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La cruz es un símbolo que parece molestar

La Iglesia Católica aseguró que percibe una “persecución religiosa solapada” en quienes promueven el retiro de los crucifijos de los espacios públicos

COMENTARIO: Una vez más quienes imponen su símbolo al resto afirman estar perseguidos por quienes sólo quieren que el espacio público sea de todos y por tanto libre de cualquier símbolo confesional, para lo que cuentan con sus espacios y templos, así como su espacio privado. No hay pues ninguna persecución, y si hay una imposición por parte de quienes quieren mantenerlo en el espacio que es común a toda la ciudadanía.


La Iglesia Católica aseguró que percibe una "persecución religiosa solapada" en quienes, como la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, promueven el retiro de los crucifijos de los espacios públicos, por considerarse funcionarios de un Estado laico, como es el argentino.

Los obispos advirtieron que quienes piensan así confunden Estado laico, entendido como independencia de la influencia religiosa, con laicidad -cualidad institucional de estricta neutralidad con las confesiones religiosas- y hasta con laicismo, que es la ideología que propugna una libertad no condicionada por ninguna religión.

"Estas campañas ven a Dios como un estorbo y confunden el concepto de Estado laico, porque pretenden hacer de éste un país ateo", aseguró a DyN un experto en derecho canónico.

El revuelo lo desató la ministra de la Corte, quien además de insistir en que es "un momento propicio" para debatir el aborto, anticipó que promoverá que saquen los crucifijos de las salas de audiencias de los tribunales.

"Soy una funcionario de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna, eso es libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona", había asegurado la jueza que antes de asumir el cargo se autodefinió como "atea militante".

Argibay había señado además que la iniciativa es compartida por su par en el máximo tribunal, Elena Higthon de Nolasco, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, entre otros funcionarios judiciales.

La respuesta eclesiástica no tardó en llegar, aunque no tuvo de momento carácter institucional.
El sacerdote Luis Farinello expresó su desacuerdo con la jueza, al recordar que el crucifijo "no es algo que identifica sólo a los cristianos, sino que es un símbolo de amor que va más allá de la Iglesia".

Un argumento similar esgrimieron canonistas que reivindican la presencia de ese símbolo cristiano en los espacios públicos, sobre todo en despachos judiciales: "El crucifijo es una sanción jurídica dada a Jesucristo. Esa sanción penal fue realizada por la autoridad judía y por la autoridad romana de su tiempo, y constituyó una injusticia humana".

En cambio, el arzobispo Carmelo Giaquinta expresó en varias oportunidades una posición muy personal sobre este tema, al preguntarse "cómo a veinte siglos de aquel episodio, la cruz y su significado reconciliador, se ha vuelto una amenaza".

"Algunas veces me inquieto ver el crucifijo en despachos oficiales. ¿Por qué está allí? ¿Cómo espejo en el cual la autoridad quiere mirarse e inspirar su conducta, y, eventualmente, arrepentirse de sus yerros? Cuando es así, es muy oportuno que el crucifijo quede", pero si "está como fachada para disimular las fechorías que se comenten, considero que "eso sería peor que crucificar a Cristo de nuevo. En ese caso, sería mejor removerlo", reflexionó en su momento el prelado ahora jubilado.

En la vereda de enfrente y cerca de Argibay se ubicó el rabino Daniel Goldman, de la comunidad Bet-El, quien abogó por "el retiro de todos los símbolos religiosos de cualquier lugar público".

Esta no es la primera vez que la Iglesia católica choca con la ministra de la Corte, a quien antes de asumir intentó sin éxito impugnar.

Es que en mayo de 2004 la jueza apoyó públicamente el recurso judicial presentado por la Asociación de Derechos Civiles para retirar una imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás de los Tribunales. Hecho del que Argibay se jactó el viernes pasado en La Plata al ser consultada si debían mantenerse los símbolos religiosos ya instalados: "No, ya sacamos una".

En aquel episodio, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo consideró que una imagen de la Virgen María -u otro objeto religioso- en un edificio estatal no es parcial ni discrimina a otros cultos, al revocar el fallo de una jueza de primera instancia que había dispuesto en diciembre de 2003 que la Corte Suprema podía retirarla del Palacio de Justicia. La imagen sigue guardada.

Este no es el único episodio referido a los símbolos religiosos que, en los últimos años, generó roces entre los obispos y los representantes del poder político. Hubo otros, en las provincias.
En 2009, el viceintendente de Santa Rosa, Guillermo Di Liscia, retiró una estatua de la Virgen de Luján del descanso de la escalera de acceso a los bloques del Concejo Deliberante de la capital pampeana. El obispo local, Mario Poli, criticó esa medida al considerarla "inconsulta" y advirtió que fue un acto que "ofende a millones de ciudadanos argentinos".

El 2008, la Legislatura de Tucumán derogó por ley otra norma sancionada por unanimidad en 1995 para crear la bandera provincial, a raíz de que el diseño inicial incluía una cruz. Pese al pedido mayoritario de veto, el gobernador José Alperovich no utilizó ese recurso constitucional.
La polémica de cabotaje, aunque con matices, es similar a la que se instaló en Europa en noviembre pasado, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó sacar los crucifijos de las escuelas italianas.

Una sentencia que no está firme todavía, dada la presentación de un recurso de casación por parte del gobierno italiano que también suscribieron otros veinte países del continente.

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