La Coordinadora Estatal Recuperando, de la que forma parte Europa Laica, lleva al Congreso el tema de las inmatriculaciones de la IC.

El jueves 9 de febrero la Coordinadora Estatal Recuperando presentarán en el Congreso un escrit a la Comisión de Peticiones, previamente se reunirá a lo largo de la mañana con los diferentes Grupos Parlamentarios (PSOE, Unidos Podemos, Compromis, EH Bildu,…). A las 12:30 está prevista la entrega formal en el registro del Congreso y a las 13:00 se celebrará una rueda de prensa a las puertaas de Congreso.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando), que agrupa a una veintena de colectivos de todo el estado, llevará al Congreso de los Diputados el día 9 de febrero dos iniciativas relativas a las inmatriculaciones.

Recuperando presentará un escrito ante la Comisión de Peticiones del Congreso para que recabe por los cauces oportunos el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, en sus distintas denominaciones, al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

El Ejecutivo central se ha negado reiteradamente a satisfacer estas demandas en un indisimulado esfuerzo por encubrir la apropiación masiva de inmuebles y fincas por parte de la Iglesia católica.

Recordemos que en 2008, el Parlamento de Navarra ya obtuvo la relación de las 1.087 inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2007. Por su parte, el Parlamento Vasco obtuvo el detalle de las más de 500 inmatriculaciones realizadas en la CAV.

El reto consiste en obtener de una vez por todas la relación completa de las inmatriculaciones, el inventario de ese escándalo monumental.

Por otra parte, se plantea la creación de una comisión permanente no legislativa, subcomisión o ponencia que inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras las sentencias del Tribunal Europea de Derechos Humanos en las que se pone de manifiesto una violación continuada y masiva de los derechos de propiedad (art. 33 CE) o disfrute pacífico de sus bienes (art. 1 del Protocolo nº 1 al CEDH) en perjuicio de personas y administraciones públicas que han quedado en una situación de indefensión y de vulnerabilidad tras las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica conforme a este procedimiento cuestionado.

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de estimar nulas las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica. El fallo tuvo lugar el pasado 20 de diciembre de 2016 y condena al Estado español a indemnizar a una sociedad particular por tolerar la apropiación por parte del Obispado de Palencia de un templo de su propiedad.

La sentencia constituye un hito jurídico de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica y representa un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles.

En su sentencia, el Tribunal de Derechos Humanos ha impuesto una indemnización récord al Estado español cifrada en 600.000 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de la Sociedad Anónima Ucieza, que en 1978 había adquirido una finca que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio Premostratense desamortizado en el siglo XIX.

Ignorando la inscripción registral del propietario particular, el obispo de Palencia inmatriculó en 1994 el templo, la sacristía y la sala capitular al amparo del inconstitucional artículo 206, que le permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito y con su única autocertificación.

La Coordinadora Recuperando considera que los tribunales españoles están obligados a aplicar la sentencia conforme al Principio de Convencionalidad, que se desprende del artículo 96 de la Constitución Española.

La histórica sentencia de Estrasburgo da la razón a los argumentos esgrimidos desde hace años por los colectivos ciudadanos agrupados ahora en la Coordinadora Estatal y el Gobierno está obligado a acatarla si no quiere verse abocado a una lluvia de indemnizaciones que pagamos todos y todas por bienes que termina apropiándose ilegalmente la jerarquía católica.

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