Anticorrupción indaga si 22 profesores de Religión de centros públicos fueron destinados a otros fines
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias penales de investigación para averiguar si el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y su predecesor, Carlos Osoro, actual prelado de Madrid, utilizaron de forma fraudulenta a 22 profesores de Religión adscritos a centros de educación públicos destinándolos a labores de la diócesis. El ministerio público ha admitido la denuncia presentada en marzo por Compromís, dirigida contra los dos cardenales y dos consejeros de Educación de la etapa del PP, Alejandro Font de Mora y María José Català.
Tanto el arzobispado como los ex altos cargos, que fueron consejeros en los Gobiernos de Francisco Camps y de Alberto Fabra, han negado las irregularidades.
Según la denuncia que ha dado pie a la investigación, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad, además de suponer un caso de cesión ilegal de trabajadores. Los directores de los centros escolares en los que figuraban como empleados los 22 profesores de Religión han asegurado a la actual Administración autonómica, dirigida por socialistas y Compromís, que nunca los vieron por allí, según la denunciante y diputada en las Cortes Valencianas Isaura Navarro.
Con el presunto objetivo de ocultar la cesión de los trabajadores a la Iglesia, las 22 plazas de docentes adscritos a diversos colegios de la Comunidad Valenciana fueron duplicadas en la relación de puestos de trabajo de la Generalitat. En cada centro educativo afectado existían oficialmente dos profesores de Religión, uno real y otro que trabajaba en la diócesis y del que los responsables de los colegios no tuvieron constancia.
El arzobispado considera que la denuncia tiene una finalidad «difamatoria». Pero ha admitido que los 22 trabajadores, que tenían salarios públicos de 1.800 euros netos al mes, algunos durante casi una década, no trabajaban en centros escolares, sino en la diócesis. La explicación ofrecida por el arzobispado es que se dedicaban a formar a profesores de Religión y que la forma de dar cobertura laboral a esa tarea se realizó «bajo las directrices que ha marcado siempre la Generalitat».
«Cualquier cuestionamiento del sistema se debe estudiar, pero no se puede denunciar malintencionadamente», ha señalado el arzobispado.
Más de 20 años
Según la denunciante, la situación se remonta a hace al menos nueve años. Según la Iglesia, a más de 20, cuando «desde la presidencia del PSPV-PSOE en el Gobierno de la Generalitat se delegó en las diócesis que fueran estas las que impartieran la formación de los profesores».
Navarro mantiene que a finales de 2014, meses antes de las últimas elecciones autonómicas que pusieron fin a la etapa del PP en la Generalitat, la Consejería de Educación intentó regularizar la situación con un decreto que permitía que hubiera «asesores docentes» pagados por la Administración autonómica en las «diócesis». Pero la Abogacía de la Generalitat advirtió de que el artículo contravenía la ley y forzó su retirada.
«Debe tenerse en cuenta que si el personal va a prestar servicios dentro del ámbito de dirección de otro empresario», señala en referencia a la diócesis el informe que elaboró la Abogacía de la Generalitat, «nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, definido en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, con las consecuencias que el mismo precepto establece, por lo que no se considera conforme a derecho la medida propuesta».
Después del rechazo de la Abogacía, a principios de 2015, todavía en la etapa del PP, la Consejería de Educación optó por reubicar a los 22 trabajadores en centros educativos, donde siguen trabajando.
La entonces consejera, Català, ha negado que la situación anterior vulnerase la ley y ha acusado a la diputada de Compromís de estar «obsesionada por desprestigiar la enseñanza de Religión».
