El Gobierno de Aragón se ha opuesto a que el Obispado de Jaca registre a su nombre en el Catastro la ermita de Nuestra Señora de Iguacel, un exponente del Románico aragonés, situada en el término municipal de Jaca. Este paso, previo para la inmatriculación de un bien, ha sido paralizado por el Ejecutivo porque el edificio se encuentra sobre un terreno de titularidad pública, propiedad de la comunidad autónoma, informó ayer la Cadena Ser.
La Diócesis de Jaca se dirigió al Catastro para pedir la segregación del terreno sobre el que se asienta la ermita, aludiendo a que el edificio pertenece a la parroquia de Larrosa y que esta, a su vez, pertenece a a dicho obispado. Por ello solicitaba que se le asignara un número de referencia catastral independiente del resto del terreno.
La ermita románica está inventariada por el Gobierno aragonés dentro del monte de utilidad pública denominado Pardina de Iguacel, de su propiedad. Y por ello, ha alegado que se opone a la segregación y solicita que se mantenga la referencia catastral actual, con su descripción y superficie actual.
PROPIEDAD NO ACREDITADA
Además, el Ejecutivo alega que la Iglesia no aporta ningún documento que acredite su titularidad ni del que pueda deducirse que la propiedad de la construcción sea distinta de la del monte de utilidad pública.
Fuentes de la DGA aseguraron a este diario que nadie del obispado se ha puesto en contacto con el Gobierno.
La ermita de Iguacel se construyó entre los años 1040 y 1050 por orden del Señor Galindo y fue financiada por Doña Urraca y el Conde Sancho, ayo del rey Sancho Ramirez. Fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1990 por el Ministerio de Cultura y el Departamento de Cultura del Gobierno aragonés completa el primer documento en el año 2004.
La importancia de este edifico radica en que fue una de las primeras iglesias de Aragón con cabecera semicircular, una tipología que, posteriormente, se extendió por toda la Jacetania, y contiene importantes obras pictóricas y escultóricas.
El edificio fue restaurado en 1977 en tres fases que afectaron a la cubierta, al pavimento y a los muros; también fue sometido a una intensa limpieza exterior e interior. Las obras se paralizaron y se retomaron en 1982-1983. En 1989 se intervino de urgencia por problemas de filtraciones.
POLÉMICA
La decisión del Ejecutivo se produce meses después de que el presidente aragonés, Javier Lambán, en plena polémica entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el arzobispado por la titularidad de la catedral de La Seo, La Magdalena y San Juan de los Panetes, asegurara que «nunca» había pensado en disputarle a la Iglesia « la propiedad de templos o de cualquier clase de patrimonio».
«Creo que, en todo caso, el debate que se debe promover desde las administraciones públicas es hasta qué punto se deben invertir recursos públicos en la restauración de bienes que no son propiedades públicas», indicó Lambán.
En este caso, se trata de un edificio que se asienta sobre un terreno cuya titularidad está perfectamente acreditada y escriturada a nombre de un propietario: la comunidad autónoma.
