Dejé aparcado el Programa Electoral del Partido Popular, pues, como era de esperar, elude por completo el tema del laicismo: hay silencios harto locuaces. Me quedé también perplejo al leer en el Programa Electoral 2011 del PSOE (2.6) que “la laicidad del Estado es consustancial a la idea de libertad e igualdad”, ya que, de ser eso cierto, llevamos treinta y tantos años con muy escasa libertad e igualdad.
En efecto, tras los Gobiernos de Suárez, González, Aznar y Zapatero continúa impartiéndose la asignatura de Religión y Moral Católicas en la escuela pública, a lo que hay que añadir sendos Convenios para que las confesiones judía, musulmana y evangélica hagan lo mismo en los centros escolares públicos (amén de sendos capellanes en los hospitales, cuarteles y cárceles del Estado).
Además, el jefe del Estado y las autoridades públicas a escala nacional, autonómica y municipal siguen asistiendo, en razón de sus cargos, a actos de carácter confesional; la SICAR (Santa Iglesia Católica Apostólica Romana) recibe anualmente del erario público más de 10.000 millones de euros; la Guardia Civil, las Fuerzas de Seguridad, la Legión y las Fuerzas Armadas siguen desfilando solemnemente en actos y celebraciones religiosas. Cono remate, símbolos y espacios religiosos proliferan en edificios públicos. Y un largo etcétera más.
Pues bien, el PSOE nos regala en su Programa Electoral el dato sociológico de que “la mayoría de los ciudadanos ama la libertad personal frente a imposiciones religiosas. Aprecian que la laicidad constitucional es una garantía para la libertad individual y un principio que favorece la convivencia de ciudadanos iguales con creencias diversas”.
Sin ofrecer el porcentaje concreto que supone esa “mayoría de los ciudadanos”, insiste en que “en nuestro país junto a un proceso notable de secularización y disminución de la práctica religiosa tradicional se ha producido un incremento cuantitativo y cualitativo de la diversidad religiosa, lo que implica cambios en la vida y en las tradiciones culturales de nuestros pueblos y ciudades y también políticas públicas no exentas de controversia y contradicciones”.
En ningún momento cita, sin embargo, la Constitución Española de 1978 y el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones, pues durante estos últimos ocho años ha ido alimentando progresivamente la confusión entre aconfesionalidad (=ninguna confesión tendrá carácter estatal) y pluriconfesionalidad (=no solo la católica, sino también todas las demás vivirán a costa de los Presupuestos Generales del Estado).
Por eso mismo el PSOE insiste en su Programa en que “la separación entre Estado y confesiones religiosas, es una medida positiva de fomento del pluralismo religioso y de la libertad de no profesar religión alguna”, confundiendo así lo que es el ejercicio de un derecho individual y social que debe ejercerse en el ámbito privado de las instituciones privadas con lo que realmente es esa “separación entre Estado y confesiones religiosas”.
En el fondo, sin embargo, el Programa Electoral 2011 del PSOE muestra algo de coherencia cuando a renglón seguido elude hablar de aconfesionalidad y de Estado laico, proponiendo a cambio la “neutralidad religiosa”, término realmente ambiguo con que quiere describir la presencia de sus representantes institucionales en los “espacios y actos públicos”, pues ello desemboca en que finalmente dichos actos y espacios quedan abiertos a todas las confesiones por igual, en lugar de invitar a que cada confesión celebre sus actos y ocupe sus espacios como desee, siempre que no tengan presencia ni carácter estatal.
EL PSOE se enfunda también el mono de trabajo y se pone a suprimir “los privilegios que se conservan en la legislación hipotecaria en beneficio de la Iglesia Católica”, modificando además el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Ni una palabra de suprimir el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano (con todos los privilegios de la SICAR en materia educativa, económica, fiscal e institucional), o la asignatura de Religión en la escuela pública, o la asistencia de los representantes públicos, en calidad de sus cargos, en actos de culto y celebraciones confesionales (véanse, sin ir más lejos el Ayuntamiento zaragozano o que el alcalde socialista de Toledo Alcalde, en calidad de tal, haya jurado públicamente año tras año defender el dogma católico de la inmaculada concepción).
En los respectivos Programas Electorales de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista (escribo desde Aragón) está recogida gran parte de las reivindicaciones laicistas. No obstante, a título personal (soy gato escaldado), es de esperar que lo prometido y suscrito por tales grupos políticos en sus Programas sea llevado a la práctica y hecho realidad en el momento de la verdad: como botón de muestra, en la toma de posesión de sus cargos municipales y autonómicos, los ediles y diputados de CHA e IU nada hicieron ni objetaron ante la presencia de símbolos confesionales en la mesa y en la sala, ni tampoco manifiestan actualmente su disconformidad en cada Pleno Municipal con la presencia del ya archifamoso crucifijo, cuya presencia vinculó con su propio cargo el actual Alcalde de Zaragoza, J.A. Belloch, al que directa e indirectamente apoyan en el gobierno municipal.
Antonio Aramayona es profesor de filosofía. Miembro de Europa Laica
