Dos polémicos proyectos ya tienen todas las bendiciones. Y otros dos están en la rampa de salida: van superando los trámites y pronto podrían aprobarse definitivamente.
El Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha decidido, en aplicación del credo neoliberal, que concibe la educación y la investigación también como un negocio, multiplicar la oferta de universidades privadas en Andalucía. Lo ha hecho a pesar de las críticas y objeciones que estas han recibido por su escasa calidad e, incluso, en un caso, por su opacidad.
Cuando, en enero de 2019, la derecha (tras un pacto a tres: PP, Cs y Vox) accedió por vez primera a la Junta, en la Comunidad había nueve universidades públicas (una por provincia, más la Universidad Internacional de Andalucía) y una privada, la Loyola, católica. Cinco años después, hay las mismas universidades públicas y tres privadas. Otras dos están en la rampa de salida y van superando trámites. Cuatro proyectos más han sido rechazados, de momento.
El Gobierno de Moreno llevó al Parlamento de Andalucía (las nuevas universidades deben sacarse adelante por ley) la creación de la Universidad online Utamed y la sacó adelante con sus votos y los de Vox, a pesar de la opacidad en su tramitación, de los informes contrarios de expertos por su baja calidad y de que estaba en manos de un fondo de inversión.
También hizo lo mismo con la Universidad CEU Fernando III, en Bormujos (Sevilla), católica, que ha estado también envuelta en la polémica. Los rectores reclamaron a la Junta que primara la «racionalidad» por encima de criterios de «interés u oportunidad» y recordaron la baja calidad del proyecto.
Ahora, otros dos proyectos, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, ambos con sede en Málaga, podrían ver pronto la luz, después de varios años de papeleos, a lomos de la mayoría absoluta del PP. De momento, el Gobierno ha aprobado ya sendos anteproyectos de ley, que siguen superando fases.
Este viernes pasado, ambos superaron el trámite del informe del Consejo Económico y Social de Andalucía. El consejo no se mostró particularmente crítico, pero sí recomendó al Gobierno andaluz que se mejoren los controles y se extreme el cuidado con la calidad de los proyectos.
Esta, según ha expresado en alguna ocasión el consejero andaluz de Universidad –él mismo exrector– José Carlos Gómez Villamandos, es también su preocupación: «Las universidades públicas tienen una calidad excelente en Andalucía y tenemos que conseguir que las privadas estén a ese nivel».
«En la parte privada no nos interesa cómo se gastan el dinero, pero sí nos interesa todo lo que son indicadores de excelencia, de calidad y que los compromisos se cumplen y con solvencia. […] No se trata de tener muchas universidades sino de tener un sistema armónico«, dijo el pasado mes de diciembre, según recogió Europa Press.
El Gobierno andaluz, cuando aprobó los dos nuevos anteproyectos, dio estos datos, como argumento a favor de su decisión: «El sistema universitario español lo conforman, atendiendo a datos del curso 2020-2021, un total de 84 universidades con actividad, 50 públicas y 34 privadas, que representan un 40,4% del total, frente al 9% que suponen en Andalucía».
Añadía el Ejecutivo: «De las 3.062 titulaciones de grado impartidas, el 73,3% (2.244) corresponde a instituciones académicas públicas y el restante 26,3% a las privadas. En el caso de los másteres, el 75,9% se cursaron en las públicas y el 24,1% en las privadas. Atendiendo al estudiantado, las universidades de carácter privado representan el 17,2% frente al 82,8% de las públicas».
Los rectores de las universidades públicas han mostrado, de hecho, su oposición a estos proyectos, debido sobre todo a que estas universidades están configuradas prácticamente como meras emisoras de títulos, con un reducido presupuesto para investigación, uno de los ejes fundamentales de la Universidad.
«La implantación de nuevas universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de los sectores empresariales o de las entidades que las promueven», resume la situación el sindicato CCOO, que este viernes pasado se opuso en el Consejo Económico y Social de Andalucía a la implantación de estas nuevas universidades.
«Es necesaria una estrategia para Andalucía que ayude al sistema universitario a avanzar hacia una oferta universitaria ordenada, coherente, pertinente y bien articulada que satisfaga las necesidades formativas de la ciudadanía andaluza, evitando duplicar o multiplicar títulos que vienen siendo impartidos en las universidades públicas e impedir que estos sean solapados o sustituidos por titulaciones privadas», añade el sindicato.
Objetivos económicos
La promotora de la Universidad Europea pertenece al Grupo Europa Education. Este tiene, según sus datos, más de 20.000 estudiantes en universidades privadas y centros de educación superior en España y Portugal). Prevé (una vez superados los gastos iniciales –al tercer año ya ganaría dinero–) embolsarse más de 8 millones de euros en el quinto año de funcionamiento, según el plan de negocio expuesto a la Junta de Andalucía. Contaría, según el Gobierno andaluz, con tres centros: la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte y la Escuela Politécnica.
Estas universidades no son baratas. Así, según se recoge en el expediente de creación de la Universidad Europea, «la fluctuación de los ingresos por grado va desde la menor cuantía, 4.280 euros (aquellos impartidos de forma no presencial) al más alto que se establece en 13.225 euros por alumno en el primer curso, siendo el precio medio de los grados por cada alumno en el primer curso, desde la autorización de implantación, de 7.926 euros«.
Respecto a las enseñanzas de máster, «los ingresos en el primer curso desde la autorización de la implantación oscilan, desde el menor de 5.310 euros (impartido de forma no presencial) hasta los 12.300 euros, siendo el precio medio en dicho curso por alumno para máster de 9.615 euros«.
La Alfonso X el Sabio tendría carácter presencial, online y semipresencial y su catálogo de enseñanzas se articularía también a través de tres facultades, según la Junta: la de Salud y Deporte, la de Negocio y Tecnología y la de Arte y Diseño.
En el plan de negocio ya prevén obtener ganancias antes del cuarto año y tiene unos «objetivos financieros con la universidad a pleno rendimiento con todas las titulaciones completas […] de 20.000.000 euros en ingresos, 3.400.000 euros de resultado de explotación» y un beneficio neto «de 2.400.000 euros». El plan de negocio estima estas cifras para el año sexto «con 911 alumnos de nuevo ingreso y 2.751 alumnos totales, entre todos los grados y másteres».
Los ingresos van desde el grado de menor cuantía, que cuesta «4.483 euros (Diseño Industrial y Desarrollo del Producto), al más alto que se establece en 14.924 euros (máster en Ortodoncia) por alumno en el primer curso».
Ambos proyectos cuentan también con acuerdos con el Ayuntamiento de Málaga, que les ha concedido parcelas por 50 años a cambio de un canon total –a pagar a lo largo de todo el periodo– de 60 millones de euros en el caso de la universidad Alfonso X y de 67 en el de la Europea, según consta en los expedientes de creación de las universidades.
«La implantación no puede hacerse a costa del deterioro premeditado de universidades públicas, como está siendo el caso desde 2019 de la Universidad de Málaga, generado por la propia Junta de Andalucía, al arrebatarle los remanentes en los años previos a la implantación de las universidades privadas», analiza CCOO.
Para el sindicato, «el Gobierno andaluz no puede seguir aplicando, con sordina, una política universitaria como la de la Comunidad de Madrid, que ha deteriorado el sistema universitario público para abrirle paso a la implantación un sistema paralelo privado». El sistema universitario de la Comunidad de Madrid alberga en el curso 2022-2023, seis universidades públicas y trece privadas.