La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) criticó este martes «la participación oficial de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, Defensa, Dolores de Cospedal, Educación, Íñigo Méndez de Vigo e Interior, Juan Ignacio Zoido en las procesiones de la Semana Santa católica», porque daña «la imagen de la aconfesionalidad del Estado español».
La presencia de estos ministros en las procesiones es, según Ferede, «muy desafortunada e inapropiada», ya que «en un Estado aconfesional los cargos públicos, por definición, no pueden ni deben profesar devoción religiosa alguna». Por tal motivo, según los evangélicos, «si un ciudadano que ostenta un cargo público desea expresar su devoción en un acto religioso, debería hacerlo de forma muy discreta y a título inequívocamente particular».
Considera Ferede que «lo mismo puede decirse respecto a la participación de otros cargos públicos, representantes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos actos y otros que se producen en otras festividades religiosas a lo largo del año».
Ferede asegura que la presencia de la Legión, por ejemplo, «con sus uniformes, himnos, símbolos y banderas que pertenecen y representan a todos los españoles, resulta ofensiva por discriminatoria para millones de ciudadanos que profesamos otras creencias religiosas, afectando de manera negativa a la convivencia y a la unión de todos los españoles. Además, la participación de soldados y mandos del Ejército en actos religiosos no puede tener el estatus de un acto militar y, por lo tanto, ser de asistencia obligatoria».
Además, observa esta federación que con estos actos España parece estar inmersa «en un lamentable retroceso a posiciones confesionales e identitarias propias de otros tiempos».
Por esto, reitera «una vez más nuestra solicitud al Gobierno español de que se establezca un protocolo claro, preciso y no abierto a interpretaciones particulares, que regule la participación o no de los cargos públicos y los representantes de las instituciones del Estado en cualquier acto de carácter religioso, según proceda. Que, a tal efecto, nos ponemos a disposición del Gobierno para ayudar a la elaboración y redacción de dicho protocolo».
