La Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales (APRECE) aboga por un ‘Currículo Integrado’ de Religión Confesional, en el que todo el alumnado no universitario, desde la Educación Infantil hasta la finalización de los Bachilleratos, estudie también la Educación en Valores «con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanas responsables».
Esta es una de las conclusiones de la Asamblea de la Unión APRECE España celebrada este sábado en Albacete, en la que esta asociación ha hecho suyo el documento titulado ‘Libertad religiosa para el bien de todos. Enfoque teológico de los desafíos contemporáneos’, elaborado por la Comisión Teológica Internacional y aprobado por el Papa Francisco, que profundiza sobre la libertad religiosa en el contexto actual, según ha informado en nota de prensa.
En consecuencia con dicho texto, la Asamblea ha concluido no compartir algunas propuestas de «currículos de religión obligatorios», que anuncian otros sindicatos y programas políticos, como solución a las divergencias que surgen dentro de la sociedad, a las enseñanzas de Religión «en la escuela de todos y para todos, que es el sistema educativo público».
De ahí que esta asociación promulgue dicho ‘Currículo Integrado’ de Religión Confesional «con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanas responsables, que sean capaces de asumir los nuevos retos y se comprometan activamente en la construcción de un mundo más justo, inclusivo, equitativo e intercultural, en el que todas sus instituciones y organizaciones sirvan a la dignidad de la persona humana como ser espiritual, relacional y abierto a lo trascendente».
Este ‘Currículo Integrado’, no exclusivo para los creyentes, ha de ofrecer a todo el alumnado y a las familias, que libre y voluntariamente quieran elegirlo para la educación de sus hijos e hijas, como opcional que es, junto con el que solo ofrezca la Educación en Valores, como la otra opción que el sistema educativo ofrece, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de abril de 2018.
QUE IMPERAN LAS NORMAS ESTATALES
Tras precisar que se trata de cuestiones de Estado, por encima de las transferencias sobre Educación de las Comunidades Autónomas, desde APRECE han incidido en la necesidad de que predominen unas normas básicas del Estado, «que superen la reciente explosión de divergencias autonómicas en relación con las enseñanzas de Religión y sus horarios, que también afectan a los horarios de la Educación en Valores, en los que se están viendo involucrados los tribunales de Justicia, ante la ausencia de soluciones de consenso entre el Estado y la Iglesia Católica y las otras confesiones religiosas».
«Las consecuencias de los incumplimientos de los acuerdos vigentes no pueden recaer sobre el profesorado que, como empleados públicos, imparten las enseñanzas de religión confesional y, en particular, del que está pendiente de transferir a las Autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria, sabiendo que en los acuerdos están creadas las Comisiones Mixtas, que tienen la responsabilidad de buscar el consenso ante cualquier duda que surja sobre sus posibles incumplimientos y la correcta interpretación de lo acordado», han defendido desde esta asociación.
De ahí, y «ante las injustas discriminaciones a las que se ven sometidos ya algunos profesores de religión» y que si no se les pone remedio cuanto antes, «puedan verse afectados», que la Asamblea celebrada en Albacete haya hecho un llamamiento a los Gobiernos que «están creando las discriminaciones», a los que les ha pedido que tengan en cuenta la legislación laboral española y comunitaria, para que, con la participación de sus representantes legítimos, busquen siempre soluciones legales, en las que quede de manifiesto, que la Ley es igual para todos.
Ante esto, la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales ha lamentado que «sean profesores de religión los que hagan propuestas que exigen una reforma constitucional o la derogación de los Acuerdos Iglesia-Estado o de los convenios con otras confesiones religiosas, y olvidan que el Estado no puede enseñar religión, porque son únicamente las Iglesias y no el Estado las que pueden determinar el contenido de la Enseñanza a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para impartirlas».
No obstante, han precisado, esto «no impide el acuerdo sobre el Currículo Integrado, ni el que la Administración pública habilite al profesorado de religión para realizar otras actividades educativas en los centros cuando, en casos necesarios, haya que respetar los contratos indefinidos».
De igual modo, ante los resultados electorales de las recientes elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, se han mostrado confiados en que de la nueva composición de las instituciones y organizaciones democráticas del Estado y de sus Comunidades Autónomas, sea la ciudadanía la ganadora de estos procesos electorales. «Y , en nuestro caso, los intereses que representamos sobre las Enseñanzas de Religión confesional y de su Profesorado, los podamos ver mejorados dentro del Estado de Derecho», ha concluido la asociación.