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El informe del Defensor del Pueblo, que constata los abusos sexuales ocurridos en el clero, resalta la falta de colaboración de la Iglesia católica
El informe presentado este viernes por el Defensor del Pueblo no cierra, desgraciadamente, la investigación sobre los abusos sexuales ocurridos en el ámbito de la Iglesia católica española durante décadas porque no incluye la plena admisión de responsabilidad por parte de la jerarquía de esta institución ni su compromiso efectivo de poner en marcha los mecanismos necesarios, no solo de reparación por lo ocurrido hasta ahora, sino también, y sobre todo, los recursos de prevención que permitan controlar en el presente y en el futuro hechos parecidos en colegios e instituciones dependientes de la Iglesia católica.
Los periodistas que abrimos esa investigación en el diario El PAÍS, en septiembre de 2018, lo hicimos conscientes de que los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica española estaban muy extendidos, pero eran objeto de una espesa capa de ocultación y silencio. Quisimos ante todo dar voz a las víctimas, que se habían visto maltratadas durante años por la jerarquía eclesiástica y abandonadas en su dolor por una sociedad incapaz de hacer frente a una institución poderosa que se negaba, no solo a reconocer esa realidad, sino, lo más importante, a ponerle realmente coto. Porque lo que descubrió el equipo de periodistas que asumió el paciente trabajo de acumular datos y recoger testimonios fue que la jerarquía de la Iglesia, en la mayoría de los casos, y pese a tener amplia constancia de los abusos e incluso denuncias de familiares, se había limitado a trasladar a los clérigos abusadores, permitiendo incluso, en demasiadas ocasiones, que siguieran ejerciendo la docencia o su ministerio.
