Desde el Episcopado se quiere dar protagonismo a familias y profesores, pero recuerdan que en 1995, 19 diócesis recurrieron ante el Supremo el «decreto Pertierra
La Iglesia católica en España, a través de las delegaciones diocesanas de Enseñanza y Catequesis y de distintas asociaciones de padres como Concapa, ha admitido la «posibilidad real» de llevar al Gobierno socialista a los tribunales, si finalmente se lleva a cabo la salida de la asignatura de Religión del horario lectivo, o se elimina la alternativa a la misma, como pretende el Ministerio de Educación.
Según confirmó a ABC el responsable de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, Modesto Romero, «no se puede descartar» la presentación de recursos contra esta medida, que en opinión de la Iglesia podría ir en contra del artículo 27.3 de la Constitución, así como del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español en materia educativa suscrito el 3 de enero de 1979. Aunque Romero aclaró que «lo lógico sería que, en principio, fueran las asociaciones de padres y profesores los que llevaran a cabo esta medida», sí recordó que en 1995 casi veinte diócesis presentaron recurso ante el Tribunal Supremo contra el «decreto Suárez Pertierra», que eliminaba la alternativa a la Religión. Éstas eran los arzobispados de Burgos, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y los obispados de Alcalá de Henares, Ávila, Bilbao, Canarias, Cartagena-Murcia, Ciudad Real, Getafe, Mallorca, Orihuela-Alicante y Osma-Soria, representados por el procurador Juan Antonio García San Miguel.
Evaluable «a todos los efectos»
En su sentencia, de 14 de abril de 1998, el Alto Tribunal daba la razón a la Iglesia, lo que obligó al Gobierno a volver a la solución planteada en 1994: esto es, que la asignatura de Religión sería evaluable «a todos los efectos» y computable excepto para el acceso a la Universidad. Del mismo modo, se obligaba a que la alternativa a la Religión fuera una asignatura «con el mismo rango», en contra de las propuestas planteadas de parchís o estudio.
El delegado de Enseñanza del Arzobispado de Madrid, Avelino Revilla, manifestó a este diario que «no sólo como miembros de la Iglesia, sino como ciudadanos, debemos protestar contra un proyecto que, de llevarse a cabo, atentaría claramente contra el artículo 27.3 de la Constitución (que consagra el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones), y contra los Acuerdos Iglesia-Estado en materia educativa (que apuntan al derecho a recibir formación religiosa sin que ello suponga discriminación alguna)».
Aunque no quiso adelantar las próximas medidas a adoptar por los responsables eclesiásticos, Revilla no descartó «ir a los tribunales» si finalmente el proyecto del Gobierno se lleva a cabo y la Religión es retirada del horario lectivo o desaparece su alternativa. «No entiendo por qué no puede haber iniciativas judiciales frente a una normativa que incumple la Constitución y unos Acuerdos internacionales», subrayó.
La propuesta planteada en septiembre por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, prevé que la clase de Religión no tenga carácter evaluable ni asignatura alternativa, lo que es visto desde sectores del Episcopado como «un claro intento de acabar con la asignatura de Religión en la escuela pública». Educación también apuesta por que esta materia se imparta dentro de la escuela, pero fuera del horario lectivo común u obligatorio.
Por el momento, las medidas iniciadas por la Iglesia se remiten a la decisión adoptada por todas las delegaciones diocesanas de Enseñanza para recoger firmas en parroquias y colegios católicos en contra del «arrinconamiento» de la asignatura de Religión en el sistema educativo propuesto desde el departamento dirigido por San Segundo. Desde la pasada semana, responsables diocesanos han enviado cartas a todos los sacerdotes y docentes instándoles a adherirse a la propuesta formulada hace meses por la Concapa y articulada en casi todo el país a través de la «Plataforma en Defensa de la Asignatura de Religión», que hasta la fecha ya ha recogido más de medio millón de firmas.
No descartar ninguna respuesta
Para Rafael Cerdá, delegado de Enseñanza y Catequesis del Arzobispado de Valencia, «queremos llegar a todas partes, y ofrecer a toda la ciudadanía la posibilidad de protestar contra una medida que no es buena para la sociedad». Ante la posibilidad de llegar hasta los tribunales, como ya se hiciera en 1995, Cerdá indicó a este diario que «tenemos que ser absolutamente escrupulosos con los plazos de las leyes, y realizar en cada momento las acciones que estimemos oportunas». «En un segundo momento -aclaró-, si se aprueba esa reforma, articularemos las posibles respuestas, sin descartar acudir a los tribunales». En opinión del delegado, sacar la Religión del horario lectivo o eliminar su alternativa «chocaría con el artículo 27.3 de la Constitución y los Acuerdos Iglesia-Estado».
Por otro lado, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, emitió ayer una carta pastoral en la que denuncia cómo en los últimos meses, y a raíz de la llegada del Gobierno socialista, «hemos vivido una especie de violento terremoto cultural, en lo que afecta a las costumbres del pueblo español». «Empezamos a oír hablar de un Estado laico -indica el prelado-, y poco después aparecieron casi en forma de catarata desbordante noticias de proyectos, propuestas que salían de algunos miembros o de la misma mesa del gobierno de la nación: leyes progresistas, laicas y modernas, se las llamó».
En su misiva, el obispo de Ávila recuerda que «la primera decisión fue un decreto paralizando la Ley de Calidad de la Enseñanza, que más tarde se concretó en la presentación de las bases de reforma educativa en la que se anuncia una nueva asignatura obligatoria: Educación para la ciudadanía, y una asignatura laica sobre el hecho religioso que equivaldría a una religión del Estado o «formación del espíritu nacional»». Tras hacer recuento de otras normativas que afectan a la doctrina de la Iglesia, como el matrimonio entre homosexuales, el «divorcio express», la ampliación del aborto y la investigación con embriones, García Burillo concluye que «se ha hablado de la posible revisión de los acuerdos Iglesia-Estado, o incluso de una hoja de ruta para llegar a la anulación de los llamados privilegios de la Iglesia».
Su análisis le lleva a concluir que «no es fácil encontrar en la historia, en tan corto espacio de tiempo, tantos cambios que afectan a la moralidad que un pueblo ha mantenido como inapreciable valor durante siglos, a no ser en momentos de golpes de Estado».
«¿Cómo vamos a reaccionar?», pregunta el obispo a los católicos. «¿Qué hará el 82 por ciento de padres de alumnos de primaria que el año pasado solicitaron la enseñanza de Religión Católica para sus hijos? ¿Qué harán los católicos ante un acoso tan directo a los sentimientos de un pueblo que hunde sus raíces en la persona de Jesucristo?». En su opinión, «hoy es imprescindible el testimonio de los creyentes y hombres de buena voluntad».
