La Conferencia Episcopal celebra su primera jornada de estudio con los responsables de las oficinas antipederastia de toda España, a la que (de nuevo) no fueron invitadas las asociaciones de víctimas: “Sería conveniente que reconocieran en público que los delitos existen”, sostiene Juan Cuatrecasas.
El pasado miércoles, la sede de la Conferencia Episcopal española acogía su primera jornada para la protección de los menores y prevención de abusos. Una reunión que, por primera vez, reunía a los responsables de las Oficinas Antipederastia creadas en las diócesis y provincias eclesiásticas, por orden del Vaticano, para acoger a los supervivientes y trabajar por la transparencia y el fin del encubrimiento eclesiástico a los abusos a menores.
Con una sonora ausencia: las víctimas. A lo largo de la jornada no se escucharon las voces de los supervivientes del acoso y la violencia ejercida, durante años, por clérigos, religiosos o personal de instituciones católicas contra niños y niñas, durante años amparados por el silencio de la institución y ahora, por la ineficacia de la Iglesia española y su falta de voluntad de hacer una investigación de la realidad de los abusos en nuestro país, como han hecho la totalidad de los estados de nuestro entorno.
“Pierden otra oportunidad”
“La Iglesia española vuelve a perder una oportunidad de acercarse a las víctimas, de contar con nosotros. Una más”, lamenta Alberto, víctima de abusos de un religioso hace dos décadas. “Yo le diría a toda esta gente que sería bueno que cuando hicieran una reunión sobre los abusos a la infancia, que llamaran a víctimas, para saber de lo que ellos hablan”, recalca Julio, abusado por un cura en Asturias en la década de los ochenta.
“Ellos hablan de sus abusos, pero no saben de los daños psicológicos que nos han causado, el daño de vida. Sería muy bueno que hicieran un poco de reflexión escuchando nuestras vidas, lo que ha sido el antes y el después de esos abusos”, explica. Por su parte, Juan Cuatrecasas, el ‘padre coraje’ del caso Gaztelueta, tira de ironía y recalca que “sería conveniente que en una jornada antiabusos se contara con la voz de las víctimas, y que la Conferencia Episcopal reconociera en público que los delitos existen para que algunos dejen de abuchear a quienes los denuncian”.
Las jornadas, que han pasado casi de puntillas por la actualidad (la CEE colgó una breve nota en su web al término de las mismas), fueron inauguradas por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Tras los saludos iniciales, los participantes realizaron una puesta en común del trabajo de estas oficinas diocesanas. El panorama, según ha podido sondear elDiario.es, resulta “desolador”, entre quienes aseguran no haber tenido ninguna denuncia en estos meses, hasta los que se rebelan y critican que en las comisiones antiabusos “no hacemos absolutamente nada”. Y es que, en la práctica, estos órganos no tienen una función definida.
Porque, aunque el Directorio para la prevención y lucha contra los abusos ya ha sido aprobado por el Vaticano, todavía no ha sido publicado por la Conferencia Episcopal. “No tenemos criterio, avanzamos cada una por nuestra cuenta, dependemos totalmente de la voluntad de nuestro obispo”, asegura un responsable de una de estas oficinas, que exige el anonimato. “La coordinación es esencial para conocer lo que están haciendo otros, y mejorar”. De hecho, este era uno de los objetivos de las jornadas: generar una coordinación entre las diócesis y la Conferencia Episcopal. En abril, los obispos aprobaron la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos, un “servicio de comunión y ayuda se prestará a las oficinas diocesanas creadas en toda España para apoyar sus trabajos en las diversas áreas de su actividad”, según la nota de la CEE
Sólo 220 casos reconocidos
Otro de los problemas es que, hasta la fecha, únicamente se ha trabajado, salvo excepciones, en la gestión de las denuncias de nuevos casos, pero no en cómo se ayuda a las personas que han sufrido abusos en el pasado y que ahora necesitan atención y reparación, también económica. Un tema del que no se habla: las indemnizaciones a las víctimas del horror. Que no sabemos cuántos son, pues la Iglesia española se niega, sistemáticamente, a ofrecer datos: de hecho, solo sabemos los ofrecidos desde la Congregación para la Doctrina de la Fe (que no han sido avalados ni verificados por ningún organismo), apunta a que las denuncias recibidas por el Vaticano por abusos sexuales de sacerdotes a menores en España desde 2001 ascienden a 220, de los que 151 casos han sido ya resueltos, mientras que otros 69 siguen abiertos. Unas cifras muy alejadas de la recopilación periodística, que muestra alrededor de un millar de denuncias, que se muestran como la punta del iceberg de la pederastia clerical.
Las jornadas contaron con dos ponencias: la primera, a cargo de Jesús Rodríguez Torrente, Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, sobre la ‘Identidad de las oficinas de denuncias de abusos a menores’; mientras que el vicesecretario de Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia, ha expuesto los ‘Tipos de denuncias y posibilidades de actuación’. Por la tarde, intervino Salomé Adroher, analizando el ‘Cuidado integral de menores y personas vulnerables’. Unas víctimas que, de nuevo, no tuvieron voz ni voto en la asamblea eclesiástica.
