El abogado que consiguió la paralización de las obras necesarias para exhumar a víctimas del franquismo lleva ahora el caso hasta el Tribunal Supremo para que vuelva a imponer medidas cautelares
La exhumación de los restos mortales de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos está ya sobre la mesa del Tribunal Supremo. Así lo confirman fuentes del proceso judicial a elDiario.es después de que el abogado que inició el pleito y consiguió paralizar la licencia de obra necesaria para acometer las exhumaciones haya llevado el caso hasta la sala tercera del alto tribunal. Todo después de que hace unos días los tribunales madrileños levantaran las medidas cautelares que pesaban sobre esta licencia de obras, dando luz verde por tanto a los trabajos necesarios para la extracción de los cuerpos de las criptas de Cuelgamuros.
Un recurso que, en cualquier caso, no paraliza el proceso de ninguna manera según avanzan fuentes de Patrimonio Nacional a este periódico. La administración pública espera, después del aval judicial recibido a finales de junio, a que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial retome la puesta en marcha de la licencia de obras.
Tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia a finales del pasado mes de junio que levantaba el último obstáculo. Los magistrados decidieron anular las medidas cautelares que un juzgado de la Gran Vía había impuesto sobre la licencia de obra que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había otorgado a Patrimonio Nacional para acometer los trabajos necesarios para intentar la exhumación de decenas de cuerpos de víctimas de la dictadura franquista allí enterradas.
El juzgado había entendido que era imprescindible paralizar las obras hasta que hubiera una sentencia sobre el fondo del asunto porque, si no, las consecuencias de la intervención en las criptas y columbarios del Valle serían irreversibles, pero el Tribunal Superior de Justicia entendió lo contrario. Su sentencia estimó un recurso de la Abogacía del Estado en nombre de Patrimonio Nacional y eliminó las cautelares que pesaban sobre la licencia de obras.
Esa decisión no ha sido revocada ni matizada pero el abogado que puso las exhumaciones en manos de la Justicia ha puesto en marcha su última opción y ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Por el momento, explican fuentes del caso, el letrado Francisco Javier Zaragoza ha anunciado la interposición de un recurso que, en primer lugar, tendrá que ser admitido a trámite. Un filtro de entrada de la sala tercera del alto tribunal que no tiene garantizado solventar pero que acerca una decisión a finales de este mes de julio.
Se trata de un recurso y un movimiento del abogado que, en cualquier caso, no retrasa los planes de Patrimonio Nacional. Los trabajos, después del espaldarazo del TSJM, no han arrancado pero no por la existencia del recurso sino porque Patrimonio sigue a la espera de que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ponga en marcha de nuevo la maquinaria para que arranquen los trabajos.
No es una “transformación urbanística irreversible”
Tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó las medidas cautelares que impuso un juzgado sobre la licencia de obras en noviembre del año pasado. “No se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo”, dijo el Tribunal Superior madrileño.
Allí donde el juzgado adivinó unos daños “irreparables” en los columbarios, el TSJ entendió que abrir estos huecos sería algo “restituible al estado anterior sin excesiva dificultad” por lo que no apreciaron que la concesión de esa licencia por parte del consistorio de la sierra madrileña se pueda traducir en “situaciones irreversibles en el elemento protegido que ponga en peligro el efecto útil de la sentencia que pudiera recaer”. Una licencia que, además, procede de la autoridad municipal y por tanto tiene “presunción de legalidad”, dijeron entonces los jueces.
Mientras los procesos judiciales siguen adelante, los descendientes de las víctimas de la dictadura que esperan la exhumación ven cómo el tiempo pasa sin que los trabajos arranquen. En el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro, fusilados por tropas franquistas en Catalayud en 1936, un juzgado de San Lorenzo de El Escorial autorizó su exhumación hace varios años, algo que a día de hoy no se ha producido. El hijo de uno de los dos hermanos Lapeña falleció a finales de 2021 sin llegar a ver, por tanto, la exhumación cuyos trabajos arrancarán en los próximos meses.
Segunda exhumación en manos del Supremo
Esta no es la primera exhumación que el Gobierno quiere poner en marcha y que depende de un aval del Tribunal Supremo. Ya en 2019 los jueces de lo contencioso-administrativo del alto tribunal mantuvieron paralizada de manera cautelar durante meses la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco. El proceso fue suspendido en junio de ese año y la exhumación, previo aval judicial, no pudo llevarse a cabo hasta el mes de octubre.
En ese caso, el debate judicial fue muy distinto. Actualmente la sala de lo contencioso-administrativo tendrá que estudiar unas medidas cautelares ya retiradas sobre una licencia de obras municipal y la incidencia que los trabajos de exhumación tendrán en las criptas.
En el caso de la exhumación de Franco, sin embargo, el análisis fue mucho más amplio, sobre el fondo del asunto y abarcó distintas ramificaciones legales de la operación: urbanismo pero también el derecho a la familia a enterrar al dictador donde quisieran, la titularidad del Valle de los Caídos y de la catedral de la Almudena e, incluso, la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros que precedieron a la exhumación.