La indagación implica a los obispados sobre religiosos afectados y al Vaticano sobre las cárceles franquistas en Zamora y País Vasco
La Fiscalía argentina ha elevado un dictamen en el que solicita a la jueza María Servini de Cubría, instructora de la causa, las declaraciones indagatorias de quince franquistas: cinco ex ministros, dos miembros de la judicatura militar y ocho policías.
Meses han pasado sin que se tuviera novedad sobre la causa abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista. El silencio aparente de la Justicia argentina tenía un motivo: el estudio, por parte del fiscal federal Ramiro González y su equipo, de todos los expedientes del proceso que le había remitido la magistrada. La querella de la causa había pedido en abril la imputación de estos quince acusados. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio son los cinco ex ministros de Franco acusados de cometer delitos de lesa humanidad, a los que se unen los ex juristas Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey González y ocho policías más.
Más de 1.200 hojas, agrupadas en unos 65 cuerpos, constituyen la causa que ya ha vuelto a pasar de las manos de la Fiscalía al juzgado de Servini de Cubría. Después de examinar todas las denuncias que han llegado también desde los consulados argentinos en España, la Fiscalía ha individualizado más de 4.500 víctimas.
"Aterrorizar a españoles"
Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: "Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas", reza el texto de su dictamen.
La Fiscalía acepta como período de investigación el lapso de tiempo comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe de Estado, y el 15 de junio de 1977, día en que se celebraron las primeras elecciones parlamentarias democráticas.
En base a ello, considera que "hubo un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes en territorio español", de acuerdo al escrito.
Público ha tenido acceso al expediente del fiscal, que insta a pedirle a los arzobispados españoles "toda la documentación que obre en sus registros relativa a la Iglesia Católica y el Estado español, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, y específicamente, los referentes a los religiosos católicos que fueron objeto, por parte de dicho Estado, de persecución, sanción, cárcel y tortura". González también sugiere que se solicite a la Ciudad del Vaticano "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora, País Vasco".
En su dictamen de 309 páginas, la Fiscalía requiere además que las autoridades españolas remitan "toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existente respecto de la detención, tortura y fusilamiento del ex presidente [de la Generalidad de Cataluña durante la II República] Lluís Companys i Jover".
El fiscal exhorta a la jueza a que evalúe también "la posibilidad de concurrir in situ" a Barcelona para visitar la Cárcel Modelo en donde estuvo detenido Companys y el anarquista Salvador Puig Antich, última persona ejecutada por garrote vil durante la dictadura; a Galicia, para visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposancos; y a Asturias, donde se hallan las fosas de Avilés.
"Nosotros tomamos intervención en la causa poco antes de viajar a España junto con la magistrada Servini de Cubría", refirió a este diario el fiscal Ramiro González. "Necesitamos este tiempo para acomodar los archivos, analizar todos los hechos, y emitir nuestro requerimiento. Sabemos lo importante que es esta causa en España".
A diferencia de la querella, que adopta la representación privada de las víctimas del franquismo, la Fiscalía constituye la acusación pública dentro de un proceso penal. El fiscal sostuvo que como Ministerio Público Fiscal, su trabajo es técnico y objetivo, "velando por la legalidad del proceso, el respeto a los derechos humanos, y las garantías de todas las partes". Al margen de las medidas que demanda, Ramiro González aconseja a Servini de Cubría que determine "la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores que fueran denunciados en los autos".
Como añadidura, la Fiscalía solicita a la jueza exhumaciones de restos, apertura de fosas comunes, y la celebración de nuevas audiencias testimoniales mediante videoconferencias. El Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental de la Memoria Histórica, y el Archivo Histórico Provincial de Málaga también deberían entregar, a juicio de González, toda la información que posean sobre las víctimas mencionadas en la causa.
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