El sindicato agrario que destapó las inscripciones eclesiales rechaza la oficina de mediación impulsada por la Generalitat para solucionar el conflicto originado por el registro a nombre de los obispos de más de 3.720 propiedades en toda la comunidad autónoma. La Unión de Payeses reclama la intervención directa de la administración del Estado.
Joan Casajoana, agricultor catalán, descubrió un buen día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempo inmemorial, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado se cerró en banda y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.
Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. «He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!». La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.
Esta fue la chispa que desencadenó en Catalunya hace más de tres años la primera investigación del controvertido caso de las inmatriculaciones de la Iglesia. Joan Casajoana había formado parte durante 25 años de la ejecutiva de la Unión de Payeses, el sindicato mayoritario de agricultores, y en su nombre inició un exhaustivo estudio en varias comarcas catalanas que, a día de hoy, ya ha aflorado más de 800 inmatriculaciones. Muchas de ellas resultaron ser inscripciones de casas rectorales e iglesias privadas construidas por los payeses desde el siglo X en sus propias fincas. Pero la jerarquía eclesiástica, al tratarse de templos católicos y haber cedido un sacerdote para la liturgia, los ha ido registrando a su nombre sin informar al dueño y al amparo del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria que permitía a los obispos autocertificar propiedades sin aportar pruebas de titularidad por escrito.
«Me di cuenta entonces de que las ermitas o cementerios privados de payeses representaban solo un 2% o un 3% del total de las inmatriculaciones», argumenta Casajoana. El resto se trataba, en su mayoría, de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de los pueblos. «Todos esos edificios han sido pagados históricamente por los agricultores. ¿Cómo? Los documentos antiguos prueban que se construían para beneficio de todos. Los agricultores que tenían dinero aportaban dinero. Y quien no tenía dinero aportaba trabajo. Así se edificaron durante siglos las iglesias rurales, las casas pastorales o los cementerios». En 2018, el trabajo tenaz de Joan Casajoana ya había logrado identificar 430 propiedades inmatriculadas en tres comarcas catalanas: Bages, Berguedà y L’Anoia. Un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipos de propiedades. Hoy la lista ya suma más de 800 inmatriculaciones, que la Unión de Payeses entregará a la Generalitat.
El resultado, según sostiene Casajoana, es que la Iglesia católica se ha apropiado de un ingente patrimonio inmobiliario, en su mayoría de enorme valor arquitectónico, gracias a un subterfugio jurídico que ya fue derogado en 2015 tras el escándalo ciudadano que originó. «La jerarquía de la Iglesia nunca ha puesto un duro y se ha quedado con los bienes comunitarios de los pueblos«, remarca. Con todo ese material, la Unión de Payeses se presentó en el Parlament catalán de la mano de la coordinadora estatal Recuperando y exigió la intervención de los poderes públicos para buscar una solución.
La respuesta oficial se concretó hace escasas semanas con la publicación por parte de la Generalitat del listado de bienes inmatriculados en Catalunya, que incluye 3.722 propiedades, la mitad de ellas templos de culto, pero también 1.518 terrenos y 349 edificios civiles. La decisión del Govern deja en evidencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que mantiene en la opacidad desde hace dos años el listado de inscripciones de toda España, pese a sus compromisos electorales y el programa de Gobierno explicitado en la sesión de investidura. Además de un mapa interactivo para facilitar la localización de los bienes inmatriculados, la Generalitat anunció la creación de una oficina de mediación para ayudar a resolver eventuales litigios entre particulares y ayuntamientos, de un lado, y la Iglesia católica, de otro.
La solución arbitrada por el Govern catalán no ha satisfecho a los colectivos patrimonialistas. Tampoco a la Unión de Payeses y la Asociación de Micropueblos de Catalunya, aliados en esta batalla por la recuperación del legado cultural. «Este sistema de mediación no sirve para nada«, protesta rotundo Casajoana. «Si hay que ir resolviendo tema por tema, gana la Iglesia. Todo este follón lo han creado los poderes públicos y ahora no pueden lavarse las manos. Hay que resolverlo con disposiciones políticas», señala. Esa es precisamente la solución ordenada que defiende la coordinadora estatal Recuperando, a la que pertenecen tanto la UdP como la AMC. En una nota de prensa difundida la semana pasada, el colectivo que agrupa a una veintena de asociaciones de toda España advirtió sobre una «salida en falso» al escándalo de las inmatriculaciones y reclamó a la administración pública una «solución global» de carácter legislativo para anular todas las inscripciones por «inconstitucionales».
Casajoana, además, subraya que los listados de inmatriculaciones son poco operativos si no vienen acompañados de las notas simples registrales, que añadan información detallada a la descripción de cada bien inscrito por la Iglesia.
