El pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba solicitar al arzobispado una lista de los bienes, entre los que se encuentra la Catedral y La Antigua
¿Cuántos bienes inmatriculó la Iglesia (inscribió por primera vez en el registro de la propiedad) desde 1998, cuando una reforma de la ley hipotecaria lo permitió (sin necesidad de hacerlo público y sin pagar impuesto de transmisión), hasta 2015, cuando una nueva modificación normativa lo impidió?La pregunta, a instancias de Sí Se Puede, sobrevoló ayer el pleno municipal. La portavoz del grupo, Charo Chávez, apeló a la «transparencia activa», a la necesidad de elaborar un listado sobre estos «bienes de dominio público inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derechoreal». «En Castilla y León no hay informes al respecto», dijo Chávez. «No está de más conocer cuántos bienes son, por si hay alguno que el Ayuntamiento puede reclamar», apuntó María Sánchez (Toma la Palabra). «No sabemos si ha habido inmatriculaciones o no», reconocía Pedro Herrero, portavoz del PSOE.
Y la respuesta a esta pregunta, de acuerdo con los últimos registros, es que 16. El Arzobispado ha inmatriculado 16 propiedades (todas ellas iglesias) desde aquella reforma (de 1998) de la Ley Hipotecaria (de 1946) que otorgaba potestad a los secretarios-cancilleres de la diócesis (también a los secretarios de ayuntamientos) de registrar por primera vez los bienes de los que no había escritura. Esta cifra es inferior a la de otras provincias porque en Valladolid muchas iglesias, parroquias o conventos ya pertenecían a diversas congregaciones (como franciscanos, carmelitas, clarisas, agustinas, cistercienses). Además, hay cuatro templos propiedad de la Junta (San Pío, San Fernando, San Ignacio de Loyola y Santo Domingo de Guzmán) y otros tres que corresponden a las penitenciales (Vera Cruz, Jesús Nazareno y Angustias).
Así, las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia en Valladolid durante esos años en los que, con la ley en la mano, pudo hacerlo son La Antigua, el Carmen de Extramuros, El Rosario, San Andrés, San Ildefonso, San Juan Bautista, San Martín, San Miguel, San Nicolás, San Pedro Apóstol, Santa María Magdalena, Santiago Apóstol, El Salvador, San Juan Bautista, San Juan de Letrán… y, el caso más destacable, la catedral. La seo está en el registro de la propiedad desde el 23 de marzo de 2007. Ya figuraba en el catastro a nombre del Arzobispado, por lo que en este caso solo hubo que solicitar un certificado, firmado por el canciller-secretario, y que se trasladó a Hacienda (está exento de IBI) y al registro de la propiedad.
Templos y lugares de culto
Estas inmatriculaciones se hicieron, en su mayoría, durante el pasado decenio y en ellas, al margen de los templos, no se incluye ningún otro tipo de inmueble propiedad de la diócesis. El Seminario, los colegios o el Palacio Arzobispal ya estaban escriturados o bien son de construcción más moderna. La Iglesia católica ha insistido en varias ocasiones en que estas inmatriculaciones (de bienes en muchos casos anteriores a los registros y los catastros) afectan a «edificios construidos hace siglos y cuya propiedad por parte de la Iglesia ha sido admitida por los ciudadanos de forma pacífica e indultada durante ese mismo tiempo».
En todo caso, el pleno acordó ayer dirigirse al Arzobispado de Valladolid para conocer estos datos y, en caso de que los registros de la diócesis vallisoletana plantearan dudas, encaminarse a otro tipo de instancias, como el Ministerio de Justicia, para conocer datos sobre las inmatriculaciones. Esta no era la pretensión inicial de Sí Se Puede (secundada por Toma la Palabra) que, con independencia de lo que respondieran en el Arzobispado, reclamaba que, de forma paralela y prioritaria, se acudiera a otros registros para «contrastar».
El PP, con argumentos de su portavoz, Jesús Enríquez, defendió que la Iglesia «no se ha apropiado de bienes de dominio público, sino que ha inscrito templos de culto». «¿Es usurpación inscribir la catedral o La Antigua?», plantearon los populares. Pilar Vicente apuntó que estas inscripciones «se hicieron conforme a la ley» y entendió que la moción de Sí Se Puede respondía a una cuestión«puramente ideológica. Buscan hacer una suerte de nueva desamortización».
Mediación del alcalde
El alcalde, Óscar Puente, propuso –«como muestra de buena voluntad»– reclamar primero los datos al Arzobispado (el titular) y «si luego hubiera alguna duda, acudir a otros registros». Esta propuesta, que finalmente prosperó, contó con el respaldo del Partido Popular, quien subrayó la «buena voluntad» de la diócesis vallisoletana en este punto. Enríquez recordó la controversia suscitada en torno al parque de San Isidro, que contaba con una doble inscripción a nombre del Ayuntamiento y el Arzobispado. «Allí llegamos a un acuerdo por el que la ermita se reconocía de la Iglesia y el parque, del Ayuntamiento, con una servidumbre de paso para la procesión».
Sí Se Puede –como Toma la Palabra– votó en contra de esta propuesta al entender que la petición de información al Arzobispado «no es incompatible con acudir al Ministerio de Justicia o a cualquier otro registro para elaborar un listado contrastado. Inscribir una propiedad sin publicidad es un privilegio que no casa con la idea de transparencia que defendemos», aseguró Charo Chávez, quien dijo que le sorprendía que se vieran «cuestiones ocultas» en esta petición de información sobre una práctica que, desde la marca local de Podemos, definieron como «abuso de derecho» y «apropiación indebida de bienes».
