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La Comunidad de Madrid destina 4,9 millones a subvenciones y convenios con la Iglesia católica y otras confesiones

Los 4,9 millones no reflejan, ni de lejos, el volumen real de dinero público que recibe la Iglesia: “El grueso está en los colegios concertados o en las residencias”

La Comunidad de Madrid aumenta ligeramente el dinero dedicado a las confesiones religiosas. Los Presupuestos de 2022, los primeros de la era Ayuso, ponen sobre la mesa casi cinco millones de euros para las entidades religiosas en forma de convenios y subvenciones directas. La mayor parte de esos fondos para el próximo ejercicio irán destinados a las actuaciones sobre el patrimonio histórico artístico de la Iglesia. El resto, a la realización de actividades educativas, sociales y aquellas enmarcadas alrededor de los hospitales públicos de la región. Buena parte van a parar a entidades católicas. Sin embargo, también se reserva dinero, aunque mucho menos, para las comunidades evangélicas, judías e islámicas. El montante supone un ligero incremento respecto al de 2019, las últimas cuentas públicas aprobadas. Pero no representa, ni de lejos, todo el volumen de fondos públicos que la región destina a financiar a la Iglesia: “El grueso hay que buscarlo en la educación concertada, las residencias o los hospitales católicos”.

Para el próximo año, el Gobierno madrileño destinará a las confesiones 4,87 millones de euros. Casi tres de cada diez euros –el 28,1%, para ser más exactos– se canalizarán a través de los denominados “convenios con entidades religiosas”. En concreto, 1,37 millones, poco menos de lo que se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, para el centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual: 1,7 millones. Son fondos que, bajo dicho concepto, salen de las consejerías de Familia, Juventud y Política Social y Sanidad. De la primera, 413.372 euros. De la segunda, 960.378 euros, el 70% de todo este dinero. Los desembolsos van en función del hospital. El que más destina a estos convenios en el ámbito sanitario es La Paz, el que cuenta con mayor número de camas. Le siguen el Gregorio Marañón y el Doce de Octubre. El que menos fondos dedicará el próximo ejercicio a la asistencia religiosa en los centros hospitalarios será el José Germain, con 7.800 euros.

El resto del dinero llega a través de distintos departamentos. Y lo hace de forma directa a determinadas entidades. En Política Social, por ejemplo, las cuentas contemplan la concesión de un crédito de 80.000 euros para las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Y otros 60.000 euros para Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita. Ambos desembolsos se enmarcan dentro del programa de acciones contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades, dentro del cual se mantiene congelada en 1,4 millones la partida destinada a la prevención y sensibilización en materia de violencia machista. Ambas congregaciones centran parte de su actividad en las víctimas de trata o mujeres maltratadas. Así, por ejemplo, la segunda de ellas dispone de una red de centros distribuida por toda la geografía española y diferentes proyectos de atención integral, desde ámbito jurídico al psicológico.

Actividades educativas y patrimonio histórico

También en las cuentas de la Consejería de Educación reservan dinero para las confesiones. De todas, es el Arzobispado de Madrid el más beneficiado: 673.105 euros para 2022. El Consejo Evangélico, la Unión de Comunidades Islámicas y la Comunidad Judía ingresarán en el próximo ejercicio 55.596 euros cada una. Algo menos, 24.981 euros, se llevará la Provincia Eclesiástica de Madrid a través de las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza. ¿Y a qué se dedican esos fondos? A la “realización de actividades educativas” durante el próximo año. La del Arzobispado es una aportación que se lleva otorgando desde comienzos de siglo. Y según han insistido en varias ocasiones desde Educación, no es tanto para colegios religiosos sino para otras labores. “Organización de congresos, estudios, bibliografías, formación”, señalaban al diario El Mundo en 2014.

Las últimas partidas se encuentran enmarcadas dentro de Cultura. De hecho, representan cinco de cada diez euros de los que se van en forma de convenios y ayudas directas a las confesiones: 2,49 millones. La práctica totalidad de estos fondos van a parar, de nuevo, a la Provincia Eclesiástica de Madrid. En concreto, la partida que las cuentas públicas recogen de cara al próximo ejercicio para la subvención nominativa de este departamento con la agrupación de diócesis asciende al 2,46 millones de euros. A ello hay que sumar los 30.000 euros que se ponen sobre la mesa, de nuevo, del Consejo Evangélico. “En el 2022, se prevé la firma de un convenio para la protección del patrimonio histórico de titularidad de la Provincia Eclesiástica y otro convenio con el Consejo Evangélico, que incluirá la conservación y restauración de bienes inmuebles muy relevantes en el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid”, explica Cultura

En este sentido, las cuentas regionales recogen planes para restaurar el próximo año la Iglesia del Monasterio de Santa María La Real, ubicado en Pelayos de la Presa, que costará unos 300.000 euros. Los 4,87 millones de euros dedicados directamente a entidades religiosas para el próximo ejercicio suponen un incremento de 400.000 euros respecto al volumen de estas ayudas que se recogía en las cuentas públicas de 2019 –4,47 millones–. Un repunte que es fruto del aumento de dinero alrededor de la subvención nominativa con la Provincia Eclesiástica de Madrid para estas labores de mantenimiento. Frente a los 2,49 millones actuales, hace un par de años esta partida presupuestaria estaba financiada con 2,03 millones.

“Debe correr a cargo de cada entidad religiosa”

A Antonio Gómez Movellán, uno de los fundadores de Europa Laica, no le parece mal que se dediquen fondos públicos a conservar y adecentar el patrimonio histórico de raíz religiosa. Sin embargo, sí que dichos bienes se gestionen privadamente por la Iglesia. “Hay que avanzar hacia una concepción moderna de la protección que se desligue de cualquier pretensión que tenga la Iglesia católica. Máxime, cuando han sido restaurados públicamente”, dice el autor de La iglesia católica y otras religiones en España. De igual modo, rechaza contundentemente que las administraciones financien la asistencia religiosa, por ejemplo, en hospitales o residencias: “Debe correr a cargo de cada entidad religiosa. Por ejemplo, en otros países, en aquellos lugares de los que no se puede salir, como podrían ser también las cárceles, se ceden unos espacios para uso espiritual. Sin embargo, son las entidades las que se encargan de pagar”, cuenta Gómez Movellán al otro lado del teléfono.

En este sentido, el fundador de Europa Laica recuerda que, como se incluye en el Acuerdo Económico con la Santa Sede, “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. En este sentido, asevera que la institución ya recibe fondos a través del IRPF para “el mantenimiento del culto y clero”. Y, aunque el porcentaje de españoles que marcan la casilla ha ido descendiendo, lo cierto es que los ingresos por esta vía no son, para nada, despreciables. En concreto, en el ejercicio de 2019 fueron de 301 millones de euros, según los datos que aporta la última Memoria Anual de Actividades, presentada el pasado mes de mayo. “Por tanto, las administraciones no pueden estar dando más dinero para ese culto“, recalca el también historiador. Sin embargo, reconoce, es algo que está completamente normalizado. 

Los fondos que las entidades religiosas reciben de la administración madrileña en forma de subvenciones nominativas o convenios es, sin embargo, solo la punta del iceberg“El grueso hay que buscarlo en la educación concertada, las residencias o los hospitales católicos”, dice Gómez. Para 2022, las cuentas regionales recogen un desembolso de 1.164,6 millones a conciertos educativos, 111,6 millones más, una subida del 10,6%. De esa cantidad, el fundador de Europa Laica calcula que los centros católicos podrían estar llevándose unos 800 millones. También contemplan un aumento del 23% del dinero destinado a pagar profesores de religión en la educación pública. “Y no nos olvidemos de la tutela de menores, donde una parte importante del dinero se lo llevan entidades religiosas”, apunta Gómez, quien también recalca “la penetración de la Iglesia como factor de poder político”, al que que “acaba influyendo en el interior de la vida política”.

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