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La Fiscalía abre diligencias de investigación por la retirada de la celosía de la Mezquita de Córdoba

El ministerio público da trámite a la denuncia interpuesta contra el Cabildo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba por un presunto delito contra el patrimonio.

La Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si la Agrupación de Cofradías, el Cabildo, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía habrían incurrido en un presunto delito contra el patrimonio por permitir la retirada de la celosía de Rafael de la Hoz para hacer una segunda puerta en la Mezquita-Catedral.

La denuncia la planteó en julio Fernando Jabonero, un activista vecino de la localidad alcarreña de Pastrana (Guadalajara), que presentó un escrito por vía telemática ante la Fiscalía de de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, en la que acusaba de un delito contra el patrimonio al Cabildo y a todos “los técnicos” municipales y autonómicos que estuvieran implicados en la retirada de la celosía de Rafael de la Hoz cuyo proceso ha sido tildado de irregular por el Tribunal Supremo.

La demanda ha acabado siendo examinada por la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía Provincial de Córdoba, al entender que ésta es “la territorialmente competente para el esclarecimiento de los hechos y el análisis de la relevancia jurídico-pensal de los mismos”.

Pues bien, una vez recibida y para sorpresa del propio demandante, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto una investigación para determinar si lo que ocurrió con la segunda puerta de la Mezquita-Catedral pudo ser un delito contra el patrimonio. Jabonero ha sido notificado del inicio de las diligencias por parte del Ministerio Fiscal, que le ha solicitado un escrito firmado para que ratifique la denuncia y que continúe como parte del proceso. Jabonero ha procedido a ratificarlo.

Fue el pasado 13 de octubre cuando, desde la Fiscalía de Córdoba, informaron a Jabonero de que se abriría una investigación, tanto si ratificaba su denuncia inicial, como si no lo hacía. “En caso de no ratificación, la tramitación continuará igualmente, pero no se notificará resolución alguna al denunciante”, dice textualmente el documento firmado por la Fiscal cordobesa que ha iniciado las diligencias.

“Esa obra no se tuvo que autorizar nunca. Nunca se tendría que destrozar un BIC”

¿Y ahora qué? Jabonero no tiene muchas esperanzas en que la investigación prospere, entre otras cosas, porque no cree que la Fiscalía vaya a ser “capaz de citar a los responsables del Cabildo, el Ayuntamiento y la Junta”. En su demanda, el activista cargaba contra todo aquel que estuviera implicado en la polémica retirada de la celosía de Rafael de la Hoz, puesto que consideraba los hechos “una expoliación” de un Bien de Interés Cultural (BIC) “sin un informe previo y vinculante previo del Estado sobre el proyecto del que ya se sabe todo en cuanto a la antijuricidad de todos los informes y autorizaciones concurrentes”.

La duda, no obstante, está en a quién se podría imputar por estos. Técnicamente, la licencia la pidió, a instancias de la Agrupación de Cofradías, el Cabildo. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento (entonces en manos de Pedro García, de IU) la trasladó, como ha de hacer siempre con bienes BIC, a la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura en Córdoba (entonces en manos de Rosa Aguilar, del PSOE).

Jabonero, en cualquier caso, carga contra todos: “Hay unas autoridades que, sabiendo que lo primero que cuenta en un BIC es el deber de conservación, permiten la retirada de la celosía. Esa obra no se tuvo que autorizar nunca. Nunca se tendría que destrozar un BIC”, señala el denunciante, que ya demandó al Cabildo ante la Dirección General de Patrimonio por inmatricular el monumento, con nulo éxito.

Dados sus antecedentes, este particular no tiene muchas esperanzas puestas en que la investigación prospere, si bien espera que se llame a declarar a todos los técnicos y secretarios jurídicos que consintieron “la expoliación”. “La Junta y el Ayuntamiento tendrían que haber dicho: ‘Señor Obispo, esto no se toca’, en vez de plegarse. Pero es lo que hay, la Iglesia es una banda de delincuentes que domina a otra banda de imbéciles”, se lamenta el denunciante.

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