Los juzgados de Valencia suman una nueva querella por presunta corrupción en la etapa del Partido Popular al frente de la Generalitat. Según han confirmado fuentes del ministerio público a este periódico, la Fiscalía provincial de Valencia ha denunciado hasta 22 contratos presuntamente irregulares de profesores de Religión que no acudían a dar sus clases en centros escolares de la Comunidad Valenciana.
La querella se ha presentado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones. Por el momento, no han trascendido los nombres de los querellados pero podría haber cargos de diversos arzobispados valencianos implicados en los hechos.
Según estas fuentes, la querella se ha presentado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, por lo que por el momento el escrito no se dirige contra ningún diputado de las Cortes valencianas.
La querella de la Fiscalía llega después de que la Policía Nacional confirmara las 22 contrataciones laborales irregulares. Tal y como avanzó EL MUNDO el pasado mes de octubre, el análisis policial sugiere que estos profesores zombies de Religión ejercían otras funciones en los Arzobispados de Alicante, Castellón, Valencia o incluso en la Conselleria de Educación. El informe fue entregado a la Fiscalía en el marco de las diligencias de investigación penal que se abrieron a raíz de la denuncia que presentó la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
Según esta información, la Policía considera que se han podido producir un rosario de cesiones ilegales de trabajadores a diversos organismos y aportó al fiscal como ejemplo el caso de Inma Ortuño, quien estaba contratada como profesora de Religión en el IES Miralcamp de Vila-real (Castellón) pero que a juicio policial habría desempeñado funciones de asesora en la Conselleria Educación.
Estos hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2015, cuando funcionarios de la Administración detectaron la presunta irregularidad e instaron al Ejecutivo, con Alberto Fabra (PP) aún de presidente, a darle cobertura legal.
La Abogacía de la Generalitat detectó una serie de irregularidades en un informe firmado el 3 de junio de 2015, 24 días antes de que Ximo Puig se convirtiera en presidente.
La Abogacía advirtió en su informe, al que tuvo acceso este periódico, que la Conselleria debía tener en cuenta que «si el personal va a prestar servicios dentro del ámbito de dirección y organización de otro empresario, nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, definido en el artículo 43 del Estatuto de trabajadores y con las consecuencias que el mismo precepto establece, por lo que, en ese caso, no se considera conforme a derecho la medida propuesta».
Según consideró Isaura Navarro tras presentar la denuncia, la operación supuso un uso indebido de fondos públicos de al menos 9 millones de euros.
