La Comunidad de Madrid regalará suelo público para construir un colegio privado que será concertado aunque aún no hay adjudicatario

La convocatoria para la adjudicación del centro, que será de educación especial y estará ubicado en Torrejón de Ardoz, asegura que el centro será concertado, aunque los conciertos hay que pedirlos, motivarlos y la administración debe aceptarlos
La Comunidad, que regalará la parcela y la gestión del centro durante 40 años, no explica por qué ha de ser concertado y no público ni por qué no cobra por la parcela
El concierto de ocho unidades, como prevé la convocatoria, podría reportar unos 16.000.000 de euros a la empresa adjudicataria en 40 años, salarios de los profesores aparte

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a regalar una parcela de suelo público para la construcción de un colegio concertado de educación especial en Torrejón de Ardoz. Además, aunque el proceso no acaba más que empezar, la Comunidad ya asegura desde la misma convocatoria (que está datada en el BOCM del 31 de enero de 2018 a 23 de marzo de 2018) que el centro será concertado antes incluso de adjudicarlo, según publicó en origen el profesor de Secundaria y activista Enrique García.

Asegura el Gobierno regional en el pliego de cláusulas que rige el procedimiento de adjudicación que existe una “necesidad de dar respuesta a la demanda existente de plazas en centros de educación especial sostenidos con fondos públicos en la zona este de la Comunidad de Madrid”.

Lo que no ha querido especificar el Ejecutivo a preguntas de este diario es por qué el centro ha de ser privado, por qué le regala una parcela de 7.677,84 metros cuadrados y por qué ha de tener un concierto  (los centros concertados no existen, se conciertan unidades) y no ser público. El centro debe estar listo para el curso 2018-19, plazo que contrasta con los que la misma Comunidad de Madrid ofrece para la construcción de centros públicos.

Desde CC OO, su portavoz regional, Isabel Galvín, tampoco se explica la elección de un centro privado con concierto en una localidad que ya tiene uno privado, aunque para edades inferiores. Cree Galvín que es “de dudosa legalidad ceder la parcela a la vez que el concierto” y la duda desaparece cuando se piensa en el beneficio de todos. “Va contra el interés general ceder a cambio de nada a una entidad privada con ánimo de lucro suelo y patrimonio público”, valora, y explica que CC OO estudiará el procedimiento para ver si es necesaria alguna acción judicial.

Contra las políticas educativas

Desde el Ayuntamiento de Torrejón, que cedió el suelo a la Comunidad para que levantara el colegio y que también especificaba en la nota por la que ya en 2016 anunció este acuerdo que el centro sería concertado, avalan que existe esta demanda de un centro de educación especial. “Nos lo han pedido muchas familias”, asegura un portavoz, que sin embargo tampoco es capaz de explicar por qué el centro ha de ser concertado. “Si no lo van a hacer público, tendrá que ser concertado”, explica. ¿Por qué no lo van a hacer público?, se replica. No sabe contestar.

Galvín corrobora que existía tal demanda porque hay, según sus datos, en 2016 había 86 alumnos sin plaza en la localidad que tenían que desplazarse en autobús a otros municipios.

En cualquier caso, afirma Galvín, existía un debate en la localidad sobre si construir un colegio de Infantil y Primaria inclusivo o uno de educación especial, y Comunidad y Ayuntamiento han elegido su modelo contra sus propias declaraciones en favor de la inclusión, contra la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas Con Discapacidad y contra las sentencias que están dictando los juzgados (incluida una del Tribunal Supremo) que obligan a las administraciones a escolarizar a los alumnos en centros ordinarios siempre que sea posible bajo el argumento de llevar los recursos a los alumnos y no llevar los alumnos a los recursos.

La normativa

Esta declaración de intenciones, la certeza de que el centro será concertado sí o sí, como mínimo tropieza con lo que establece la ley respecto a la concesión de conciertos educativos, que especifica que un centro que quiera recibir un concierto debe solicitarlo y la administración estudiar la propuesta.

Así lo establece el Real Decreto 2377/1985 que regula el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, que en su artículo 21 especifica que los centros “presentarán, junto con la solicitud de concierto, una memoria explicativa (…), que será evaluada por la Administración competente”. No hay referencia alguna a concertar unidades de centros nonatos, y mucho menos de concertar todo el centro como tal, algo que no existe.

Pero el pliego de condiciones de la convocatoria es inequívoco. “El adjudicatario asumirá la obligación de construir el centro docente (…), solicitar el régimen de concierto (…) y gestionarlo durante 40 años”. Solicitará el concierto a sabiendas de que lo obtendrá y lo mantendrá (los conciertos se revisan cada ciertos años para ver si siguen cumpliendo las condiciones por las que se concedieron, y son revocables).

Esta operación reportará a la empresa adjudicataria un mínimo de 16 millones de euros solo por el concierto (los salarios de los profesores, etc. los paga aparte la Comunidad), según ha estimado el profesor de Secundaria y activista Enrique García. El centro tendrá, según la convocatoria, un mínimo de ocho unidades (aulas). García calcula que, a falta de conocer detalles, cada unidad reportará unos 50.000 euros anuales, lo cual en 40 años da un total de 16 millones.

“No procede contraprestación”

Tampoco explican desde la Consejería de Educación por qué va a regalar suelo público para construir un colegio privado. El pliego de condiciones lo intenta justificar de alguna manera bajo el argumento de que, como las enseñanzas serán gratuitas por ser un centro concertado (sin abrir el melón de las cuotas “voluntarias”), “la presente concesión se otorga con carácter gratuito, no procediendo contraprestación económica alguna por parte del concesionario a favor de la Comunidad”.

Este método de adjudicación y concesión de terreno público de forma gratuita para la construcción de colegios que luego serían concertados bajo el argumento de que ofrecían un servicio al municipio es exactamente el que utilizaba el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, para cobrar mordidas de un millón de euros por cada centro y que le mandó a prisión, según contó con detalle ABC en su momento.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid presupuestó en sus últimas cuentas 1.012 millones de euros para la escuela concertada para 2018, un 2,26% más que el año anterior y una cantidad mayor de la que dedica a Infantil, Primaria y Secundaria de su propia red de escuelas públicas (917 millones de euros tras una subida del 5%). La escuela concertada se lleva casi uno de cada cuatro euros del presupuesto de la Consejería de Educación (4.663 millones de euros en 2018) y un 5% de todo el dinero del que dispone el Gobierno regional para un año.