Hace unos días el Tribunal Supremo puso fin a una situación del todo absurda en torno a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El fallo del pleno de la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la objeción de conciencia a esta asignatura y sentenció que la EpC no vulnera “el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Educación para la Ciudadanía es una asignatura que tiene el cometido de formar ciudadanos inculcando en los alumnos de Educación Primaria y de la ESO, valores constitucionales y fomentando el concepto de igualdad como principio básico de convivencia pacífica en una sociedad plural, abierta y democrática.
La pregunta que se planteó desde el primer momento de la controversia por la EpC es qué oscura razón lleva a unos padres a desear qué sus hijos no cursen una asignatura que es una herramienta para el desarrollo del criterio propio. La respuesta es clara, en ningún momento el debate real fue educativo sino político e iba parejo a un claro intento de manipulación por parte de determinados sectores.
Una asignatura que invita a los alumnos a la reflexión sobre las relaciones humanas y sobre las posibilidades que ofrece la participación en la sociedad ¿es perjudicial o es beneficiosa para su formación como personas? ¿Acaso no deben conocer los derechos y deberes ciudadanos? ¿No es necesario conocer las sociedades democráticas del siglo XXI? ¿No es imprescindible el conocimiento de las características de la sociedad actual?
Los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía están organizados en bloques y sujetos a los mismos controles que las otras asignaturas siendo fijados por los Reales Decretos del Estado y por los Decretos de Currículo de cada comunidad.
Dentro de estos contenidos ni buscando con lupa podríamos encontrar ni un atisbo de intromisión en convicciones morales y mucho menos religiosas. La EpC es un recorrido por el respeto a uno mismo y al contrario, por la igualdad de hombres y mujeres; por la asunción de las propias responsabilidades; por el aprendizaje de los valores cívicos: respeto, tolerancia, justicia, solidaridad; por el entrenamiento en el diálogo y el debate; por el reconocimiento de la igualdad desde la diferencia; por los derechos y deberes que asisten a los ciudadanos; en definitiva el conocimiento de normas y principios establecidos por la Constitución y el papel de los Organismos internacionales en la resolución de los conflictos del mundo actual.
Detrás de la objeción a esta asignatura está la negativa a formar futuros ciudadanos críticos, capaces de pensar en libertad y con criterio propio porque para algunos sectores prima “el pensamiento único” y la aceptación sumisa, sin réplica ni oposición a sus directrices.
Pilar Rego es educadora social y bloggera
