La condenada recibió otros 99 latigazos a causa de una foto que le atribuyeron por error
Los familiares de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la iraní condenada a morir apedreada por los presuntos delitos de adulterio y el asesinato de su marido, temen que la sentencia sea ejecutada de forma inminente cuando termine el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que concluirá el próximo 10 de septiembre.
"El Ramadán llega a su fin y, según la ley islámica, las ejecuciones pueden de nuevo ser aplicadas", afirmó ayer el hijo de Ashtiani, Sajad Ghaderzadeh, en una conferencia telefónica entre Teherán y París.
Ghaderzadeh, de 22 años, también anunció que su madre había recibido 99 latigazos (tortura a la que ya fue sometida en otra ocasión) como castigo por la publicación, el 28 de agosto, de una foto en The Times, en la que aparecía una mujer que no se cubría con el velo islámico. Dicha mujer fue identificada por error como Ashtiani. Pese a que el periódico pidió perdón por el fallo, la Justicia iraní aplicó igualmente ese castigo por el supuesto delito de "corrupción e indecencia". Ghaderzadeh ha acusado a las autoridades iraníes de utilizar el error de la foto como "excusa para incrementar el acoso" contra su madre.
Ashtiani, de 43 años, fue encarcelada en 2006 por mantener una "relación ilícita" con dos hombres después de la muerte de su marido. Poco después, fue condenada a morir bajo la acusación de adulterio y por su presunta implicación en el fallecimiento de su esposo, que confesó en unas declaraciones televisadas que sus familiares aseguran que fueron obtenidas bajo tortura.
Irán es uno de los países que más presos ejecuta en el mundo. En 2009, más de 388 personas fueron ajusticiadas, según Amnistía Internacional (AI). Las ejecuciones de al menos 14 de ellas tuvieron lugar en público. Cinco de los sometidos a la pena capital fueron condenados por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
Otras lapidaciones
Según AI, otras siete mujeres y tres hombres están en peligro de ser lapidados en cualquier momento, y más de 135 jóvenes podrían ser ejecutados por supuestos delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad.
