La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, no tendrá en cuenta el informe del secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, en lo que concierne a la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, según el contenido de una respuesta escrita al grupo municipal del PP.
El documento asegura que el gobierno solo se regirá por lo que dictamine, en su momento, la Asesoría Jurídica que es quien tiene las competencias legales sobre la materia. La responsable de este servicio, Mercedes Mayo, tiene encomendado un informe específico sobre esta materia que no ha sido entregado a los responsables del gobierno. Su socio de gobierno, IU, sí que dio cierta categoría al informe, que contenía párrafos calcados a los de un artículo del portavoz de la plataforma laica, Antonio Manuel Rodríguez, y de páginas web tan populares como Wikipedia.
El informe de Lavela tuvo una enorme repercusión como consecuencia de sus planteamientos hasta el punto de que la Mezquita no es de nadie. Según su reflexión, la declaración de Patrimonio de la Humanidad convertía inmediatamente al monumento en un bien propiedad de todos los seres de la Tierra (pasados, presentes y futuros).
Según esa tesis, el Consistorio podía pretender la anulación de la inmatriculación a nombre de la Iglesia pero no la inscripción a su nombre. Ambrosio quita valor al documento al asegurar que se trata de una reflexión del funcionario. Informes previos de la Asesoría Jurídica dicen, sin embargo, que el Consistorio no tiene ninguna opción de poner a su nombre la Mezquita.
Ambrosio contesta al PP que seguirá trabajando para la consecución de la titularidad pública aunque desde un planteamiento de diálogo. Eso ha permitido, dice la respuesta, el cambio de nombre oficial anunciado por el Cabildo. La alcaldesa afirma también que «tiende la mano» para la colaboración en la gestión turística de la institución.
