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La Iglesia de Cádiz cederá a Barbate su cementerio a cambio de otra propiedad

Comentarios del Observatorio

La noticia obvia un dato importante, y es que el cementerio fue inmatriculado (registrado por primera vez ya que no estaba registrado por nadie en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia haciendo uso de un privilegio franquista muy cuestionado. El Ayuntamiento podría litigar en los tribunales por la propiedad de este inmueble. Desde el movimiento laicista se considera que este privilegio preconstitucional es además inconstitucional e injusto.

El Obispado asegura que transmitirá “gratis” el camposanto y que la contraprestación es para compensar el gasto de unas obras de ampliación

El Obispado de Cádiz está dispuesto a firmar la paz en la guerra que mantiene desde hace más de un año con el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) a cuentas de su cementerio. Después de que este verano en torno a un centenar de vecinos se manifestasen con gritos y pintadas contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, descontentos con la gestión y la subida de tarifas; la Iglesia gaditana ha enviado al Consistorio el borrador de un convenio en el que dice ofrecer la cesión “gratuita” de las instalaciones. Eso sí, añade que espera una compensación en forma de local o propiedad por unas obras de ampliación que realizó hace una década.

Al Ayuntamiento le gusta como suena la música de la propuesta, informada por el propio Obispado la noche del pasado miércoles. El alcalde de la localidad, Miguel Molina, ha asegurado que durante estos días se sentarán a estudiar el borrador. “En esta propuesta al mismo tiempo se nos pide una contraprestación al respecto. Queremos ultimarlo, sentarnos con ellos [por el Obispado] y ver qué tipo de contraprestación piden”, ha explicado el regidor en una comparecencia en vídeo remitida este jueves a los medios. En cualquier caso, Molina ha dejado claro que le gusta el ofrecimiento: “Es una noticia importante”.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de los barbateños con su cementerio cayó el pasado 31 de agosto. Ese fin de semana, varios vecinos se toparon con la cancela del camposanto cerrada, justo cuando querían visitar a sus fallecidos en una localidad con fuerte raigambre al culto a los difuntos. El cierre puntual se sumaba al enfrentamiento soterrado que el Ayuntamiento mantenía desde hace un año con el Obispado y la parroquia de San Paulino —titular legal del espacio— a cuentas de la actualización de tarifas por enterramientos y otros servicios que realizó la Iglesia en 2023, después de ocho años congeladas.

El Obispado, que no ha hecho público el borrador propuesto al Ayuntamiento, asegura que ofrecerá de forma gratuita el cementerio, en referencia a la parte más antigua del espacio, que explota desde hace un siglo. La Iglesia asegura que actúa “con generosidad y salvaguardando el interés general de la ciudadanía”. En la propuesta también ofrece la subrogación del personal del camposanto, algo que el Ayuntamiento ya ha respondido que estudiará. “Hay trabajadores que queremos que sigan en el cementerio porque lo están haciendo de forma magnífica”, ha avanzado Molina.

Distinto es lo como la parroquia y la Diócesis consideran que se debe compensarles por la ampliación de las instalaciones, realizadas hace ya más de una década, en las que la Iglesia asumió en soledad unas obras realizadas con permiso municipal sobre 5.500 metros de monte público. Aquella inversión de 500.000 euros que la parroquia ha ido pagando con un préstamo con los beneficios que le generaba la venta de nichos y tumbas exige ahora, para el Obispado, una compensación en un bien inmueble por determinar por el Consistorio. “Algún local u otra propiedad que pudiera ser de utilidad a la Parroquia o a Cáritas por la cesión que llevará a cabo de aquella parte del cementerio, cuyo dominio le pertenece”, añade la Iglesia en el comunicado.

El cementerio de Barbate se suma a una lista de camposantos parroquiales en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Benalup o Zahara de los Atunes que aún gestiona la Diócesis. Otros, como los de Facinas y Paterna, ya se han cedido a los consistorios, en fórmulas parecidas la planteada ahora a Barbate. Es una estrategia que sigue desde hace unos años el Obispado, interesado en desligarse de unos espacios que ya no tienen la labor que tenían en el pasado —enterrarse en sagrado bajo el culto católico— y que le suponen un esfuerzo económico y logístico complicado de asumir para determinadas parroquias.

Con esa excusa, el Obispado sondeó varias opciones para gestionar los cementerios de forma mancomunada, pese a ser de titularidad parroquial. Llegó a crear hasta una empresa en 2019, Santa Marta Servicios de Administración, S.L., con el sacerdote y antiguo ecónomo de la Diócesis, Antonio Diufaín, como administrador único. Sin embargo, al tiempo optó por extinguirla y nombrar a Diufaín —anterior mano derecha de Zornoza y una figura controvertida en la Diócesis— administrador parroquial de esos espacios, como ocurre en el caso de Barbate.

El caso del cementerio de Barbate es aún más enrevesado que otros camposantos de la Diócesis, a cuentas de esas obras de ampliación realizadas sobre un suelo público, después que el Consistorio en su día asegurase que no tenía fondos para costearlas. Una situación jurídica del terreno anexionado “compleja”, como asegura el Obispado, que han llevado a la institución a tener claro que “es preciso permitir que el Ayuntamiento pase a administrar la totalidad del cementerio concebido como una unidad y cementerio propio en su totalidad, de manera que la ciudadanía pueda visitar a sus difuntos enterrados tanto en la parte antigua como en la nueva”.

La Iglesia de Cádiz asegura que ha realizado “distintos ofrecimientos” al Ayuntamiento desde que en 2023 se enrarecieron las relaciones entre ambos a cuentas de la gestión cementerio, aunque no ha detallado qué impidió alcanzar una firma que ahora parece más cerca que nunca. En el Consistorio ahora están por la labor, aunque con el fuerte condicionante de trabajar con el lastre de una abultada deuda con el Estado que les ata a un plan de ajuste que les impide realizar grandes inversiones o ampliaciones de personal.

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