Justicia se desliga de una inmatriculación ‘ocultada’

El ministerio dice no ser competente pero avala al registrador denunciado. Los laicistas de MHUEL reclamaron por la falta de datos de la iglesia de San Pablo

El Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia que actúe ante la ocultación que, a su juicio, llevó a cabo un registrador de la propiedad zaragozano sobre la inmatriculación de la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Los laicistas aragoneses consideran insólita la respuesta del organismo que dirige Rafael Catalá, sobre todo porque dice que no es competente en este asunto y al mismo tiempo avala la actuación del funcionario.

El asunto que ahora, ante la nueva queja, vuelve a tener sobre la mesa el ministerio se remonta a junio del 2015, cuando la letrada de MHUEL, que lleva años indagando el asunto de las inmatriculaciones eclesiásticas –la inscripción de inmuebles a nombre de la Iglesia, posibilitada tras una reforma legal del Gobierno de José María Aznar–, consultó en el registro de la propiedad correspondiente sobre la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Preguntó entonces como dirección por la calle San Pablo, 42, una de las varias direcciones en las que aparece ubicado el templo en informaciones municipales.

En aquella ocasión el registrador les contestó que no constaba en el libro ninguna iglesia de San Pablo. Pero tras una nueva consulta, en abril del 2017, el registrador respondió que sí había una iglesia parroquial de San Pablo Apóstol, en la calle San Pablo, sin número, inmatriculada por el Arzobispado de Zaragoza en 1987, uniéndose así a otros templos hechos suyos oficialmente por la Iglesia como la Seo, Santiago el Mayor, La Magdalena o San Juan de los Panetes.

La asociación entendió que hubo una ocultación a propósito, ya que si bien es cierto que no aportaron el nombre completo ni la dirección exacta (porque los desconocían), la ley del registro explicita que no hay por qué facilitarlos si no se conocen.

Con tal motivo denunciaron ante el registro central, dependiente del ministerio, al funcionario. Tras no obtener respuesta durante meses y quejarse por ello, finalmente Justicia respondió en un escueto informe, en el que dice que «esta dirección considera no ser de su competencia la cuestión (…), solo se manifiesta una presunta ocultación».

Pero a la vez, argumenta que «de los documentos aportados», resulta «con claridad» que se aportaron datos distintos en las dos solicitudes (primero una nota simple, luego una certificación), por lo que no ve anomalía en la actuación del registrador. MHUEL solicita ahora que clarifique si ha habido investigación –que no debería, si no es competente– y quién la ha instruido.

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