El anticlericalismo tuvo su versión más demagógica en la figura de Alejandro Lerroux, siendo una postura mucho más elaborada en el resto del republicanismo, así como entre los socialistas y anarquistas.
En el reinado de Alfonso XIII, la Iglesia continuó disfrutando de una posición de privilegio, pero dentro del sistema político se acentuó una postura política que sin llegar a pretender la laicidad del Estado sí intentó frenar el poder eclesiástico. Fuera del sistema, el anticlericalismo político, intelectual y popular se disparó.
La Iglesia siguió desempeñando un papel privilegiado en el reinado de Alfonso XIII, como venía haciendo desde 1876, especialmente en el campo educativo, impidiendo la libertad de cultos y luchando contra la aprobación de leyes que fueran en un sentido laico. En 1919 consiguió que España se adscribiera al culto del Sagrado Corazón de Jesús. Debido a su férrea postura, la cuestión religiosa comenzó a tener un gran protagonismo en el debate y la confrontación política, así como en los conflictos sociales.
En 1909 se produjo la Semana Trágica en Barcelona, con quema de numerosos conventos e iglesias. Un sector del movimiento obrero identificaba a la Iglesia como un objetivo a combatir por estar comprometida con los sectores políticos, económicos y sociales poderosos del país. Los edificios religiosos se convirtieron en un blanco fácil para liberar la tensión acumulada por el paro industrial y por el envío de reservistas a la guerra de Marruecos.
El anticlericalismo tuvo su versión más demagógica en la figura de Alejandro Lerroux, siendo una postura mucho más elaborada en el resto del republicanismo, así como entre los socialistas y anarquistas.
También dentro del sistema político, los sectores más liberales y progresistas deseaban frenar el excesivo poder que la Iglesia acumulaba. Canalejas promovió la famosa Ley del Candado. Esta disposición fue promulgada en el año 1910. Interrumpía por dos años la creación de órdenes religiosas si no mediaba una autorización especial del Ministerio de Gracia y Justicia, en tanto no se aprobaba una nueva ley de asociaciones. El Partido Liberal también quería que se regulase el matrimonio civil.
La discusión parlamentaria de esta Ley fue intensísima por la violenta oposición de los católicos y de la jerarquía eclesiástica. La tensión se acumulaba desde el año anterior cuando se publicó una real orden que autorizaba los signos externos de otras confesiones, algo que no estaba contemplado en la Constitución de 1876, que permitía el culto privado de otras religiones, pero no sus manifestaciones externas. La Iglesia interpretó la política de Canalejas como el primer paso hacia la promulgación de la libertad de cultos y eso era considerado como algo intolerable. Militantes católicos fueron movilizados por los obispos y crearon unas “juntas de defensa”, amenazando con la guerra civil. Roma apoyó esta movilización para intentar presionar a Canalejas con el fin de que diera marcha atrás, pero no lo consiguió.
La Dictadura de Primo de Rivera supuso un paréntesis de las actividades laicas y anticlericales, aunque algunas críticas a la Iglesia se deslizaron en la prensa, como en el caso de los artículos de Luis Tapia.
