propiedad del monumento a la Iglesia, según han constatado los historiadores. “Desde entonces, el cabildo ha tenido presencia permanente pero no se ha comprobado su propiedad”, destaca Alejandro García Sanjuan, historiador que ha formado asimismo parte de la comisión.
La inmatriculación de catedrales españolas de extraordinaria riqueza artística contrasta con el ejemplo de países vecinos. ¿De quién es la catedral de Lisboa o Notre Dame? De los Estados portugués y francés, respectivamente. “¿Por qué el Vaticano reconoce en Portugal lo que niega en España?”, se pregunta el jurista Antonio Manuel Rodríguez.
