La Junta tendrá en cuenta la sensibilidad social en el caso de los crucifijos

Los servicios jurídicos de la Consejería de Educación se han volcado en estudiar en detalle el fallo del 14 de noviembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid por el que se obliga a la retirada de los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea, sito en la capital vallisoletana.
 
 El viceconsejero de Educación Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala, afirmó ayer que la sentencia es «compleja», lo que requiere un estudio detallado de la misma para fijar la posición del Gobierno castellano y leonés respecto a si finalmente es recurrida.
 
Sánchez-Pascuala reiteró que si definitivamente se opta por el recurso al fallo del juez Alejandro Valentín Sastre, la argumentación contra la sentencia promovida por la demanda de Fernando Pastor, padre de una niña matriculada en el mencionado centro escolar con el respaldo de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, se basará estrictamente en argumentos jurídicos.
 
Anterior sentencia
Uno de los elementos jurídicos que pudiera constituir el recurso, si así se decide, es una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León de 2007 que atribuye a los consejos escolares como órganos competentes para decidir la pertinencia de la permanencia de símbolos religiosos en los centros de enseñanza, posición defendida ya en su día por la Consejería de Educación en el caso del colegio público Isabel la Católica de Valladolid.
 
Sin embargo, el viceconsejero de Educación Escolar reconoció que el Ejecutivo autonómico «no puede ser ajeno a la sensibilidad social». Sánchez-Pascuala subrayó que como todo Gobierno democrático la Junta de Castilla y León debe responder a las demandas y opinión de los ciudadanos, además de actuar según los preceptos políticos respaldados por la mayoría de los votos en las urnas.
 
En su opinión, el caso del Macías Picavea ha generado un conflicto jurídico que en otros casos han sido resueltos sin mayor polémica en el seno de los consejos escolares, donde la Consejería de Educación deposita la capacidad de resolver esta cuestión. Además, recordó que desde hace muchos años los nuevos colegios no cuentan con crucifijos y en los que había anteriormente se han retirado con plena normalidad.
 
De hecho, Sánchez-Pascuala recordó que en su momento hubo centros en los que se habilitó un espacio para depositar los símbolos religiosos o el director del centro escolar los acogió en su despacho.
 
No hay conflictos
De todos modos, el viceconsejero subrayó que la sentencia del colegio público Macías Picavea no denota ningún tipo de conflicto y enfrentamiento entre las familias del colegio de Valladolid, aunque si de una disparidad de opiniones, pero lamentó que la iniciativa de la Asociación Cultural Escuela Laica intente sustraer a los consejos escolares la mencionada competencia decisoria. Aún así, Fernando Sánchez-Pascuala reiteró su apoyo a la labor de la dirección del centro escolar, así como del consejo escolar, tanto del saliente como en recientemente constituido.
 
Ya el lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, expresó su discrepancia con algunos de los argumentos del fallo judicial, como es que los símbolos religiosos conculcan los derechos fundamentales.
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